24 Octubre de 2022 14:03
A fines de la semana pasada, y por pedido del juez Marcelo Martínez de Giorgi, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó una serie de allanamientos y detuvo a cuatro miembros de la agrupación Revolución Federal, vinculadas a amenazas a distintos funcionarios del Frente de Todos, y por sus vínculos con Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Gabriel Carrizo y Agustina Díaz, detenidos por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Hasta el momento, la Justicia contaba con varios elementos para investigar a la banda política y un supuesto financiamiento por parte de grandes grupos económicos. Por ejemplo, Jonathan Morel, la cara visible de la agrupación y quien se paseó por varios medios de comunicación, había cobrado 13 millones de pesos de parte Caputo hermanos, la empresa del ex ministro de Mauricio Macri, Luis Caputo y del mejor amigo del ex presidente Nicolás Caputo.
Semejante cifra fue transferida a varias cuentas de Morel, de su ex pareja y una familiar por supuestos muebles en madera para una empresa ubicada en Neuquén. Lo insólito del caso es que Morel no sabe de carpintería y dijo que aprendió por YouTube, que se creó un monotributo en junio de 2022, que fue contratado por una hermana de Caputo que pasó por la puerta de su supuesto taller ubicado en Boulogne y le gustó el lugar, que en ese lugar funcionaba un centro de jubilados que fue visitado por Macri en la campaña, y que los muebles fueron comprados por Morel a otra carpintería aunque no sabe a cuál.
Ahora surgió otro dato clave. Durante uno de los allanamientos realizados la semana pasada, la PSA encontró 50 mil dólares en la casa de otro de los fundadores de Revolución Federal. El dinero pertenecía a Leonardo Sosa, que organizaba las marchas violentas contra el Gobierno Nacional junto a Morel, y se encargó de lanzar antorchas a la Casa de Gobierno durante el mes de agosto, en la misma marcha en la que estuvo Uliarte, la novia de Sabag Montiel. Según la investigación, Sosa no tiene trabajo alguno para justificar esa cantidad de dinero.
Mientras la jueza María Eugenia Capuchetti, que lleva adelante la causa por el intento de asesinato a la vicepresidenta, se niega a vincular al grupo violento con el ataque, Morel y Sosa se negaron a declarar. La misma estrategia tomaron Sabrina Basile, la hija del ex director técnico de la Selección, Alfio Basile, y Gastón Guerra, que se hizo famoso por golpear el auto de funcionarios y atacar al cronista de C5N durante la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía.
Además de los dólares encontrados en la casa de Villa Ballester y los millones de pesos en las cuentas de Morel, la Justicia también sigue otras pistas. A la vinculación del grupo violento con los Caputo por el supuesto financiamiento para generar discursos de odio y marchas que rompan la “paz social”, también se sigue los vínculos políticos. En ese sentido, ya cuentan con pruebas que los unen con grupos de Javier Milei y José Luis Espert, y también a miembros cercanos a Patricia Bullrich, presidenta del PRO.
En el mismo sentido, también está bajo la mira la vecina de Cristina, Ximena de Tezanos Pinto. Es que la mujer recibió a Sosa y a Guerra en su propiedad, en el piso de arriba de la vivienda de la vicepresidenta, en el edificio de Juncal y Uruguay, en los días previos al ataque. Los jóvenes se sacaron fotos en el lugar e insultaron y amenazaron a la militancia peronista en redes sociales. Además ambos son defendidos por Gladys Equi, una abogado macrista que vive en la casa de Tezanos Pinto.
En tanto, el fiscal Gerardo Pollicita también pidió en su dictamen que se investigue el link de Mercado Pago que figura en las redes sociales de Revolución Federal. En esos movimientos también planean encontrar los indicios que den con más militantes violentos que puedan formar parte de las redes de captación para las marchas y que puedan tener un vínculo directo con los autores materiales e intelectuales del intento de homicidio a Cristina.
Los Caputo
En tanto, el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, aseguró que la sociedad Caputo Construcciones será intimada a presentar en un plazo de 10 días sus estados contables desde 2004 a la actualidad, algo que no realizaron jamás. Lo increíble es que se trata de la principal empresa contratista de los gobiernos de Macri y Horacio Rodríguez Larreta.
Según Nissen, la empresa tiene varias “irregularidades” vinculadas a las millonarias transferencias a Morel, de Revolución Federal. Y explicó: “Todo lo que hicieron llama muchísimo la atención. Le vamos a dar 10 días, ellos pidieron 20, para tener todos los libros y ver qué traen o no traen. Estamos investigando el funcionamiento de la sociedad Caputo Construcciones S.A. que es absolutamente irregular, dado que no se condice con las normas de la Ley de Sociedad. Estamos por sacar una resolución particular".
Y completó: “Caputo Hermanos nunca tuvo ningún interés en cumplir los requisitos, obligaciones y cargas que tiene con la IGJ. Nunca presentó sus estados contables desde que se constituyó en 2004. Nunca presentó ninguno, es algo que he visto casi nunca. Lo que hace pensar que, de entrada, hubo un propósito de sus fundadores de no permitir que se entere la IGJ y terceros de los resultados que hacía. De hecho, desde 2004 tiene el mismo capital, que son 12 mil pesos. Hoy no alcanza para una cena para cuatro personas. Hay una serie de omisiones que llaman muchísimo la atención. Es una ficción de sociedad. Se cumplen las formalidades, pero en realidad no suceden. Es una truchada".
