La "pesada herencia" que Alberto Fernández y Cristina Kirchner se dejaron a sí mismos

Deuda, tarifas y falta de crédito internacional son algunos de los puntos más calientes que deberá atender, en cuanto a la macroeconomía, el presidente electo Alberto Fernández en lo que llama “la herencia” que le dejará el mandatario saliente, Mauricio Macri. Sin embargo, existe también una pesada herencia que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Fernández le dejarán al binomio Fernández-Fernández: el juicio contra YPF.

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Es que el presidente electo tendrá que decidir en los primeros días de su mandato cómo se sigue adelante con un millonario juicio en contra del Estado argentino y que de perderse, podría generar un desembolso de entre US$ 1.000 y US$ 6.000 millones; aunque ahora hay estimaciones que hablan de más de US$ 10.000 millones.

En 2015, el sindico de la empresa de la familia Eskenazi (que empleó al presidente electo después de que dejó de ser jefe de Gabinete en 2008) le vendió la potestad de realizar el juicio al fondo buitre Buford Capital, por la violación de las reglas de YPF cuando se la estatizó en 2012 (ver más adelante). En el proceso judicial el Gobierno argentino durante la administración de Macri, llevó dos estrategias judiciales.

Es que el Procurador del Tesoro, Bernardo Frias Saravia, y el Parlamentario del Mercosur y director de la petrolera, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón se apuntaron a un juicio en Madrid para demostrar que no existió tal venta y por ende hacer que la causa se caiga; pero también a que en el proceso, de iniciarse formalmente, se abran los libros contables de YPF y se tenga por primera vez el acceso a determinar qué fue lo que sucedió en la compra de la familia Eskenazi en 2008.

Para reemplazar Frias Saravia, según consignó el diario La Nación, Fernández tiene en mente, junto con Kirchner, al ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, que supo ser uno de los cerebros jurídicos de kirchnerismo. Él tendrá que decidir cómo será la estrategia legal después del 10 de diciembre con respecto a YPF.

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Sobre todo, luego de que la jueza del caso, Loreta Preska (que asumió la vacante que había dejado Thomas Griesa al morir), decidió suspender en septiembre de este año el proceso judicial hasta después de las elecciones. Ni lenta, ni peresoza, esta semana volvió a mover otras de las causas que tiene en su juzgado contra el Estado argentino, en especial por el pago del cupón del PBI, por lo que en breve se reactivarían las audiencias.

¿La administración de Fernández qué hará? ¿Se seguirá por el mismo camino judicial en Nueva York para que se abran los libros?¿Se apostará a que en Madrid se le de la razón a la Argentina para demostrar que la compra del juicio nunca existió y se simuló?¿Alberto Fernández irá judicialmente contra sus empleadores o se retirará?¿Y qué rol, o intenciones, tendrá Cristina Fernández de Kirchner para que se revise minuciosamente en otro país toda la operación de 2008? Por ahora en el Frente de Todos sostienen que no es una prioridad, y que están abocados a resolver otras urgencias.

Historia del caso

En el año 2008 la administración de Fernández de Kirchner consideraba que en YPF, que en ese entonces se encontraba en manos de la española Repsol, necesitaba un socio argentino. El mismo planteo esgrimía su marido y ex presidente Néstor Kirchner; y como no podía faltar en ese triángulo el propio presidente electo Fernández.

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La decisión que se tomó fue negociar que la familia Eskenazi, que compró el 25% del paquete accionario (y se quedó con la conducción de su compañía hasta la estatización) con el propio dinero que iban a obtener de dividendos por lo que la mayoría del capital para asociarse al Repsol lo fueron pagando en cómodas cuotas.

¿Por qué los españoles aceptaron eso?

Porque Kirchner les prometió que tendrían la libertad absoluta para girar hasta el 90% de los dividendos a España. Ahí fue cuando el titular de Repsol, Antonio Brufau, celebró la llegada de los Eskenazi a quienes definió como “especialistas en mercados regulados”.

De esta forma, entre 2008 y 2011 de acuerdo a un informe que elaboró la ex senadora nacional e hija de uno de los presidente de la petrolera, María Eugenia Estenssoro, Repsol y los Eskenazi se repartieron $24.193 millones (unos US$6000 millones) en dividendos, cuando las ganancias de la compañía fueron de $16.676 millones (US$4000 millones).

Ese escenario conllevó a que la cantidad de dólares destinados a la inversión estructural de YPF, de acuerdo a los balances de la propia compañía, cayó a márgenes mínimos históricos con lo que se acrecentó la espiral de importación de combustibles que ya venía mostrando sus primeras señales.

Después de la crisis que se originó con el campo por la resolución 125 Fernández presentó su renuncia como jefe de Gabinete y, por pedido de Kirchner a los Eskenazi, fue contratado como asesor. "Llegué allí de la mano de Eskenazi y a pedido de Néstor Kirchner", sostuvo cuando se conoció el contrato en 2012, a la vez que explicó que su tarea fue "básicamente colaborar con el socio argentino cuando" se lo solicitaba.

La estatización de YPF en 2012, por la forma en la que se realizó (algo que contó en varias ocasiones BigBang) le dejó abierta la chance a los Eskenazi de poder ir a la Justicia cuando quisieran. Recordemos que al perder el control de la compañía, ya que el Estado Argentino se quedó con el 51% de las acciones cuando la estatizó (que le compró en su totalidad a Repsol), los Eskenazi se vieron imposibilitados de girar utilidades para pagar esas acciones y, como tal, la operación terminó por caerse.

Sin embargo, al momento de la estatización, el ex ministro de Economía y actual gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, solamente le pagó a Repsol US$ 5.000 millones. Ese precio era igual al valor total de mercado en ese entonces, es decir que el Estado pagó el doble por cada acción y que además luego de la estatización pasó a valer menos.

El problema es que ese litigio tuvo un componente que no respeto: la ley de privatización de la compañía de 1993. Allí se dejó claro que si en algún punto el Estado Nacional quería recuperar parte del paquete accionario de YPF debía realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que tenía que ser por el 100% del paquete y no por una parte. Es decir que la estatización, que llevó adelante el propio Kicillof personalmente, debería haber incluido una oferta para todos los accionistas y no solamente el 51% que tenía Repsol.

"Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!", dijo en el Senado durante la audiciencia por la estatización Kicillof. Ese párrafo incluso fue aportado a la causa por el propio fondo buitre que realiza la demanda.

En concreto, los Eskenazi también deberían haber recibido una oferta por su 25%. A esa situación se le sumó que con la estatización Petersen Energía ya no tenía bandera verde para seguir pagando la adquisición con los dividendos de la compañía pero tampoco tenía las intenciones de realizarle un juicio a YPF, es decir al Estado, por haber cortado esa cadena de favores debido a que todavía se encontraba al mando del Ejecutivo la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces la estrategia fue esperar hasta que en España se decrete que Petersen Energía no pudo hacer frente a sus pagos y se la declare en concurso, cuestión que sucedió en 2015. Allí fue cuando se habría dado la venta