“Estamos firmando cosas que a todos nos van a generar una causa judicial posiblemente”. Con esa frase. un ministro nacional remarcó el estado de situación que se vive por estas horas en la Casa Rosada y que es extensible a provincias y municipios. La emergencia económica no sólo elimina la excusa de “no llegamos a tiempo” sino que también generó, según le explicaron funcionarios de diferentes jurisdicciones a BigBang, una situación simular a una proceso devaluatorio: ausencia de precios.
Tanto en la compra de alimentos, que se suspendió y todavía no se sabe cómo se hará, que realizó el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, como en la de alcohol en gel que hizo el PAMI, cuya titular es la camporista Luana Volnovich, fueron los propios funcionarios los que admitieron los sobreprecios en los respectivos productos. La explicación que dieron es que nadie le quiere vender hoy en día al Estado. En la Ciudad una licitación que se inició ayer también para adquirir alcohol en gel disparó todas las alarmas por el monto total y el precio máximo que fijo el ministerio de Desarrollo Social porteño que conduce María Migliore.
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“Hoy no tenes precio de nada, por eso las compras son por montos altos”, le dijo a BigBang una calificada fuente gubernamental experimentada en los procesos de compra. Por ese motivo, en las compras a futuro los precios de referenciar van a varias y es posible, ya anticipan, que incluso se vean valores diferentes para compras separadas por poco espacio temporal.
“Acá no hay tiempo para formalidades, si no avanzás podés llegar a tener gente que se muera. Es el punto de una emergencia”, agregó un secretario de Estado. Un dato no menor es que desde esta semana el Gobierno Nacional ya dejó de distribuir alimentos en los lugares más necesitados, según pudo saber BigBang. Por ahora la situación se encuentra contenida por el esfuerzo en conjunto entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.
El debate de fondo por estas horas es ver cómo Desarrollo Social vuelve a articular esa situación. Una de las opciones que más espacio gana por ahora es que se le transfiera dinero a las organizaciones sociales y sean ellas las que vayan a comprar alimento para distribuir. Eso es algo que el propio Arroyo buscó evitar desde el principio, pero el escándalo de la compra millonaria habría forzado su mano.
“En este momento no pod+es firmar pensando en que podes tener un inconveniente a futuro. Tenés que resolver problemas como sea”, agregó un ministro provincial. La certeza por estas horas es que cualquier compra, adquisición o licitación que lleve adelante cualquier administración es plausible de judicialización a futuro.
“Los organismos de control son hiper necesarios. Pero son técnicos que no tienen en cuenta, a la hora del precio que sugieren, la velocidad de entrega, la situación del mercardo, los costos de logística, que el proveedor en el mejor de los casos cobra a 180 días. Ahí es cuando pierden noción de la situación real”, explicó un ex funcionario provincial que sigue siendo de consulta permanente por algunos ministros porteños.