El ex líder de la CGT, Hugo Moyano, fue imputado por fraude contra el club de Independiente por el juez Gabriel Vitale, en un entramado que incluye a su hijo Pablo, el sindicalista y vicepresidente de “El Rojo”, por presuntas irregularidades en la reventa de entradas para partidos de fútbol, que incluiría además a otros dirigentes de la institución de Avellaneda.
Hugo y Pablo Moyano - presidente y vice de Independiente - quedaron en el ojo de la tormenta tras el testimonio del barra Pablo “Bebote” Álvarez, detenido meses atrás, que los señaló como los responsables en un llamativo esquema de corrupción puertas adentro del club. El barra aseguró que existen 2.000 carnets de socios dentro de la barrabrava, y que no eran abonados por los propios barras, sino que los hacía pasar como abonados en la contabilidad, sin que circulara dinero.
La notificación les llegó ayer a los Moyano. La investigación es por presunto fraude.
Además de apuntar a los Moyano, “Bebote” y su hombre de confianza, Damián Langaronne, apuntaron a Héctor “Yoyo” Maldonado, también dirigente del club, como el hombre que manejaba los vínculos entre la dirigencia y los barras. Los Moyano y Maldonado habrían defraudado en varios millones de pesos a la institución, mediante un complejo sistema de reventa de entradas que se habría puesto en marcha durante los partidos ante Libertad de Paraguay y Flamengo.
La fiscal del caso, Viviana Giorgi, solicitó el llamado a indagatoria y procesó a Maldonado, aunque sin prisión preventiva. Según reveló el periodista Gustavo Grabia, la fiscal primero quería saber cuántas entradas se habían vendido en esos dos partidos: en total fueron 29 mil por cada encuentro, aunque de acuerdo a las imágenes del estadio Libertadores de América se estima que ingresaron entre 52 mil y 53 mil hinchas. Por eso, se cree que existió una reventa masiva de entradas que se encontraban en manos de la barra.
El resultado de los análisis sobre las máquinas de acceso al estadio de Independiente se espera para mediados de febrero, en una pericia que será clave para Hugo y Pablo Moyano, que podrían ser citados a indagatoria y luego procesados en un complejo expediente.
Antes de la imputación, ayer Pablo Moyano llamó a una marcha para el 22 de febrero.
La imputación llega en un momento clave entre la relación de Moyano con el Gobierno. Ayer, horas antes de conocerse la imputación, Pablo había lanzado la convocatoria a una marcha el 22 de febrero al centro porteño con el objetivo de reclamar por la defensa del convenio colectivo de trabajo de Camioneros y la “preservación del empleo y mejoras salariales”.
Esta semana además Hugo quedó bajo la lupa judicial en una causa por presunto lavado de dinero en la compra de dos propiedades en Parque Leloir, que se suma al expediente por supuestas irregularidades en OCA, por presunta evasión y lavado de $4.000 millones.
Sin embargo, semanas atrás los Moyano parecieron activar una “tregua” con el Gobierno, que incluyó un acto compartido con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al inaugurar un sanatorio en el barrio de Caballito.