Tras conocer el comunicado que emitió el máximo tribunal de justicia de la Nación, respecto a los dichos del Presidente Alberto Fernández sobre el incumplimiento de ese órgano en relación a la Ley Micaela, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que “son los propios jueces de la Corte Suprema los que incumplen con la normativa que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, incluidas las máximas autoridades”.
La ministra explicó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un comunicado hizo saber que el Poder Judicial de la Nación venía llevando adelante capacitaciones de género hace tiempo, sin embargo, la referencia que hizo el presidente Alberto Fernández está vinculada al incumplimiento de la propia Corte a capacitarse en el marco de la Ley Micaela, como el resto de las autoridades de los otros dos poderes del Estado, a pesar de los requerimientos en ese sentido que ha hecho el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad”.
En ese contexto, Gómez Alcorta recordó que después de haber intentado coordinar por distintas vías y en reiteradas oportunidades la capacitación en género a las máximas autoridades del Poder Judicial, el 23 de junio envió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, a fin de hacerle saber que era necesario fijar una fecha para cumplir con lo que establece la Ley Micaela, ya que es competencia del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad implementarla.
“En esa oportunidad le hice saber que el Poder Ejecutivo ya había capacitado a sus máximas autoridades el 10 de enero; que el 4 de marzo lo hizo el Senado de la Nación y el 6 de mayo la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación y que el único de los tres poderes que aún tiene pendiente realizar la capacitación de las altas autoridades es el Poder Judicial. A la fecha no tuvimos respuesta y vamos a reiterar la nota a la brevedad”, explicó la ministra.
Por último señaló: “Es fundamental avanzar en la implementación de la legislación vigente para promover una verdadera transversalización de la perspectiva de género en todos los poderes del Estado. Empezar por las máximas autoridades implica, además de cumplir la ley, dar el ejemplo al resto de las y los funcionarios públicos”.