19 Diciembre de 2021 08:00
El reparto de la riqueza es lo que diferencia a la derecha de la izquierda"
José "Pepe" Mujica
El viernes 10 de diciembre de 1999, después de haber prometido durante toda la campaña que no daría marcha atrás con la Convertibilidad, Fernando De la Rúa asumió como presidente de la Argentina con el 48.37 por ciento de los votos. La Alianza despertaba una suerte de esperanza en el electorado, que en octubre de ese mismo año se volcó casi de forma masiva a las urnas: la participación fue del 82.32 por ciento. Sostener el "uno a uno" le costaba a los argentinos un millón de dólares de intereses por hora, la destrucción deliberada del aparato productivo del país, mantener al 30 por ciento de la población bajo la línea de la pobreza, un 25 por ciento de desocupación y una deuda externa que, hasta ese momento, ascendía a los US$146.000 millones.
Para sostener la Convertibilidad en un país quebrado, el Gobierno apostaba al financiamiento externo. En efecto, el primer acuerdo Stand By que firmó La Alianza fue el 28 de enero del 2000 por unos 7.400 millones de dólares. De la Rúa llevaba sólo 48 días en el poder. El desembolso inicial fue sólo de 1.300 millones y el resto quedó sujeto al cumplimiento de los objetivos y las metas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. A saber:
Aumentar de 60 a 65 la edad jubilatoria de las mujeres. Convertir al Banco Nación en una Sociedad Anónima. Promover la desregulación de las obras sociales sindicales. Eliminación de la Prestación Básica Universal. Eliminación del déficit del PAMI y reestructuración de la Anses, entre otras exigencias.La ley de flexibilización laboral (más conocida como la Ley Banelco por las denuncias de coimas en el Senado) fue una de las primeras exigencias del FMI cumplida por De la Rúa. El proyecto fue enviado al Congreso en enero del 2000 y se sancionó el 11 de mayo en la Cámara baja con 121 votos a favor, 84 en contra y dos abstenciones. El recorte implicaba un ajuste en los sueldos del sector público y las jubilaciones de entre el 8 y el 20 por ciento, dependiendo la escala; así como la extensión del período de prueba (que pasó de uno a seis meses, con opción por parte del empleador de renovarlo y evitar así la efectivización del empleado), la habilitación de convenios por empresa (y no por actividad) y más.
Las denuncias por el pago de coimas en la Cámara Alta se cobraron el primer golpe al Gobierno: el seis de octubre del 2000 a las 19.33, Carlos "Cacho" Álvarez renunció a la vicepresidencia de la Nación. Sólo un mes más tarde, comenzaron a desplomarse los precios de los títulos públicos y se disparó la tasa de interés. Los denominados mercados desconfiaban de la posibilidad de la Argentina de conseguir los 21.800 millones de dólares que necesitaba para refinanciar los pagos de la deuda externa en 2001.
Para generar confianza, el 18 de diciembre el presidente anunció desde Olivos un nuevo acuerdo con el FMI y otros organismos (entre ellos el Banco Mundial, el BID y el Estado español) por US$39.700 millones. Se trataba, hasta ese momento, del mayor préstamo de la historia del país. El denominado "blindaje" logró frenar el retiro de depósitos hasta marzo del 2001, mes en el que el por entonces ministro de Economía, José Luis Machinea, presentó su renuncia.La salida de Machinea dio lugar al desembarco de Ricardo López Murphy, quien juró el cuatro de marzo del 2001 y estuvo a cargo de la cartera económica sólo 16 días. El flamante funcionario anunció una reducción de salarios y el arancelamiento de las universidades públicas, fibra sensible para el radicalismo. "El grueso de esa reducción corresponde a la eliminación de gastos que la sociedad ha considerado irritantes por representar la persistencia de privilegios intolerables", justificó en su momento.
Doce días después de asumir, López Murphy redobló la apuesta y anunció otro recorte por US$2.000 millones en el gasto público. La decisión precipitó la renuncia de otros tres ministros del Frepaso y debilitó al funcionario, quien presentó la propia el 20 de marzo. Su salida implicó el desembarco en Economía del denominado "padre de la Convertibilidad", Domingo Cavallo; quien en nueve días consiguió que el Congreso le otorgara "superpoderes" para poder frenar la crisis económica, social y financiera que ya se palpaba en cada rincón de la Argentina.
Para ese entonces, el país ya había superado en mil millones de dólares la meta de déficit fiscal establecida para el primer trimestre del año y así llegó la primera medida de Cavallo: el "megacanje". En concreto, se trató de la postergación de los vencimientos de las distintas deudas (con vencimientos al 31 de diciembre del 2010) por tres años. A cambio, el Gobierno aumentó los intereses de la deuda al 7 por ciento anual. "Cambiamos tiempo por intereses", intentó justificar De la Rúa años después. En concreto, gracias al megacanje, la deuda creció en US$2.255 millones. Pasó de US$88.000 millones a US$102.000 millones.
En abril del 2001, el presidente mantuvo un encuentro en Washington con el por entonces primer mandatario de Estados Unidos, George W. Bush. Fue para respaldar las negociaciones que llevaba adelante Cavallo, quien se había comprometido a un ajuste de cuatro mil millones de dólares. El 30 de julio, en línea con las exigencias del Fondo, el Senado aprobó un recorte adicional del 13% en salarios y pensiones públicas que superaran los $500.
