La jueza Patricia López Vergara, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, quien prohibió a la Policía de la Ciudad el uso de armas de fuego durante la manifestación que tuvo lugar el lunes en las inmediaciones del Congreso, se refirió a la decisión de limitar el poder de acción de los efectivos y respondió a las críticas provenientes del gobierno porteño.
La jueza defendió su decisión.
“Mientras yo aplique la ley, siento que hice lo correcto”, afirmó la magistrada en diálogo con radio La Red y justificó su decisión en lo que establece el artículo 99 de la Ley 5.688 de la ciudad de Buenos Aires, norma que regula el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Capital. En ella se establece: “No está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal el personal policial que por su función en el operativo esté destinado a entrar en contacto físico directo con los manifestantes”.
En rigor, la Jueza dictaminó sólo la utilización de gases y balas de goma por parte de los efectivos en la manifestación del lunes último. López Vergara señaló que en su decisión “aparte de decir lo que dice la ley en relación a las armas de fuego”, agregó “la menor lesividad en el empleo de las balas de goma y gases químicos”. Para la magistrada, a la sociedad le “está faltando mayor tolerancia”.
Los violentos hechos de violencia registraros en el Congreso.
En este sentido, al ser consultada sobre la actitud que debe tomar un policía que es agredido a piedrazos, la jueza afirmó que debe regirse por “los principios de la gradualidad y la persuasión”, basándose en “la aplicación del artículo 83” de la Ley 5.688.
El miércoles, dos días después de los incidentes que tuvieron lugar en el Congreso, el Gobierno porteño reveló que evaluaba pedir ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad un pedido de juicio político contra la magistrada. “Estamos evaluando y recopilando todo para pedirle el juicio político”, dijo en esa oportunidad el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, sobre lo actuado por la jueza contencioso administrativa.