La denuncia contra la vicepresidenta Gabriela Michetti para que se investigue el origen del dinero que fue robado en su casa el año pasado, por lo cual hay un ex custodio procesado, comienza a tomar cuerpo, luego de que el viernes último el fiscal Guillermo Marijuan imputara a la titular de la Cámara de Senadores.
El abogado dio origen a la causa, Leonardo Martínez Herrero, presentó una ampliación de la denuncia, que le entregó hoy al juez federal Ariel Lijo, en la que pone el foco sobre la actividad de la Fundación Suma, encabezada por la vicepresidenta.
Michetti había dicho públicamente que el dinero robado en su casa pertenecía una parte a la fundación y otra parte era un préstamo de su pareja, Juan Martín Tonelli, quien supuestamente le había facilitado 50.000 dólares para pagar una maestría en el extranjero a uno de sus hijos, pese a que no habría terminado la carrera de grado.
La vicepresidenta dijo que tenía $200.000 que le habían donado en efectivo para SUMA. Y que además le habían robado otros $45.000 que tenía para pagar unos arreglos en su domicilio.
En el escrito que presentó hoy, el abogado adjuntó el "informe de transparencia" de SUMA, que indica que en 2014 "se abonaron sueldos por 165 mil pesos pero no tenían ningún empleado registrado conforme surge de la constancia de la AFIP" presentada como prueba.
Martínez Herrero añadió que sólo a fines de julio SUMA se registró como "empleador", por lo que consideró que "mal pudieron haber abonado sueldos de trabajadores que no existieron, o de haber existido estaban completamente en negro".
El denunciante adjuntó al expediente una investigación periodística, de la que se desprende que SUMA "no ha presentado balances en la Inspección General de Justicia, recién se ha inscripto como empleadora ante la AFIP con posterioridad a la denuncia promovida" y que ni Michetti, ni la fundación, pudieron "ser sometidas a controles por parte del Estado".
Ello, porque "no han dado cumplimiento a la resolución UIF 30/11", que fija "las medidas y procedimientos que las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo".
El informe consigna, además, la lista de empresas que figuran como aportantes de dinero a SUMA y "las pautas que recibiera la pareja de la vicepresidenta, Juan Martín Tonelli Banfi, por parte del Gobierno de la Ciudad, por dos millones de pesos, pudiendo llegar dicha operatoria a ser la financiación espuria del partido político o al menos del movimiento o interna que encabeza la licenciada Michetti".
El robo, denunciado oportunamente por la vicepresidenta, se produjo en la noche del 22 de noviembre, justo cuando se realizó la segunda vuelta de las elecciones que consagró a la fórmula de Cambiemos para llegar a la titularidad del Poder Ejecutivo.
Cuando el abogado Martínez Herrero fue llamado a ratificar su denuncia, el 8 de agosto último, sostuvo que la resolución 3166/11 de la AFIP el dinero que recibió SUMA (los 200 mil pesos referidos por Michetti) debería estar bancarizado “por lo tanto me pregunto quién lo aportó y porque estaba en el domicilio de la denunciada”.
También señaló la contradicción entre las declaraciones de Michetti. Ya que si bien dijo públicamente que los 200 mil pesos se lo habían llevado empleados de la fundación a su casa, en la causa por la que se investiga el robo sostuvo que se lo había llevado su pareja. También sostuvo que los 50.000 dólares que supuestamente le prestó su Tonelli no figuraban en su declaración jurada. Y consignó que la empleada que trabaja en la casa de la vicepresidenta declaró que siempre guardaban y tenían dinero en bolsos.
El abogado sostuvo que deberían investigarse las donaciones a la fundación SUMA y mencionó específicamente “la empresa Farallón del señor Gutiérrez, que se dedica a la obra pública”.
Gutiérrez está imputado en la causa en la que se investiga al ex secretario de Obras Públicas José López. Para la fiscalía, Gutiérrez era un testaferro de López.