22 Mayo de 2018 17:00
El plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, Minería y Energía y Presupuesto del Senado retomó este martes el cuarto intermedio donde se firmó el proyecto de ley que retrotrae las tarifas al 30 de noviembre pasado y que ya tiene media sanción de Diputados. A su vez, Cambiemos dio lugar a la propuesta alternativa de los gobernadores justicialistas.
Mientras la avanzada opositora continúa, el oficialismo firmó un dictamen alternativo que propone rebajar el IVA a la mitad para las tarifas de usuarios residenciales, y abrió así una nueva fase de negociaciones hasta el miércoles 30, cuando se produzca la votación en el recinto del Senado.
El peronismo, el kirchnerismo y otros bloques de la oposición avanzaron esta tarde con el dictamen que ya tiene media sanción de Diputados, al tiempo que también expusieron los titulares del ENRE, ENERGAS y representantes de CAMMESA.
La oposición buscaba avanzar con el dictamen mientras el gobierno buscaba un acuerdo.
“No hace falta llegar al veto. Es posible llegar a acuerdos serios”, dijo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo al plantear la nueva alternativa. “Queremos hacer un esfuerzo para ver si es posible encontrar un camino para que el alza tarifaria sea más asimilable por la población, dar señales claras de inversión y que la Argentina pueda llegar al autoabastecimiento energético”.
Esta nueva iniciativa de Cambiemos se encuentra en línea con la propuesta de Miguel Pichetto y de los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba), con quienes se reunió días atrás Mauricio Macri.
Previo a la decisión, el jefe del bloque de senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff afirmó que el Gobierno "está analizando" una propuesta de gobernadores peronistas sobre los aumentos de las tarifas de servicios públicos. De esta manera durante la jornada se buscó alcanza un principio de "acuerdo político".
Pichetto atento a "alguna opción razonable".
La rebaja del IVA para los servicios de luz, gas y agua tendrán vigencia por un año, alcanzaría a usuarios residenciales, beneficiarios de la tarifa social y pymes -a éstas últimas se fija una alícuota del 21%-. El costo fiscal - compartido entre Nación y provincias- oscila entre los 20 y 25 mil millones de pesos.
Sólo en AMBA
Por su parte El titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Andrés Chambouleyron, aseguró que de aprobarse la ley que retrotraiga las tarifas a noviembre pasado ésta “sería únicamente aplicable en el Área Metropolitana de Buenos Aires” y “no aplicaría en las provincias”.
El titular del ENRE anticipó que de promulgarse la ley sólo será efectiva en AMBA.
El presidente del organismo resaltó que “cada provincia tiene su propio marco regulatorio y la Nación no tiene injerencia; cada provincia fija sus cuadros tarifarios”.
Además indicó que con esta norma “se verían modificados los contratos de concesión de Edenor y Edesur, quedando el Estado nacional sujeto a eventuales acciones judiciales y generando una especie de inseguridad o zozobra jurídica”.
Asimismo, Chambouleyron precisó que el proyecto “beneficia solo a los usuarios de categoría R1 y R6, que consumen menos de 1.200 kWh/mes por bimestre o 600 por mes”, y subrayó que en las categorías seleccionadas en la iniciativa “se miró el cuadro tarifario de Edenor y Edesur y no el de las distribuidoras del interior”.
