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Política

La otra condena contra el polémico ex funcionario kirchnerista

El ex secretario de Transporte recibió la condena a un año y medio de prisión en suspenso por haber recibido, de quien tenía que controlar, unos 15 viajes en vuelos privados, a Brasil, Córdoba y Uruguay.

25 Diciembre de 2015 12:48
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El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime había sido condenado el 13 de octubre a un año y medio de prisión en suspenso por recibir dádivas -viajes y alquileres- de empresarios a los que debía controlar, se informó en los tribunales.

El juez federal Julián Ercolini ratificó el acuerdo de juicio abreviado, que Jaime convino con la fiscalía de Guillermo Marijuan, y ordenó el decomiso de dos millones de pesos al ex secretario de Transporte como compensación por el delito de "aceptación de dádivas" de empresarios "en 19 oportunidades".

Jaime se declaró culpable en un juicio abreviado y obtuvo el beneficio de la libertad.

También le impuso reglas de conducta tales como "fijar residencia de la que no deberá ausentarse sin autorización del tribunal", "someterse al cuidado del patronato" de liberados, y al "pago de las costas del proceso, por ser autor penalmente responsable". 

 

Jaime confesó en este juicio que, entre 2003 y 2006, recibió de TBA casi una quincena de viajes en vuelos privados a Brasil, Córdoba y Uruguay, y de la empresa TEBA S.A. el pago y las garantías de dos departamentos de lujo en los que vivió en Avenida del Libertador y Cerrito.

Manuel Vázquez, el ex asesor de Jaime, de nacionalidad española, que ofició de intermediario.

A la vez, Ercolini ratificó la condena para Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime- nacido en España-, a un año y medio de prisión en suspenso por el delito de "ofrecimiento de dádivas" en "cuatro oportunidades", así como el decomiso de 346.427,50 pesos e inhabilitación de un año para operar en cuentas corrientes.

El juez, además, homologó la suspensión del juicio a los otros acusados: Julián Vázquez, hijo de Manuel; Sergio Claudio Cirigliano, de TBA; y los ejecutivos de TEBA S.A., que gestiona la terminal de micros de Retiro, Néstor Emilio Otero, Gabriel Ignacio Akerman; Edgardo Darío Preite; Alfredo Alejandro Pielachd.

El juez Julián Ercolini ratitifcó la condena por “juicio abreviado” a la que se avino Jaime.

Y ordenó abrir un expediente aparte de 'probation' con el fin de que aquellos acusados puedan "instrumentar los montos de reparación ofrecida" mediante donaciones monetarias y "las imposiciones de participación comunitaria", en tareas sociales benéficas.

Por ejemplo, Cirigliano, de TBA, propuso como 'probation' donar 150 mil pesos en 10 cuotas a un jardín maternal de la orden franciscana de la localidad de El Bolsón, en Río Negro, y otros 50 mil pesos al hospital pediátrico Garrahan. Ercolini, además, absolvió a Jorge Molina, ex directivo de Aerolíneas Argentinas S.A. durante la gestión de la concesionaria española Marsans.

El ministro de Planificación, y candidato a diputado, Julio De Vido junto a Claudio Cirigliano.

El abogado de Jaime, Andrés Marutian, dijo que su cliente aceptó el juicio abreviado para abocarse exclusivamente al juicio por la tragedia de Once y que no tiene que ir preso.

"Yo le expliqué a Jaime que su decisión iba a implicar 'tapas de diarios' pero me dijo que preferiría terminarlo y seguir abocado exclusivamente al choque de Once", remarcó Marutián, y contó que a su cliente "le preocupa que le hayan endilgado 52 muertes y la cantidad de heridos con secuelas" y "no tiene miedo alguno de ir preso".

Jaime y Cirigliano, quien recibió las dádivas y uno de los empresarios que las pagó, están siendo juzgados por la tragedia ferroviaria de Once y el fiscal de juicio, Fernando Arrigo, pidió que sean condenados a 11 años y a 10 años y 11 meses de prisión, respectivamente, por administración fraudulenta y estrago culposo agravado por las 52 muertes y los más de 700 heridos que dejó el hecho.

Mario Cirigliano, quien había quedado fuera del juicio por Once, y luego, por pedido del juez, se integró al grupo de procesados.

Ricardo Jaime, ya tiene una condena a seis meses de prisión por intentar robar pruebas de un allanamiento que la Justicia realizó en su vivienda de Córdoba en la causa donde está procesado por enriquecimiento ilícito.