08 Junio de 2016 14:39
Por ley, los jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales contarán con una devolución de un porcentual del IVA. El proyecto que pone en vigencia la medida fue aprobado esta tarde por el Senado.
El Senado en plena votación de la ley.
Así, del total del 21% de IVA pagado, un 15% será recuperado por los beneficiarios en las compras que se realicen con las tarjetas de débito asociadas a las cuentas bancarias en las que perciben sus haberes.
En principio, esto representa un conflicto para muchos trabajadores que no poseen acceso a este medio de pago. Los pequeños comercios y los supermercados chinos, por otra parte, lograrán acceder gracias a esta ley al uso sin costo del sistema Posnet durante dos años.
Cada una de las personas beneficiadas por la medida podrá ver reintegrado un tope de 300 pesos por mes, el cual se aplicará para el consumo de los productos de la canasta básica de alimentos y será actualizado cada seis meses.
A favor y en contra
Juan Manuel Abal Medina se mostró satisfecho con la medida.
Durante la sesión en la que se aprobó la ley, Juan Manuel Abal Medina, senador por el Frente para la Victoria, opinó que la medida "permitirá bajar la presión tributaria a los sectores más vulnerables y transitar un camino a un régimen impositivo más progresivo".
Por su parte, el chaqueño Ángel Rozas se sumó al beneplácito describiéndo la devolución del IVA como "un acto de estricta justicia social".
Sin embargo, la ley también recibió críticas centradas en las personas que quedarán afuera del beneficio por cuestiones de infraestructura. "Hay localidades enteras sin servicio de telefonía. Los humildes más humildes, los discriminados más discriminados, no van a acceder a este beneficio", expresó al respecto el chubutense Alfredo Luenzo.
Para Miguel Ángel Pichetto, la ley le quitará dinero de la coparticipación a las provincias.
Otra cuestión que generó debate fue el hecho de que el IVA es un impuesto coparticipable entre la Nación y las provincias, que recibirán menos dinero a raíz de la implementación de la medida. "Será motivo seguramente de controversia judicial", opinó Miguel Ángel Pichetto, senador por Río Negro, mientras que el puntano Adolfo Rodríguez Saá se quejó de que "no ha habido ninguna reunión de gobernadores con el Presidente para tratar este tema".
"En todo caso recurriremos a la Corte Suprema y nos devolverán nuestra parte como tuvieron que hacer en otros casos", agrega Rodríguez Saá
- Senado Argentina (@SenadoArgentina)
En ese sentido, el Gobierno calcula que el costo fiscal de la medida sería de alrededor de 22.000 millones de pesos por año. Los bloques opositores solicitaron, así, que sea absorbido por el Tesoro para no afectar a las provincias.
