Después de varios días de amenazas, finalmente hoy el radical José Cano, que encabezó la fórmula como candidato a gobernador de la oposición en Tucumán presentó un pedido para que se anulen los comicios realizados el 23 de agosto y la convocatoria a una nueva votación.
En su presentación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia, Cano sostuvo que deben realizarse nuevas elecciones para definir las autoridades provinciales, por considerar que "hubo diferentes prácticas irregulares que obligan a celebrar una nueva elección total en la provincia".
La acción de amparo incluye el pedido de suspensión del escrutinio definitivo que está realizando la Junta Electoral como medida cautelar. El escrito tiene 63 fojas y sostiene que "la elección en Tucumán presenta elementos de un fraude integral que supera a los hechos ocurridos solamente el día de la votación".
"Creemos que existen elementos contundentes para demostrar que hubo un proceso fraudulento tendiente a violentar la voluntad popular expresada en las urnas", sustuvo Cano, quien estuvo acompañado por el candidato a vicegobernador, José Amaya.
El diputado nacional radical explicó que "el planteo de nulidad de los comicios se basa en las leyes electorales y tiene sustento en principios de la Constitución Nacional y en Pactos Internacionales a los que Argentina está adherida".
"Venimos a la Justicia a pedir que se haga respetar el derecho ciudadano a elegir libremente a sus representantes", planteó Cano en una conferencia de prensa.
El dirigente radical sostuvo que "es inadmisible que en Argentina tengamos un sistema electoral que es anterior a la Ley Sáenz Peña y permite la participación de 25.000 candidatos y más de 500 partidos políticos constituidos, en muchos casos, de manera irregular”.
“Lo que sucedió el 23 de agosto fue la culminación de un gobierno que durante 12 años se encargó de degradar a las instituciones de Tucumán y el sistema electoral refleja este modelo de gestión escandaloso”, expresó el candidato a gobernador.
“Hay que romper la lógica que está instalada en un sector de la sociedad y en la prensa de que la responsabilidad de otorgar el derecho constitucional a que un ciudadano vote y ese voto se respete tiene que ser dado por la oposición cuando en realidad esa es una responsabilidad del Estado”, expresó.
En la presentación se señalan las supuestas irregularidades que se cometieron en la carga de datos del escrutinio provisorio por parte del Correo Argentino; en la designación de los empleados de la Junta Electoral; en la designación de las autoridades de mesa y en la cadena de custodias de urnas.
La demanda adjunta como pruebas el testimonio de dos empleados de Junta Electoral Provincial que declararon ante un escribano público y afirmaron que funcionarios de ese organismo repararon urnas que habían sido violentadas sin ningún tipo de custodia.
También aportan registros fotográficos, testimoniales y videos que muestran las supuestas irregularidades que hubo el día de las elecciones.
Entre las pruebas solicitadas, los apoderados del ApB pidieron que sean citados a declarar el fiscal federal, Gustavo Gómez; y el secretario del Juzgado Electoral Federal, Rogelio Rodríguez del Busto.
El escrito es patrocinado por el apoderado del ApB, Daniel Ponce y el abogado, Arnaldo Ahumada, quienes aclararon que si la Justicia provincial rechaza la presentación, los demandantes llevaran el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Anoche, los últimos cómputos oficiales del recuento definitivo daban a Cano con 112.299 votos (48,80%) y a Manzur con 95.076 (41,32%) sufragios, tomando 827 mesas de las 3.400 habilitadas, de las cuales casi 600 corresponden a la Capital, donde la alianza opositora se impuso por más de 18 puntos el 23 de agosto último.
Así, empezaba a mostrarse la tendencia reflejada en el escrutinio provisorio que constató el triunfo del candidato justicialista por 14 puntos de diferencia a nivel provincial, merced a la enorme ventaja obtenida en el Este y el Oeste tucumano