La Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac) denunció hoy al periodista deportivo Fernando Niembro, a su socio Alberto Meza, al Jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a otros funcionarios del gobierno de la ciudad por los delitos de lavado de dinero e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia recoge la investigación del diario Tiempo Argentino que reveló los contratos por casi 20 millones de pesos que el gobierno de Mauricio Macri realizó con la productora de Niembro, candidato a diputado nacional por el PRO en la provincia de Buenos Aires, mientras que su socio va como candidato suplente en la misma lista.
“Para perfeccionar esta operatoria, se habrían invocado forzosamente razones de 'urgencia', dejando así habilitados los mecanismos previstos para la contratación directa”, dice la denuncia presentada esta mañana por el fiscal general a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, y el coordinador y fiscal ad hoc del Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública, Milton Khaski.
“Nos hallamos por el momento frente a un universo de 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de 'La Usina Producciones S.R.L.' por un monto total de $19,473,878,30” que nunca fueron otorgadas “a través del mecanismo de licitación pública”, dice la denuncia.
Los denunciantes consideraron que Fernando Niembro y su socio Alberto Meza podrían haber incurrido en el delito de lavado de activos, por lo que solicitaron que la causa que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°23 sea remitida a la justicia federal, informó el sitio Fiscales de la Procuración General.
Gonella es uno de los fiscales de mayor confianza de la procuradora Alejandra Gils Carbó, una de las principales espadas del espacio Justicia Legítima, integrado por fiscales, jueces y letrados que tienen posiciones cercanas al kirchnerismo.
El escrito detalla que Fernando Niembro y su socio Alberto Meza fueron beneficiarios de esos contratos gracias al decreto 556/2010 que ordena que las “operaciones impostergables” que aseguren servicios esenciales deban llevarse adelante a través de contrataciones directas y así evitar los procedimientos establecidos por la ley 2095 de la Ciudad.
“Gonella y Khaski subrayaron que la realización de encuestas o el reparto de folletería “no pareciera” estar encuadrado en ese régimen excepcional que se “transformó en una suerte de regla inalterable””, informa la Procuración.
Además la Procelac imputó al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta; a las ministras de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley y Gabriela Mabel Reybaud, y al secretario de Comunicación Social, Facundo Gaytán, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la administración pública y administración infiel.
“Lo dicho precedentemente lleva a pensar no sólo en investigar a los denunciados por la presunta comisión del delito de lavado de activos sino a todos los actores de las diversas operaciones comerciales y su círculo íntimo, en la medida de la intervención que cupo a cada uno en los hechos investigados”, agrega la denuncia.
Los fiscales consideraron la posibilidad del lavado de activos a partir de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con el que la Procelac coordina el trabajo e intercambia documentación de manera habitual. También, los fiscales señalaron que tanto Meza como Niembro “incorporaron a sus respectivos patrimonios diversos vehículos de alta gama”, de las marcas Mercedes Benz y Audi.
Según la denuncia de la Procelac, La Usina fue constituida en mayo del año 2012 -”en una casi perfecta y exacta sincronía con la data en la que se le adjudicaron los primeros contratos por parte del GCBA”- por Atilio Alberto Meza y Fernando Juan Niembro.
Los fiscales agregaron: “Recapitulando, hasta aquí el estado de situación es el siguiente: que una determinada empresa resultó beneficiada a través de la adjudicación prima facie irregular de contratos gubernamentales en forma directa por un monto cercano a los 20 millones de pesos y además, al revisarse la integración de aquella sociedad, se observa que sus socios son actualmente candidatos a cargos electivos en representación de la misma fuerza política que ejerce el gobierno que les asignó los contratos cuestionados”.
Según la información reunida por la Procelac, “la empresa de los candidatos Meza y Niembro (“La Usina) carecería de empleados a cargo, no posee página web (algo particularmente llamativo para los tiempos que corren y más aún teniendo en cuenta que se trataría de una empresa ligada al rubro publicitario, según describe su objeto social), y sus dos únicos clientes durante sus tres años de existencia habrían sido el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires”.