El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, fue denunciado formalmente por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, que solicitó formalmente que se habilite la feria judicial para que se trata el expediente por la compra irregular de alimentos por parte de la mencionada cartera.
Es que para Rodríguez existió una simulación de una compra para beneficiar a tres grupos puntuales que, valiéndose de la emergencia por la pandemia del coronavirus (Covid-19) rubricaron un acuerdo con precios muy por encima de los máximos sugeridos lo que daba una diferencia de más de $100 millones en una compra de $543 millones.
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La denuncia de Rodríguez fue efectuada luego de las presentaciones que realizó la abogada Silvina Martínez. En la resolución, Rodríguez afirmó: ¨efectivamente, como puede observarse en la maniobra estudiada, se puede verificar que en el marco de las cinco contrataciones se dio la concentración de compras prácticamente a tan solo tres oferentes por un monto total de $ 543.408.400. Para ello, se habría argüido un esquema de concurrencia simulado en la invitación de distintas empresas pero que en realidad pertenecían a los mismos grupos económico, concentrando de ésta forma las adjudicaciones. Todos los oferentes invitados fueron adjudicado”.
A lo largo de las 111 páginas del escrito al que tuvo acceso BigBang, Rodríguez incluso desestimó, sobre la base de los testimonios que dieron algunos de los empresarios que participaron de la compulsa de precios, el argumento de que solamente los que financieramente estaban capacitados de “aguantar” un pago a más de 180 días podían participar.
“Finalmente que el pago se efectuaría dentro de los 15 días corridos contados a partir del día siguiente al de la incorporación del Acta emitida por la Comisión de Recepción Definitiva de bienes y servicios”, sostiene el funcionario judicial sobre la base de la documentación de la compra y de los testimonios mencionados.
Cabe recordar que una vez que estalló el escándalo el 6 de abril cuando se publicó la resolución en el Boletín Oficial, Arroyo le pidió la renuncia al funcionario encargado de la compra de alimentos, el secretario de Asistencia Crítica, Gonzalo Calvo. La caída en desgracia de este funcionario incluyó a otros 15 más que estaban debajo de su ala.
Uno de los puntos que el fiscal sostiene que el Gobierno no pudo haber obviado en el proceso es que cada una de las empresas a las que se les adjudicó la compra se encuentran vinculadas en tres grupos diferentes. Por ejemplo, Teylem S.A y Forain S.A comparten accionistas, domicilio, apoderados, escribanos y hasta líneas telefónicas. Lo mismo sucede con las otras. A eso se le suma que los oferentes no cumplieron con las exigencias que tiene cada una de las compras del Estado.
Pero no sólo eso, también se registraron dos casos, el de Nomerobo S.A y de Alimentaria Correntona SRL que básicamente no podían competir. La primera se e cuenta sancionada por incumplimiento de contractuales con el Estado mientras que la segunda no se encuentra inscripta como proveedora de los rubros que se buscaban comprar.
“Se advierte que los procedimientos de contratación estudiados no fueron llevados a cabo en legal forma por los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, quienes con las infracciones indicadas permitieron distintas irregularidades que conllevaron a la afectación del proceso de compras desviando la finalidad del mismo”, agregó en su resolución.
“En tiempo récord la PIA dio curso a la denuncia y planteo no sólo administración fraudulenta, incumplimiento de deberes y dejo abierta la puerta a la funciones incompatibles con los deberes de funcionario público. Rodríguez lo que deja claro es que a pesar de la emergencia no podemos permitir los hechos de corrupción”, afirmó Martínez en dialogo con BigBang.
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“No pensé en renunciar, tengo una misión que es mejorar la situación social. Convivo con el dolor, recorro los barrios hace mucho tiempo y siento que tengo una tarea, una misión y quiero hacerla de la mejor manera posible. Tengo una historia de trabajo en lo social, de transparencia, por eso quiero que la investigación sea rápida y que todo quede claro”, manifestó hoy por la mañana Arroyo en declaraciones a Radio La Red.La causa recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal será Guillermo Marijuán, que ni lento ni perezoso ayer se encargó de denunciar otra de las compras irregulares que saltaron a la luz en los últimos días. Se trata de la adquisición de 1.200 barbijos por parte de la Ciudad que pagó por cada unidad $3.000.
Lo sospechosos es la compra original, de 15.000 unidades, se declaró desierta dos veces. En la tercera apareció una empresa, Green S.A, que tiene como titular al abogado Ignacio Sáenz Valiente, quien además preside la sociedad Green Armor, dedicada a la seguridad privada. Las dos compañías declaran el mismo domicilio, en la avenida Santa Fe 768, Piso 5. En ese mismo edificio funcionaría la asociación "Club La República”, que integra Sáenz Valiente junto con el hermano del jefe de Gabinete, Felipe Miguel, Rodrigo Miguel.
Marijúan presentó la denuncia penal con el foco puesto productores, importadores y comerciantes de insumos médicos por aumentos de precios “desmedidos e injustificados” en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. En los considerados mencionó un informe de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA) y de la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM) según el cual estos insumos tuvieron un aumento promedio del 83% y que en el caso de los barbijos el alza de precios alcanzó un 255%.
Esa situación hizo que en Tribunales sostengan que el objetivo también estaba puesto en empezar a analizar la compra de la Ciudad, ya que tiene un expediente en la Justicia porteña, pero en la federal.