La Justicia falló a favor de que se sostengan los sitios de memoria: "Frente a tanta obscenidad, hay que celebrar"

El juez federal Ariel Lijo instó, a través de dos resoluciones emitidas el último martes, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a que garantice el funcionamiento de los cinco ex Centros Clandestinos de Detención transformados en museos de la memoria que amenazaron con ser cerrados por falta de empleados, a partir de los despidos masivos que organizó la gestión de La Libertad Avanza (LLA). Así fue que pidió que haya personal capacitado en cada uno de estos espacios.

Al mismo tiempo, también dictaminó que se pongan al día en relación a las tareas de mantenimiento, conservación del edificio y limpieza diaria, servicios de los que carecen estos espacios y que motivan a que muchas veces sean los empleados quienes se encarguen de ellas, sólo con el fin de que sigan siendo lugares accesibles al público. En ese sentido, Lijo le aclaró al secretario de Derechos Humanos, el ex juez Alberto Baños, que deben garantizar la limpieza de los techos y las canaletas, ya que su falta de cuidado produce daños estructurales a los edificios. También le solicitó que se hagan las fumigaciones correspondientes.

Lijo hizo hincapié en la preservación de los acervos y archivos que custodian estos espacios de memoria, y pidió que "se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas", que siempre realizaron. Es que los despidos masivos que impulsó el oficialismo nacional llevaron a que haya edificios que quedaran con la tercera parte de su fuerza laboral y se perdieran a los profesionales que hacían este tipo de tareas. A eso se refiere el juez cuando habla del "personal capacitado".

Las resoluciones emitidas fueron logradas gracias a la gestión de la legisladora porteña Victoria Montenegro, hija de desaparecidos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien se puso al hombro el pedido de mantener abiertos estos espacios de la memoria que iban camino a ser cerrados.

"Se logró un pronunciamiento de la Justicia en un contexto en el que el ministro de Justicia no cesa en sus ataques contra los organismos de derechos humanos, despide trabajadores y desmantela la Secretaría de Derechos Humanos", aseguró Montenegro ante Página/12. "Frente a tanta obscenidad del Gobierno nacional, hay que celebrar que se consiguió un posicionamiento de los tribunales", agregó en relación al pedido que le hizo al magistrado que también lleva la megacausa sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Justamente el emblemático Centros Clandestinos de Detención ubicado sobre la avenida Libertador es uno de los lugares que contienen al Centro Cultural Haroldo Conti, que fue duramente golpeado con los despidos anunciados. Los otros son el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos, el más comprometido de los cinco luego de que los gremios advirtieron que se quedaron sin empleados para llevar a cabo las tareas básicas.

Victoria Montenegro encaró su presentación ante Ariel Lijo con el eje puesto en que la Secretaría de Derechos Humanos incumplía con la ley de Sitios (26.691), destinada a la preservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) como prueba judicial y con el fin de que transmitan la memoria de lo que sucedió en esos espacios por los que pasaron muchos de los 30 mil desaparecidos que se denuncian desde la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.