por Rafael Saralegui
14 Marzo de 2018 17:01
La Oficina Anticorrupción, en un dictamen firmado por su titular, Laura Alonso, sostuvo que el cobro de un bono de medio millón de pesos por parte del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, pagado por la Sociedad Rural Argentina, de la que fue presidente antes de incorporarse al cargo, “no resultó acorde con las pautas y deberes de comportamiento contenidos en las normas sobre ética pública”.
Después de que se conociera el cobro de los 500 mil pesos por parte de Etchevehere, a través de cartas de lectores publicadas en el diario La Nación que firmaron socios de la entidad disconformes con la medida, el funcionario terminó por devolver al dinero, aunque se había defendido con el argumento de que se trataba de un pago excepcional por los servicios prestados a la entidad que agrupa a los productores más grandes y conservadores.
De todos modos, en la OA se dio curso a una investigación interna, luego que se conociera además que el flamante ministro fuera denunciado por los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con su cargo, causa que aún se encuentra en trámite. La OA recuerda en el dictamen que se le había indicado a Etchevehere que no debía cobrar ese bono, ya que no se trataba de una remuneración, ya que el cargo de presidente de la entidad es rentado desde la década del 90.
Alonso firmó un severo dictamen contra el ministro.
“En ningún momento esta Oficina autorizó la percepción de una retribución extraordinaria como la que se analiza en este expediente (la cual claramente no constituye un honorario adeudado devengado con anterioridad por tareas que hubiera realizado en forma previa). Ésta decisión fue adoptada exclusivamente por el funcionario, realizando una particular y distorsionada interpretación del concepto de honorario devengado y de la opinión de esta Oficina”, sostiene el dictamen.
Cuando se le pidió un informe a la SRA, la entidad respondió que la decisión de pagar un bono a Etchevehere había sido motivo de un “extenso debate” y que había pocos antecedentes de pagos extraordinarios a empleados o directivos de la entidad. Así se recordó el antecedente de un pago de esas características a un empleados que había trabajado más de 50 años en la Rural.
El ministro dejó la Rural para sumarse al Gobierno.
La OA sostuvo que “por otra parte, no surge de las respuestas del Sr. Ministro de Agroindustria y ni de la Sociedad Rural Argentina, cuál fue la excepcional situación que justificó un tratamiento diferenciado de parte de la entidad en favor del Dr. Etchevehere, circunstancia que debía desprenderse claramente tanto del acto de aprobación de la gratificación como de las justificaciones que se brindaron a requerimiento de esta Oficina. Ello teniendo en cuenta que el entonces Presidente de la Institución renunciaba para asumir la función de máxima autoridad de la actividad agroindustrial e iba a tener atribuciones sobre los actores del sector representados por la Sociedad Rural, lo que dotaba a la situación de una particular sensibilidad en atención a los eventuales conflictos de intereses en juego”.
En el informe de 11 páginas, la OA decide archivar las actuaciones debido a que el ministro devolvió el dinero, pero se resuelve enviar el dictamen al juzgado federal N°5, donde se lleve adelante la causa contra el titular de Agroindustria, quien además enfrenta varias causas en la provincia de Entre Ríos, por administración fraudulenta y fraude, originidas en denuncias que le hizo su hermana Dolores.
De todos modos, la OA le recuerda al ministro que en el futuro tiene el “deber de abstenerse de intervenir en su gestión pública, en cuestiones particularmente relacionadas con la Sociedad Rural Argentina y obrar conforme al deber de prudencia en las decisiones generales que adopte en lo sucesivo y que pudieran impactar de algún modo respecto de la citada institución”.
(Con la colaboración de Agustín Gulman)
