13 Diciembre de 2017 10:25
Pasaron seis días desde que el juez federal Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner y, además, solicitó su desafuero inmediato y la prisión preventiva. Ahora, la ex presidenta apeló la medida a través de su abogado Alejandro Rúa y le reclamó la revisión a la Cámara Federal. Además, apeló el embargo por 50 millones de pesos.
La misma estrategia fue utilizada por el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche y Jorge Khalil, el supuesto representante iraní en la Argentina; ambos detenidos la semana pasada por la causa que investiga un presunto encubrimiento en la investigación por el atentado a la AMIA.
Se trata de la causa que investiga la denuncia presentada por el fiscal de la UFI AMIA, Alberto Nisman, antes de ser hallado sin vida en su departamento de las Torres Le Parc en enero de 2015. Bonadio ordenó la detención del ex líder piquetero, Luis D'Elía, el supuesto nexo con Irán, Khalil, el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, el ex canciller Héctor Timerman, a quien benefició con prisión domiciliaria por su delicado estado de salud, y de Cristina Fernández de Kirchner, quien cuenta con la protección de los fueros parlamentarios.
Carlos Zannini fue el primero de los ex funcionarios en quedar detenidos por esta causa, el jueves pasado.
La ex mandataria solicitó a la Cámara que revea el fallo de Bonadio, quien acusó de encubrimiento y traición a la Patria en la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, aprobado por el Congreso en 2013. El magistrado entendió que Cristina y sus colaboradores concretaron un pacto para exculparlo del atentado a la mutual judía en el que murieron 85 personas el 18 de julio de 1994, al que consideró un “acto de guerra”. Además, dictó millonarios embargos que ascienden, en la mayoría de los casos, a los $50 millones de pesos.
Tras la presentación realizada por la defensa de la ex jefa de Estado, ahora será la Cámara Federal la que deberá resolver si confirma o rechaza el procesamiento ordenado por el juez Bonadio el jueves pasado, horas después de que Cristina jurara como senadora nacional.
Horas después de que Bonadio la procesara y ordenara su detención, la defensa de la ex mandataria había anticipado que no apelaría el procesamiento, aunque sí presentaría un recurso ante la Cámara para que revise la prisión preventiva, ya que consideran que eso afecta sus “derechos políticos”. La estrategia judicial que comandan Rúa y Graciana Peñafort - quienes también defienden a Timerman - apunta a llegar rápido al juicio oral para “demostrarle al juez que no interferimos ninguna investigación”.
De hecho, en esa línea también se expresó Timerman en las últimas horas, cuando pidió que el caso llegue al juicio lo antes posible: "Tengo el derecho de que si yo fallezco antes de lo que quisiese ya habrá habido un juicio".
