Mucho antes de que la palabra coronavirus apareciera en los buscadores de internet, la situación en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires ya era explosiva debido a la sobrepoblación y a las pésimas condiciones de encierro. La entrada de la enfermedad en esos ámbitos agravó aún más la situación y el pronóstico es incierto sobre la propagación del virus.
Para evitar que la enfermedad se propague en los presidios, diversos tribunales -cómo ocurre en todo el mundo- decidieron ordenar el arresto domiciliario de algunos detenidos considerados de riesgo y que estaban acusados por delitos menores.
De todos modos, fueron excarcelados por los jueces algunos condenados por delitos graves y buena parte de los medios hegemónicos salieron a decir que había un plan del Gobierno para vaciar las cárceles. Nada más alejado de la realidad.
Durante los últimos años se incrementó en forma notable el número de personas detenidas en el territorio bonaerense, gracias al encarcelamiento masivo de pequeños vendedores de drogas, advierte el fiscal del fuero penal de Mar del Plata, Guillermo Nicora.
“Este es un problema que tiene varios años de arrastre. El sistema penitenciario en general y el de la provincia de Buenos Aires en especial están en una situación de colapso tremendo. Hace por lo menos cuatro o cinco años que estamos con un crecimiento imparable a partir sobre todo de políticas de persecución de consumidores de estupefacientes y pequeños vendedores barriales”, advierte Nicora, que además es responsable del área de cárceles del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
“La tasa de prisionización (la medida internacional con que se evalúa esto) en la provincia de Buenos Aires es de 300 personas cada cien mil habitantes cuando el promedio nacional es de 194. O sea hay casi un cincuenta por ciento más de presos por habitante en la provincia de Buenos Aires que en el resto del país”, explica Nicora durante un reportaje en el programa Crimen y Ficción.
“Esto hace que un un sistema penitenciario que ya estaba colapsado y mal atendido, mal encarado desde el punto de vista presupuestario y desde un punto de vista jurídico, tanto que en octubre del año pasado la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires había publicado un documento con preocupaciones muy serias y en diciembre la Suprema Corte de la provincia había pedido a los jueces que hicieran algo porque la situación era insostenible. A esto se suma el coronavirus”, enumera el fiscal de Mar del Plata.
“Las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires han evidenciado una grave crisis humanitaria que se encuentra en escalado aumento. La fuente de esta realidad se vincula seriamente con un fuerte incremento del encarcelamiento”, advertía en octubre el documento del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, varios meses antes de que se hubiera declarado el primer caso de coronavirus en China.
“Los niveles de sobrepoblación son preocupantes, derivando de ello peligrosas condiciones de hacinamiento que no solo inciden en la imposibilidad de prestar asistencia básica y ambientes dignos, sino que atentan contra la integridad física de los detenidos y el personal que los custodia”, agrega el texto del tribunal.
En condiciones de hacinamiento, es imposible mantener la distancia requerida para evitar los contagios. Según Nicora hay cárceles donde hay cuatro detenidos por celda, que estaban diseñadas para alojar a una persona, y se tiene que turnar para dormir porque no hay camas ni colchones suficientes. La intención de evitar que el coronavirus se propague en las cárceles no sólo es por cuestiones humanitarias: busca evitar que se contagien miles de presos que deberían ser atendidos en los hospitales, lo que provocaría el colapso del sistema sanitario.
El documento del Tribunal de Casación recuerda que “la ley nacional 26.052, que modifica a la ley 23.737, conocida como la “Ley de Narcomenudeo”, a la que la Provincia de Buenos Aires adhirió mediante ley 13.392 desde diciembre de 2005, suscitó el encarcelamiento masivo de consumidores y pequeños comerciantes, incrementando exponencialmente la población carcelaria fundamentalmente femenina”.
La capacidad de alojamiento del sistema penitenciario en territorio bonaerense, según datos del Ministerio de Justicia, es de 28.810, personas que son cuidadas por unos 24 mil agentes. Ese número fue el que se mantuvo en forma más o menos estable, hasta que las cárceles se superpoblaron al calor de leyes cada vez más severas y por mayores restricciones al momento de otorgar libertades. El número de detenidos en Buenos Aires hoy ronda las 50 mil personas: la mitad de todos los detenidos del país.
Y encima de cárceles superpobladas, su estado en buena parte de los alojamientos es lamentable. “Se registra en forma sostenida precariedad en el suministro de energía eléctrica, dificultades en provisión de gas y agua, la presencia de rejas y puertas inutilizadas o vetustas, falta de colocación de vidrios en las ventanas, pabellones clausurados, sistemas cloacales deficientes con la consecuente emanación de gases por roturas de caños, faltante de colchones, presencia de roedores e inconvenientes para la recolección de residuos. Del mismo modo se marcó la falta de insumos básicos en los centros de salud instaurados dentro de las unidades”, advierte Casación.
La resolución de la Corte
Este panorama fue recibido por los jueces de la Suprema Corte bonaerense, quienes el 11 de diciembre de 2019 -semanas antes de que comenzara el coronavirus- firmaron una resolución de 12 artículos en las que ordenan algunas medidas y sugieren diferentes acciones para enfrentar la gravedad de la situación en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires.
El último artículo propone la creación de una mesa de diálogo integrada por las autoridades provinciales, representantes de organismos de defensa de los derechos humanos y demás entendidos en la materia para buscar una solución integral a una problemática que excede al ámbito judicial.
Pero también advierte sobre un uso racional de la prisión preventiva, la aplicación además de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, el sistema de monitoreo electrónico.También recomienda firmar convenios con otras jurisdicciones para derivar algunos detenidos a otras jurisdicciones que tengan plazas disponibles.
"Jamás escuché de la existencia de un plan para liberar presos"
En esa línea se inscribe entonces el planteo de Julio Conte Grand, jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, designado por María Eugenia Vidal, para semanas atrás pedir el arresto domiciliario de detenidos considerados de riesgo de contraer el coronavirus acusados por delitos leves.
"Jamás escuché de la existencia de un plan para liberar presos", sostuvo el procurador bonaerense, que antes de ocupar su cargo actual fue funcionario del gobierno provincial de Cambiemos. Pero los medios hegemónicos no se ocuparon por contar esta parte de la historia, urgidos cómo están de generar audiencias a partir del miedo y el espanto.