El 1º de septiembre de 2022 será recordado como el día en el que intentaron matar a Cristina Fernández de Kirchner, evento que fue catalogado por las corrientes feministas como femimagnicidio por tratarse del intento de asesinato de una vicepresidenta, alegando que los discursos de odio por su género también tienen cabida en la decisión del atentado.
410 días después, sólo Brenda Uliarte y su pareja Fernando Sabag Montiel (que fue quien disparó sin éxito) además de Agustina Díaz, una amiga de Uliarte están detenidos por la causa. Pero el foco también está puesto en miembros de la organización de ultraderecha Revolución Federal como Jonathan Morel (23), que es uno de los principales investigados por haber recibido inexplicables y millonarias transferencias de dinero para su carpintería.
Hasta el momento, se pudo probar que esa carpintería existe y que es de su ex novia. Está ubicada en Boulogne y desde 2021 a esta parte, habría recibido unos 7 millones de pesos por parte de dos fideicomisos de la empresa Caputo Hermanos: Luis "Toto" Caputo (exministro de Finanzas del gobierno Mauricio Macri) y Nicolás Caputo, que tiene una relación de confianza y amistad con el ex presidente Macri.
Estos movimientos financieros son los que está investigando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a cargo de la Procuración General de la Nación, que conduce el fiscal Diego Velasco.
Es que una de las principales hipótesis del caso es que Revolución Federal recibió dinero de los hermanos Caputo para hacer crecer su organización para al menos fogonear el intento de magnicidio contra la ex presidenta.
Qué datos aporta el informe
El informe de la PROCELAC tiene 16 páginas que fueron presentadas el 4 de octubre al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Gerardo Pollicita. Se investiga sobre todo a la familia de Luis “Toto” Caputo para dar con el dato de si “recibieron transferencias, depósitos y/o giros de dinero en sus productos bancarios y/o financieros, provenientes del Fideicomiso Espacio Añelo, del Fideicomiso Santa Ana y/o Rosana Pía Caputo, en el período comprendido entre el mes de mayo de 2021 y octubre de 2022”.
Además, llamó la atención el desvío de fondos para la provisión de colchones: entre mayo y junio de 2022, se emitieron dos facturas, una de 934.812 pesos y la otra por 934.799 que, según María Luján Palferro (ex empleada de Caputo Hermanos) confesó: “Los montos debidos a los proveedores Sergio Cayetano Verde y Dormipol S.A. habrían sido abonados por el Espacio Añelo vía transferencia, a cuentas bancarias pertenecientes a Noelia Elizabeth Camerota y Jomaro SRL”.