18 Diciembre de 2023 15:18
Crece la expectativa por la movilización que llevarán adelante los movimientos sociales argentinos el 19 y 20 de diciembre de 2023, que tendrá como bandera el rechazo a las políticas de ajuste y reduccionismo del Estado; así como también el recuerdo de las víctimas de la represión del 2001.
En contraparte está el ministerio de Capital Humano y el ministerio de Seguridad -comandados por Sandra Pettovello y Patricia Bullrich respectivamente- con políticas que van totalmente en contra de las manifestaciones en la vía pública.
Es decir que las fuerzas policiales se encargarán de hacer un trabajo fino de rastreo de los rostros e identidades de las personas que marchen o se manifiesten por diferentes causas para luego identificarlos y sacarles las asignaciones universales por hijo o los planes Potenciar y otros que son de vital importancia para el contexto social, político y económicos de Argentina.
La ministra de Capital Humano se protegerá en el nuevo protocolo para protestas que confirmó días atrás la ministra de Seguridad que, palabras más palabras menos dijo que vaciará a fuerza de represión de las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas las calles, con el único fin de "preservar la libre circulación" de los transeúntes o personas en vehículos.
Pettovello anticipó en un video grabado de tres minutos de duración las medidas que se tomarán en contra de aquellos que se movilicen el 19 y 20. "El que corta no cobra. Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo. Los que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano", amenazó.
"Auditaremos a todas las organizaciones que entreguen planes sociales eliminando la intermediación. A los beneficiarios de planes sociales: sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan. Vamos a eliminar los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales. Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle: el que corta no cobra", sumó.
Por último, la ministra "tranquilizadora de Milei" agregó: "Vamos a acompañar a los más vulnerables en esta difícil situación que dejó el gobierno que se acaba de ir, por eso duplicaremos la Asignación Universal por Hijo y aumentar en un 50% la Tarjeta Alimentar. Estamos trabajando para que todos los ciudadanos puedan recuperar el trabajo, la autonomía y por ende la libertad. Los beneficiarios de planes sociales pueden denunciar al 138 si le cortan el plan por no asistir a una marcha".
Anti-piquetes: el protocolo que Bullrich tanto anhelaba
Mediante la resolución 943/2023, Bullrich cumplió uno de sus más grande sueños: efectivizar el "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", en criollo, usar las fuerzas represivas para acallar las manifestaciones y protestas sociales que no vayan en detrimento de sus ideologías políticas.
Desde las Naciones Unidas miraron con muy mal ojo el panorama que se viene en Argentina y el propio Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación expresó: "Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales"; además agregó: "Las autoridades deben garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica. Sigo de cerca la situación en Argentina".
Pero nada puede parar a Bullrich que está empoderadísima por las "Fuerzas del Cielo" que le dictan que haga todo lo que esté a su alcance para que las fuerzas populares no tengan lugar en las calles. El protocolo dicta que la Policía y las Fuerzas Federales, tanto en provincias como en Buenos Aires, "intervendrán frente a cortes totales o parciales de tránsito o medios de transporte". Para la actuación de las fuerzas, no hará falta ningún tipo de orden judicial.
El llamado es a "despejar los accesos, hasta dejar totalmente liberado el espacio"; esto es empleando la "mínima fuerza necesaria y suficiente con armas no letales", el protocolo también aclara que si es necesario, se incrementará el aparato represor en caso de que las protestas sean más masivas; la fuerza se usará: "Graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes".
Lo más "novedoso" es la tarea de inteligencia que se llevará adelante, así se registrarán: "Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores" y se identificarán "a los autores, cómplices e instigadores" para luego llevar adelante causas que se registrarán en primera instancia al ministerio de Seguridad.
En este punto hay más: se llevará adelante la creación de "un registro de las organizaciones que participan de las acciones" y uno de "infractores identificados de cada una de esas entidades", y aquí aclara un punto importante: "Sin inclusión del nombre de las personas físicas hasta tanto no exista resolución judicial sobre ellas".