A un día de haber sido designada como directora de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori conversó con BigBang y analizó cuáles son los principales desafíos de los que deberá hacerse cargo en los próximos seis meses. Anticipó que busca modernizar el organismo que, según afirmó, “todavía no llegó al Siglo XXI”. Además, reveló la orden que le dieron el presidente Alberto Fernández y la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Por qué cree que podrían aumentar los delitos una vez que finalice la cuarentena.
La intervención del Servicio Penitenciario Federal fue dispuesta por el presidente esta semana y la anunció durante una entrevista con Gustavo Sylvestre por Radio 10. La decisión surge al tiempo que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, investiga una red de espionaje conjunta entre ex espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y agentes de inteligencia del Servicio Penitenciario, durante la gestión de Mauricio Macri. La sospecha es que se instalaron micrófonos en las celdas de los pabellones del penal de Ezeiza donde se encontraban detenidos varios de los “presos K”, entre ellos Amado Boudou, Roberto Baratta, Luis D'Elía y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
Para Garrigós de Rébori, la causa por espionaje dentro del Servicio Penitenciario Federal no es el principal desafío que deberá afrontar. “El mayor problema es que el Servicio no llegó al Siglo XXI en ningún sentido: ni burocráticamente, ni administrativamente, ni en el tratamiento de las personas que están detenidas”, sostuvo a BigBang este viernes, en su primer día como interventora. El jueves fue oficializada en el cargo y se reunió con Alberto y Losardo, que la pusieron al tanto de la denuncia por supuesto espionaje en la cárcel de Ezeiza.
Garrigós de Rébori, además de haber sido jueza de la Cámara de Casación Penal de la Ciudad - se jubiló en 2018 - fue una de las fundadoras de la agrupación Justicia Legítima. Íntima amiga de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, fue muy crítica de la gestión de Mauricio Macri en materia judicial, pero también de un sector del Poder Judicial. Durante abril y mayo, en plena pandemia de coronavirus, defendió la decisión de avanzar con prisiones domiciliarias de presos que hubieran cometido delitos no graves, con el objetivo de evitar un contagio masivo en las prisiones.
-¿Cómo fue la reunión con Alberto Fernández y la ministra Marcela Losardo?
Estoy emocionada, es una propuesta desafiante y me tomó por sorpresa. No me lo esperaba, uno no le dice que no al presidente de la nación en una situación así, sobre todo para mí, que trabajé en el ámbito penal toda la vida. El Servicio Penitenciario, si bien no es parte de tribunales, es la consecuencia lógica e inevitable en muchos casos. Siempre estuve vinculada a estos temas.
¿Cuál es el principal desafío que tenés en un contexto donde el Servicio Penitenciario Federal quedó en el centro de la escena a partir de denuncias por espionaje ilegal, pero también por las condiciones de detención de los presos?
Ese no es el principal desafío, ojo. Esa es una anomalía encriptada que puede solucionarse. Va a tener solución de camino en la causa penal que está tramitando. Esto no ocurrió sólo en el Servicio Penitenciario Federal, en varias reparticiones del Estado pasó más o menos lo mismo, en línea con lo que plantea la interventora de la AFI. Se va a solucionar por las vías normales: el juez Villena está haciendo su trabajo, el Servicio va a poner a disposición del juez Villena lo que requiera y cada vez que pida algo lo va a tener de forma inmediata, es lo que corresponde a una administración pública.
El mayor problema del Servicio Penitenciario Federal es que no llegó al Siglo XXI en todo sentido: ni burocráticamente, ni administrativamente, ni en el tratamiento de las personas detenidas: hay que trabajar favoreciendo una mejor vida del Servicio Penitenciario para ellos y sus familias, porque cuando una persona está detenida, toda la familia está en duelo. Hay que trabajar en todo eso, hay que involucrar a la comunidad, lo que ocurrió recientemente con la propuesta de arrestos domiciliarios para paliar los problemas de la pandemia y el rechazo y las marchas y la idea de que “se pudran en la cárcel y se mueran” no puede ser, la comunidad se tiene que hacer cargo de sus presos, porque si no qué hace, ¿los mata? No se puede, es una locura, sería inconstitucional, tenemos un sistema de derecho que no nos permite andar matando a la gente, hay que recuperarlos y asumirlos como parte nuestra ofreciéndole una posibilidad de cambio de vida y que sean útiles para la sociedad, porque si no estamos desperdiciando vidas.
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¿Vas a trabajar con el Poder Judicial para que las personas que podrían cumplir arresto domiciliario, ya sea por razones de salud o porque su situación penal lo amerita, puedan continuar la pena en sus hogares?Eso depende del Poder Judicial, que pide informes que son elevados a los jueces de ejecución de la pena. La decisión es de la Justicia. El Servicio Penitenciario no maneja quién entra ni quién sale, depende del Poder Judicial.
-Fuiste una de las fundadoras de la agrupación Justicia Legítima y eso te valió muchas críticas en los últimos días. ¿Qué respondés?
Que es estrictamente cierto (risas). No creo que se pueda considerar un ataque hacia mi persona, yo estoy muy orgullosa de mi tarea en Justicia Legítima y de la existencia de una organización que se ha dedicado a cuidar críticamente al Poder Judicial, no como chusmerío, sino desde varios puntos de vista, no sólo del Derecho, también de lo que implica el servicio de Justicia, la atención del ciudadano, las necesidades de las personas cuando se presentan ante un poder del Estado reclamando que le respeten sus derechos. Esta visión crítica nos hace ver que el Poder Judicial también está atrasado, y por eso trabajamos desde Justicia Legítima con la pretensión de encontrar soluciones a este atraso, a esta falta de empatía con la situación social en la que nos estamos insertando. Si esto es una crítica, lo tomo como un halago.
¿Pudiste conversar con Losardo y Alberto sobre la causa por espionaje que investiga el juez Villena?
Sí, por supuesto, me pusieron al tanto. Yo vengo del Poder Judicial y conozco al Doctor Villena porque hemos trabajado juntos. En todo momento la ministra me hizo saber que cualquier requerimiento de Villena el ministerio estaba a disposición.
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¿Qué pensaste cuando te enteraste de la causa por espionaje en el penal de Ezeiza?Lo mismo que podría haber pensado de la causa de Dolores del doctor (Alejo) Ramos Padilla (se refiere al expediente que investiga una red de espionaje ilegal por la que se encuentran presos el falso abogado Marcelo D'Alessio y varios ex agentes de inteligencia), qué barbaridad, qué desprecio por la función pública, la alta encomienda que se les otorga. Quien llega al poder para favorecerse personalmente nos defrauda a todos, pero además defrauda a los dineros del Estado.
¿MÁS PRESOS POST-PANDEMIA?
La flamante titular del Servicio Penitenciario contó además que ya mantuvo conversaciones con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y anticipó que luego de la pandemia se podría agudizar una situación social compleja, con un “pico de delitos” como robos, producto de la crisis económica que quedará una vez que finalice la cuarentena. En este aspecto, no descartó que esa situación pueda generar un incremento de la población carcelaria.Esto ocurrirá, según prevé, por dos razones: en primer lugar, porque durante la cuarentena bajaron los delitos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires; y en segunda instancia porque por la pandemia y ante el temor de contagios masivos en prisiones, hubo una reducción importante de la población carcelaria en los últimos meses, pero una vez que pase el peligro, habrá un aumento en la cantidad de detenidos.