La licitación y adjudicación de las licencias de juego online en la provincia de Buenos Aires comenzó a recibir una serie de reveces judiciales como consecuencia de las dudas que planteó la abogada penalista, Mariana Barbitta, en donde criticó la falta total de información de cara al proceso, lo cual asegura lo vuelve “como mínimo, cuestionable”.
En dos escritos presentados ante el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, Barbitta solicitó tomar vista y obtener copias de todo el expediente, como así también de todas las actuaciones administrativas internas que directa o indirectamente se relacionen con el proceso de adjudicación de licencia de juego on line.
“El expediente de adjudicación del Juego On Line en la provincia no fue gestionado de cara a la ciudadanía. Todo lo contrario, existe muy poca información pública sobre su contenido y sobre las decisiones que se habrían tomado de espaldas del control público, lo que las hace presumir arbitrarias”, afirmó la abogada.
Barbitta agregó que “el requerimiento de información se enmarca en el interés de analizar en profundidad su tramitación y eventualmente abordar las posibles consecuencias, previo a que se avance en adjudicaciones que potencialmente podrían estar “contaminadas” y eventualmente ser merecedoras de una investigación judicial por afectación al bien jurídico administración pública”.
En diciembre de 2020, el gobernador bonaerense Axel Kicillof validó, luego de someterlo al análisis de las nuevas autoridades del Instituto provincial, el proceso de licitación iniciado en 2018 por la ex gobernadora María Eugenia Vidal. En enero de este año se conocieron los nombres de las siete uniones de empresas que habrían resultado adjudicatarios.
“No está claro cómo fue el proceso. Aún hay dudas y sospechas de cómo el gobierno de Vidal realizó el llamado a licitación y por qué extendió plazos que beneficiaron a algunos oferentes. Tampoco queda claro por qué el gobernador Kicillof validó todo lo anterior y cómo terminó adjudicando el negocio a esas empresas, dado que hubieron cambios de último momento”, afirmó Barbitta.
La abogada presentó un primer pedido de informe con fecha el cuatro de mayo del año pasado y una reiteración del mismo con fecha el treinta de diciembre, días después que trascendidos informaran sobre el avance del proceso. Tras este reclamo, desde el Loterías le comunicaron a Barbitta que su nota inicial había sido respondida en junio de 2020, donde le manifestaban que “por razones de salubridad, en este contexto resulta imposible dar vista de las actuaciones solicitadas”. Dicha nota nunca fue recibida en ese momento y se desconocen los motivos.
La abogada explicó que “al menos hasta antes de la pandemia el negocio del juego era una de las actividades no delegadas por las jurisdicciones locales al gobierno nacional. En el caso de la provincia de Buenos Aires los recursos de las actividades lúdicas constituyen la segunda fuente de financiamiento del gobierno local y legalmente se encuentran destinados a financiar actividades esenciales como la salud, educación y seguridad. Por todo esto resulta central la participación y el control ciudadano en el desarrollo de esta actividad, más allá de las banderas partidarias”
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“Estoy evaluando los pasos a seguir. Vemos una clara intención del Gobernador de terminar rápido con este tema, lo cual nos llena de dudas. Acá es necesario revisar todo desde que se inició el proceso licitatorio en 2018. La sociedad nunca fue informada debidamente tal como lo exige la Constitución Provincial”, concluyó Barbitta.
Cabe recordar que, en paralelo, Juntos por el Cambio cuestionó hace un mes las licencias para operar plataformas de juego online que otorgó el gobernador Kicillof.
La Coalición Cívica presentó un pedido de acceso a la información, pidiendo que el Instituto de Loterías y Casinos detalle el proceso por el cual se otorgaron estas licencias, con el argumento de que no cumplirían con las reglas establecidas por la ley 15.079 para poder participar de la licitación.
"Cuando tratamos la regulación del juego online en la provincia, desde la Coalición creíamos que faltaban mayores controles para que los antiguos dueños de los casinos y bingos no ingresaran a la actividad. En este caso, siguen habilitando al empresariado más gregario, y así, las dinámicas más viciadas de la provincia", declaró Maricel Etchecoin, diputada bonaerense y presidenta de la Comisión de Adicciones de la Cámara baja.