por Lorena Guarino
18 Agosto de 2016 17:34
La Corte Suprema hizo hincapié hoy en la necesidad de que el Congreso designe un Defensor del Pueblo, un puesto que se encuentra desierto desde hace siete años.
El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actúa con plena autonomía funcional y sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
Desde 2009 el Congreso no designa a un Defensor del Pueblo.
El último Defensor fue Eduardo Mondino, quien en 2009 renunció al cargo para presentarse como candidatos a senador nacional por la provincia de Córdoba.
Luego de ello quedaron al mando los defensores adjuntos Anselmo Sella y Juan Minguez hasta que caducaron sus cargos en 2013.
Juan Minguez le sucedió a Eduardo Mondino.
El defensor del Pueblo es una figura que debe ser elegida por una comisión bicameral permanente formada a tal fin con siete senadores y siete diputados. El postulante debe ser aprobado por el 66% de las dos cámaras. Sin embargo, no es una obligación de las cámaras reunirse y nombrar esta figura.
"El problema es que ningún gobierno quiere un órgano que lo controle, por eso es tan complicado reunir los dos tercios que se necesitan de las dos cámaras", indican fuentes cercanas a la Defensoría del Pueblo de la Nación. "Casi siempre un ombudsman va a estar relacionado con alguna fuerza política".
Los Gobiernos son reticentes a la figura de control que defiende el interés de los ciudadanos.
Actualmente ya hay algunos nombres que circulan como postulantes, entre ellos se encuentra el del justicialista Humberto Roggero, así como candidatos del massismo y radicalismo. Si la decisión de designar un defensor del pueblo se efectiviza, su designación no podría llevar más de tres semanas.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda frenaron hoy la suba de las tarifas del gas y coincidieron en señalar la necesidad de un representante para la Defensoría del Pueblo.
Los cuatro jueces de la Corte dieron marcha atrás con la suba del gas.
Si en octubre, tal cual lo dispuesto por la Corte Suprema, se lleva a cabo la audiencia pública para tratar el cuadro tarifario propuesto por el Gobierno, el nuevo ombudsman deberá presentarse también.
¿De qué se encarga un Defensor del Pueblo?
De la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración.
Del control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.
El Defensor del Pueblo está facultado para realizar investigaciones, inspecciones, verificaciones, solicitar expedientes, informes y documentos, entre otros.
Puede proponer al Poder Legislativo y a la Administración Pública la modificación de aquellas normas cuyo cumplimiento riguroso pueda provocar situaciones injustas o perjudiciales.
Tiene la atribución de investigar, criticar, opinar y recibir denuncias, requiriendo para todo esto la colaboración de los órganos del poder.
Puede hacer uso de su legitimación procesal para demandar ante organismos jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus facultades.
La Defensoría tiende, precisamente, a evitar los costos y las dilaciones que suponen los procesos judiciales.
La Defensoría del Pueblo contempla cualquier forma de discriminación, inconvenientes con los servicios públicos, violaciones a los Derechos Humanos, seguridad social y empleo, maltrato y mala atención en hospitales públicos, contaminación ambiental, aumentos de impuestos y tarifas, desaparición forzada de personas y corrupción en la función pública, entre otros.
