01 Marzo de 2017 22:26
Mencionada hoy por Mauricio Macri en su discurso en la Asamblea Legislativa, la aprobación del proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria fue también solicitada al Congreso por la Oficina Anticorrupción.
La Ley de Responsabilidad Empresaria fue una de las pedidas por Macri hoy.
El texto de la normativa fue elaborado por ese organismo y enviado a la Cámara de Diputados en octubre del año pasado. Y sus principales claves son las siguientes.
En su núcleo, la principal novedad que pone en el tapete es que empresas, fundaciones y asociaciones civiles podrán ser sancionadas si cometen delitos de corrupción. Hasta ahora, sólo individuos -personas físicas- eran pasibles de ser responsabilizadas penalmente por este tipo de hechos.
También quedarían sujetas a la ley las PYMEs, los contratos asociativos, de agencia, de concesión y de fideicomisos.
El proyecto de ley suma el principio de extraterritorialidad para los delitos cometidos por personas jurídicas en otros países. Es decir que también podrán ser sancionados los hechos de corrupción perpetrados en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo, o personas jurídicas domiciliadas en Argentina.
Se podrán imponer penas de uno a seis años de prisión, más inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública a los que le ofrezcan dinero, dádivas o favores a funcionarios u organizaciones de otros países a cambio de que realicen u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial.
La ley, así, incorpora la figura del "cohecho transnacional" y define como personas jurídicas sujetas a esta ley a las "sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas, sean nacionales o extranjeras, con o sin participación estatal".
Además, las personas jurídicas serán responsabilizadas por los delitos contra la administración pública y por cohecho transnacional que hubieran sido realizados directa o indirectamente en su nombre, representación o interés