Tres meses más tarde, el debilitado Gobierno perdió las elecciones legislativas. Para ese entonces, los números oficiales ya alertaban que había 20 millones de argentinos pobres, la mitad de ellos chicos y adolescentes; y 2.400.000 de desempleados. En sus dos primeros años de gestión, La Alianza perdió el 10 por ciento de los votos y a octubre del 2001 contaba sólo con el 38.5 por ciento de aprobación social.
Reservas del Banco Central
Enero 1999: US$35.000.000.000 Octubre 2001: US$17.000.00.000Deuda externa
Abril 2000: US$147.667.000.000 Octubre de 2001: US$180.000.000.000Pese al malestar social, el 19 de noviembre De la Rúa dio inicio a una masiva reestructuración de deuda pública y continuó con cada uno de los pedidos de ajustes del FMI. Para ese entonces, el Riesgo País rozaba los 3.000 puntos y los movimientos piqueteros hacían sentir cada vez más la presión social. A la espera de un nuevo giro del Fondo para frenar una nueva fuga bancaria, el tres de diciembre se impuso el denominado "corralito".A partir de ese lunes, los argentinos sólo podían extraer de sus cuentas bancarias un máximo de $250 semanales. Dos días más tarde, pese al optimismo que Cavallo le transmitía al presidente, el Fondo les soltó la mano y no aprobó el crédito negociado por el ministro de Economía.
"El programa de Gobierno no es sustentable, ni viable", fue la respuesta que llegó de Washington. En concreto: el Fondo se negó a liberar el desembolso de US$1.260 millones de dólares y el riesgo país superaba ya los 4.000 puntos.
Los ahorristas comenzaron a agolparse en las puertas de los bancos y la desesperación por hacerse de efectivo aceleró el malestar. Las ventas de los comercios bajaron en un 70 por ciento y comenzaron a gestarse los denominados "clubes de trueque".
Diez días después de la implementación de la medida restrictiva, se llevó adelante una huelga general que paralizó durante seis días al país. Mientras tanto, para evitar un default, el Gobierno cumplió y le pagó al Fondo 700 millones de dólares. Comenzaban a circular en el país las "cuasimonedas" para el pago de salario.
Esa misma semana, renunció el vice de Cavallo, Daniel Marx. A cambio de reabrir las negociaciones, el Fondo ahora le exigía al ya asfixiado Gobierno argentino un "presupuesto con recortes por 3.000 millones de dólares" para el 2002. Desesperado, el "padre de la Convertibilidad" viajó a Estados Unidos y se comprometió a un ajuste superior de 4.000 millones de dólares en el Presupuesto para destrabar el desembolso hasta entonces negado.
El 18 de diciembre, el mismo día en el que Cavallo anunció que por única vez se podrían retirar $500 por las Fiestas, comenzaron los primeros saqueos. "Confiaba en la reactivación de nuestra economía, pero no contaba con que el Fondo se nos iba a tirar encima", reconoció tiempo después De la Rúa.
Un día después, el presidente decreta el Estado de Sitio. El anuncio no hizo más que colmar la paciencia social. Miles de personas se volcaron ese mismo día a la Plaza de Mayo y a los principales centros de reunión de todo el país. Comenzó a corearse el ahora histórico: "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo".
"Una de las preocupaciones era que se avance sobre la casa de Gobierno", recordó años después Rubén Santos, por entonces jefe de la Policía Federal. La represión fue tal, que en la madrugada los efectivos apostados en las inmediaciones de Balcarce y el Congreso debieron recibir más municiones.
La renuncia de Cavallo se formalizó recién en la mañana del 20 de diciembre. La Plaza jamás logró ser desalojada y a partir de las dos de la tarde cientos de personas se sumaron a las manifestaciones. Las imágenes atravesaron el mundo: la Policía reprimiendo con balas de plomo, los caballos pasando por encima de las Abuelas, quienes se hicieron presentes para calmar las aguas y llevar adelante su histórica ronda de los jueves.
Pasadas las once y media de la mañana, la juez federal María Servini de Cubría llegó acompañada por un comisario para poner freno a la represión. Por ese entonces, De la Rúa seguía los acontecimientos desde la comodidad de la residencia presidencial de Olivos y Cavallo todavía escuchaba las cacerolas que sonaban en la puerta de su casa. Mientras tanto, la cifra de muertos a nivel nacional ya ascendía a 39.
Recién a las cuatro y media de la tarde se escuchó el primer mensaje de De la Rúa después de haber declarado el Estado de Sitio. "Me dirijo a cada dirigente radical, peronista o de otros partidos a acordar con el Ejecutivo las reformas políticas que sean necesarias. Los convoco a conseguir la unidad nacional". No hubo respuesta del arco político y el presidente comenzó a planificar su evacuación de La Rosada.
A las siete de la tarde, sólo media hora después de firmar su renuncia, De la Rúa se subió al helicóptero presidencial y abandonó la Casa Rosada. Nunca fue juzgado por los 39 asesinatos que se dieron el 19 y 20 de diciembre del 2001. Jamás pidió perdón, ni se hizo cargo de la decisión política de reprimir.
