Después de que el ministro de Salud de la Nación Ginés González García dijera que el acuerdo con el laboratorio Pfizer seguía vigente para la llegada de la vacuna contra el coronavirus al país, el Gobierno volvió a hacer en las últimas horas un nuevo intento de acercamiento con la firma proveedora de las dosis para llegar al fin de las negociaciones.
De esta manera, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, junto a funcionarios del área jurídica del Ministerio de Salud mantuvieron en la Casa Rosada una reunión con ejecutivos de la filial argentina de Pfizer para estudiar los alcances que debería tener un contrato para que sea aceptable para ambas partes.
La Argentina dio varios pasos para ocupar un lugar destacado en la distribución de Pfizer, ya que no solo participó de los ensayos clínicos, sino que luego confesionó una ley "a medida" de las exigencias de ese laboratorio, la cual fue aprobada por el Congreso.
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De hecho, los legisladores incluyeron en la Ley de Vacunas un párrafo para que los laboratorios puedan tener indemnidad "excepto en casos de negligencia" de las empresas. "Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir en los contratos que celebre para la adquisición de vacunas cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial (...) con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos", dice la ley promulgada el 6 de noviembre.
Lo que sucedió, es que Pfizer pretendió que se quitara esa excepción, pero el Gobierno no estuvo dispuesto a ir en contra de la letra de la ley, lo que trabó el avance final de las negociaciones entre ambas partes.
Por esto mismo, en la reunión de este lunes se intentaron acercar posiciones, y lo que Ibarra planteó es que se estipule de manera clara qué se entiende por negligencia de la empresa y qué responsabilidades tiene el Estado en la provisión de las vacunas para evitar futuros problemas.
Lo cierto es que el acuerdo aún está lejos de ser cerrado, sobre todo porque los ejecutivos de Pfizer Argentina se comprometieron a elevar la consulta a los Estados Unidos y la respuesta puede tardar en llegar.
El ministro Ginés González García es quien encabeza las negociaciones, y quien también días atrás admitió que el Gobierno está “bastante molesto” con Pfizer por las supuestas condiciones que impone la empresa para cerrar el acuerdo.
“En las negociaciones se nos pidió una ley para tener alguna seguridad. Esa ley estuvo en el Congreso pero luego desde la central en los Estados Unidos nos decían que no era suficiente, que había que hacer otra normativa, y pedían que el contrato no lo firmara yo sino el Presidente de la Nación”, aseguró el martes pasado el funcionario en conferencia de prensa.
Desde el Gobierno creen que el laboratorio tiene un problema operativo, porque no tiene el nivel de producción que esperaba para abastecer a todos los países con los que había asumido compromisos. Sin embargo, desde la empresa desmintieron esta situación, e hicieron saber que el único obstáculo con la Argentina es la cláusula legal que habla de negligencia.
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Según lo acordado en una primera instancia, Pfizer debería proveerle al país 1.5 millones de vacunas, y el interés radicaba en que por lo avanzada que estaba la situación del laboratorio en todo el mundo, sería uno de los primeros en empezar a distribuir las dosis para ser aplicadas.De este modo, si el acuerdo avanza como lo esperado, la empresa podría empezar a entregar sus lotes entre febrero y marzo, a un valor de 20 dólares por vacuna.