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La Oficina Anticorrupción analizará el polémico acuerdo por el Correo

El organismo presidido por Laura Alonso abrió un expediente y adelantó que está librando oficios a funcionarios.

10 Febrero de 2017 07:13
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La Oficina Anticorrupción (OA) abrió un expediente para analizar el acuerdo por la deuda que la empresa Correo Argentino SA, de Franco Macri -el padre del presidente- mantiene con el Estado Nacional a partir de su concurso preventivo de acreedores.

La titular del organismo, Laura Alonso, adelantó que quiere "tomar conocimiento del expediente" y recabar información de "los funcionarios involucrados".

En diálogo con Radio Mitre, Alonso se mostró prudente para analizar el hecho. "No tenemos mucho para opinar de lo que diga ni un funcionario del oficialismo ni un diputado de la oposición. Lo que nos importa es analizar el expediente completo y solicitar la colaboración de todos aquellos funcionarios que querramos interrogar", explicó.

Laura Alonso

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción

"Ella (la fiscal Gabriela Boquin) hace alusión a la ley de ética pública y como la Oficina Anticorrupción es la autoridad de aplicación de la ley de ética pública decidimos abrir una actuación y se empezarán a librar los oficios correspondientes para tomar conocimiento del expediente", señaló.

"Cuando hay un dictamen fiscal sugiriendo que podría haber una presunta violación de la ley de ética es más que obvio que la Oficina Anticorrupción va a actuar como ya lo ha hecho en otros casos", adelantó.

Azuzada para que adelante una opinión respecto de una posible violación de la ley de ética pública, se excusó amablemente y pidió que la dieran tiempo para conocer el caso en detalle. "No podemos adelantar la opinión hasta que no terminemos de analizar el expediente. Pero estamos concentrados y comprometidos en hacer un trabajo serio, responsable y muy bien fundamentado técnicamente como el caso del ministro (Juan José) Aranguren que no tuvo críticas", expresó.

El Correo Argentino fue reestatizado en 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner. En 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, había sido privatizado, y en 1997 había sido concesionado a Socma, el grupo económico de los Macri.

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