La defensa de la ex presidenta y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, pidió hoy que se posponga el inicio del juicio oral en su contra por el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz para favorecer al empresario Lázaro Báez.
La familia de la ex presidente y el empresario tienen una relación de larga data.
El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, solicitó una prórroga hasta que se termine de realizar una pericita contable a cargo del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema. En teoría ese informe estaría listo para el 26 de febrero. Sin embargo, fuentes judiciales adelantaron que de no estar completo se demorará el inicio del juicio oral.
El abogado de Fernández de Kirchner presentó el viernes el pedido para posponer el inicio del juicio.
Lo que buscan determinar los peritos es si efectivamente hubo un sobreprecio en las obras que se le otorgaron a Austral Construcciones. La causa se inició luego de un informe de Vialidad Nacional que mandó a hacer el ex titular de dicha dependencia, Javier Iguacel, en donde se comprobó que de 83 obras en esa provincia Austral tenía 5,1 de las cuales en 26 no había prácticamente avances. A eso se la suma que mientras el resto de los contratistas debían esperar hasta 231 días, en promedio, para que se le paguen los certificados de obras la empresa de Báez disponía de los fondos en 60 días.
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En la auditoría que realizó Vialidad Nacional se sostiene que Austral recibió ampliaciones de precios de forma sistemática lo que llevó a que en promedio cada obra se le pagará 2,6 veces más de lo que se había presupuestado en un principio. La comparación con el resto de las empresas constructoras aumenta aún más la sospecha. Entre 2012 y 2015 Báez recibió $3.857.921.557,49 mientras que el resto de las nueve empresas en total contabilizaron en ese mismo período $1.648.362.588,22 es decir casi 1/3 de lo que cobró Austral.