Después de un sinfín de medidas intempestivas, antipopulares e inconsultas, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, logró apaciguar hoy las protestas que desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) tenían previstas para realizar contra el Gobierno nacional, luego de firmar con la entidad un acuerdo de seis puntos.
Pese a la urgencia en materia económica y alimentaria, la "ministra ajusta pobres" -tal es su apodo entre los movimientos populares- logró sostener las 20 mil bajas en el Potenciar Trabajo y la condición de que todos los beneficiarios "en duda" deban inscribirse antes del seis de enero por la plataforma Mi Argentina, sin importarle si tienen siquiera acceso a Internet como para llevar adelante el trámite.
Entre las cosas que sí consiguieron en la organización que nuclea a militantes de la CTEP, la CCC, el Frente Darío Santillán, Barrios de Pie y el Movimiento Evita, fue la entrega de material para la confección de guardapolvos en las cooperativas textiles, la confirmación del pago de la herramientas y maquinarias -que aún no se abonaron- y la compra mensual por parte del Estado de los bolsones de frutas y verduras que producen las cooperativas agrarias de la UTEP, para repartir en los comedores.
También alcanzaron un acuerdo para que se construyan baños en los barrios populares, la reglamentación del Potenciar Trabajo y el acceso de los beneficiarios de este plan a un bono similar al último que se pagó, que se cobrará en marzo. Por parte de la UTEP fue firmado por su secretario general, Esteban "Gringo" Castro, mientras que Tolosa Paz refrendó la posición del Gobierno.
El desembarco de Tolosa Paz en la cartera de Desarrollo Social vino con una lluvia de noticias falsas debajo del brazo, en su mayoría difundidas por el propio entorno de la flamante ministra. Pocos días después de la jura, los medios de comunicación se hicieron eco de una información errónea: se aseguraba que 250 mil beneficiarios del Potenciar trabajo "compraban dólares todos los meses". Nada se publicó en torno a la situación en la que se encontraban los comedores de los movimientos sociales, que llevan un retraso de 60 días y no recibieron ningún tipo de alimento fresco como carne, frutas, verduras o leche.
Según fuentes cercanas a Desarrollo Social, en los cruces en los pasillos entre funcionarios representantes de las organizaciones sociales y quienes responden a Tolosa Paz, estos "le echan la culpa a los proveedores" por la falta de reparto, pero es un hecho que esta escasez se suma a la persecución pública que se les hizo a los supuestos compradores de dólares, que no eran más que pagadores de plataformas de streaming como Netflix, o de música como Spotify, las cuales se pagan en plata norteamericana únicamente.
"Alguien dejó trascender que eran 250 mil, pero en realidad eran 20 mil", explicó a BigBang una fuente de Casa Rosada, quien detalló además que esta decisión fue una excepción al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que se encarga de cruzar la información de los beneficiarios de los planes sociales.
"SINTyS todo el tiempo se auto audita y avisa si se encuentra una inconsistencia, porque puede pasar que alguien consiga trabajo formal o tenga un emprendimiento con monotributo", detalló. ¿Un ejemplo claro de este tipo de situaciones? Un beneficiario del plan que compra una moto para hacer delivery, muy lejos de la compra de yates o la "lluvia de dólares" que buscaron instalar desde el propio ministerio.
Luego de la difusión errónea del cruce de datos, Tolosa Paz ordenó la baja masiva de miles de beneficiarios. La decisión fue netamente política, una forma de "mostrarse fuerte" ante los movimientos sociales, frente a un electorado cada vez más de derecha que entiende poco y nada de la gestión de la asistencia social. "Nunca jamás se le dio de baja 20 mil planes de un día para el otro por un cruce", refuerzan con indignación desde el ministerio, al tiempo que explican que, hasta ahora, la dinámica siempre fue convocar a los beneficiarios para poder constatar efectivamente el cuadro de situación.
"Hay una discusión que sigue más allá del acuerdo: el bono y que Tolosa Paz quiere que todos pasen por Mi Argentina antes del 6 de enero para chequear cómo están registrados. Ya hubo un intento de no pagarles. A principios de diciembre mucha gente cobró retrasada sin saberlo y era por esto", señaló la fuente cercana al Poder Ejecutivo. "Hay una discusión con los movimientos sociales sobre la verificación, que no le gusta cómo lo quieren plantear, que tengan que verificarse con Mi Argentina. Son 1.300.000 que tendrían que autenticar. Hay un montón de gente que no lo sabe hacer, y muchas cosas que tenés que contemplar, que necesitan", argumentó.
"No creemos que sea una orden de Alberto Fernández", confesaron desde la UTEP. "La lógica es que haya diálogo, como el que hubo cuando se logró la tregua", reconocieron. A su vez, sobre los 20 mil planes caídos, consideraron que son recuperables, aunque para lograrlo tendrán que cumplir con los requisitos de Mi Argentina, algo casi imposible de ejecutar. Para ser claros: en los próximos trece días, cien mil beneficiarios deberían inscribirse por día para cumplir con las exigencias de Tolosa Paz; muchos de los cuales ni siquiera tienen acceso a un dispositivo para poder llevar adelante el trámite.
"Ellos tienen en la cabeza que hay intermediarios que se quedan con una parte, pero hay mucha autorregulación permanente, desde arriba y desde abajo", describieron acerca de las entidades de desocupados, las cuales son definidas por ellos mismos como "organizaciones bastante verticalistas", pero que cuando llegan los plenarios donde la base tiene su espacio, suelen ser muy complicados.
"Lo que se piensa es que ella prometió que iba a poner orden, que iba a ordenar a los movimientos sociales. Y así no funciona, porque toma decisiones inconsultas", aseguraron sobre Tolosa Paz.
Desde los movimientos sostienen que la ministra "está respondiendo a encuestas que dicen que la gente reprueba a los beneficiarios de planes sociales", por lo que es más fácil para ella sacarle 7 mil pesos a los pobres, con el objetivo de seguir recortando por abajo y no por arriba.
El acuerdo fue con la UTEP, pero de los desocupados quedaron afuera los movimientos más de izquierda que se nuclean en la Unidad Piquetera (UP). "Con la UP hay solidaridad en un montón de cosas, pero en otro montón no se piensa ni se actúa de la misma forma", explicaron desde la organización que acordó los seis puntos con Desarrollo Social.
Otra de las fuertes críticas a la gestión de Tolosa Paz fue el haber logrado la división del bono que sí se otorgó, que se desprendió del aguinaldo social del Ministerio de Trabajo, en dos cuotas: la que ya se pagó el 21 de diciembre de 6600, y la del mismo monto que se abonará en enero. A esto se suma el segundo bono que se negó, que iba a ser pagado como un aguinaldo de la prestación.
Mientras tanto, desde la UTEP accedieron a no movilizarse contra el Gobierno de acá a fin de año, pero no van a parar con los escraches a formadores de precios que están implantando en muchos supermercados de gran parte del país.
Sólo el Movimiento Evita administra 7 mil comedores en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con 60 días de retraso en la entrega de alimentos el hambre no se acaba, pero la paciencia sí.