¡Qué sorpresa!
22 Diciembre de 2023 14:49
La única manera que existe para que jueces macristas hablen sobre Derechos Humanos es que toquen a uno de ellos. Esto mismo sucedió con el juez federal Sebastián Ramos que, anuló la causa que investigaba un lujoso viaje de empresarios, funcionarios y jueces ligados al expresidente Mauricio Macri con un argumento desopilante: "No hay otra salida posible más que cerrar la causa por que está en juego el derecho a la intimidad de los acusados", y concluyó: "Ese derecho ocupa un lugar central en la legislación argentina y en varios instrumentos internacionales de derechos humanos".
Desviando la atención de lo que realmente importa que es quién paga los viajes excéntricos de la verdadera casta, Ramos concluyó que debía anularse la causa en donde el principal acusado es el inglés Joe Lewis que se apropió de ese lugar natural en la zona cordillerana de la provincia de Río Negro.
Al anular la causa, Ramos terminó sobreseyendo a diez de sus "amigos" implicados en el viaje que además incurrieron en maniobras fraudulentas para intentar tapar de dónde provenían los fondos económicos que los llevaron hasta el sur del país en octubre de 2022. Entre los implicados hay ex jueces federales y hasta funcionarios del Grupo Clarín.
La bomba terminó de estallar cuando varios medios de comunicación y organizaciones sociales, revelaron chats y audios en donde cada funcionario se comprometía a ejercer abuso para encubrir todo lo posible el viaje y las reuniones que tenían en el lujoso viaje. Pero fue esto mismo lo que argumentó para anular la causa.
Los argumentos para la anulación de la causa
En el fallo, el juez Ramos anuló la causa porque la información fue filtrada de manera ilegal. Sobre esto, el texto dice: "Ha quedado en evidencia la reticencia exhibida por las concejalas de Bariloche y El Bolsón, Roxana Ferreyra y Rosa Monsalve, al evitar brindar información, en su carácter de testigos, acerca de cómo fue que tomaron conocimiento del hecho denunciado".
Y con esta determinación formuló un argumento hecho a medida de sus amigos funcionarios: "Hubo una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado" y agrega: "Las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados".
Ramos consideró entonces que la causa es el resultado de "esa maniobra ilícita que se produjo información que fue brindada públicamente por redes sociales". Y, sobre la información per se, expuso: "La información plasmada en artículos periodísticos se enmarca en la libertad de expresión y tiene como correlato el derecho a la información propio de nuestro sistema democrático.
Argumentó también que lo publicado no tiene peso legal para una investigación penal porque para analizar el caso debe registrarse las pruebas con "estrictas reglas de forma y de fondo" para "salvaguardar las garantías constitucionales" de los implicados en el caso.
Ramos entonces concluye y anula la causa con el argumento de que los funcionarios fueron investigados y expuestos por el Estado nacional y por resultar ello una "maniobra ilegal", la causa no tiene validez.
Sobre el viaje en sí, Ramos insiste con que "no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna" y reserva el derecho a la privacidad sobre los implicados: "Las acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos".
Sobre quién pagó los viajes y la estadía en el lugar, Ramos argumenta que "podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen".
¿Cómo seguirá la causa? Quedará en manos de Ramiro González, fiscal a cargo de la investigación del caso. Es él quien tendrá la responsabilidad de apelar el fallo hasta la semana que viene, si no lo hace, el caso quedará cerrado para siempre.
Uno a uno: a quiénes beneficia el fallo
Los nombres y apellidos que siguen a continuación son los beneficiados de la anulación de la causa que empezó en octubre de 2022 y que ahora, si no apelan el fallo, beneficiará a empresarios, funcionarios y ex jueces.
- Leonardo Bergroth, ex jefe de la SIDE
- Carlos Mahiques, camarista de Casación, el máximo tribunal penal
- Jorge Rendo, directivo del Grupo Clarín
- Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad (jefe de todos los fiscales porteños
- Pablo Cayssials del fuero en lo contencioso administrativo
- Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad
- Julián Ercolini, juez federal de Comodoro Py
- Tomás Reinke, asesor en comunicación
- Pablo Cassey, directivo del Grupo Clarín
- Pablo Yadarola, juez en lo penal económico
