El centro de la investigación por las irregularidades en la construcción de obra pública que quedó en manos de Lázaro Báez durante el kirchnerismo tiene como uno de los destinos más polémicos a Bahía Blanca. Una auditoría interna de la AFIP reveló que la sede de la agencia recaudadora de esa ciudad cometió “múltiples irregularidades” en las operaciones de la compañía, y observó demoras para alertar sobre facturas truchas.
En la auditoría se observa que la sede de Bahía Blanca ocultó datos sensibles respecto a empresas que emitieron facturas para Báez. Se trata de una operatoria millonaria, donde hubo irregularidades en la fiscalización y “demoras injustificadas” poco usuales, que sirvieron para proteger al dueño de Austral Construcciones S.A.
La auditoría de la AFIP finalizó en octubre pasado, y tuvo como eje a la División de Fiscalización N° 3 de Bahía Blanca. Se analizó desde 2011 en adelante. El resultado fue amplio: se desplazó a varios funcionarios y se determinó el cierre temporario de la regional, según La Nación.
Los resultados de la auditoría interna de la AFIP que apuntan a maniobras clandestinas de Báez.
Los resultados apuntan a las irregularidades en la facturación de empresas ligadas a Báez. El Grupo Pena S.A y Calvento S.A, dos sociedades de la familia Ficcadenti, quedaron en la mira, por proveer a Austral Construcciones de facturas ilegales. También proveyeron de facturas truchas a Constructora Patagónica Argentina, que a su vez también le facturó millones a la empresa de Lázaro.
Los datos de la auditoría apuntan a una “excesiva dilación” de los tiempos utilizados para analizar si la firma Calvento correspondía ser incluida en la Base E Apoc, el listado oficial de usinas de facturas apócrifas de la AFIP. También sospechan de las demoras en la intervención del caso. Algo similar ocurrió con la empresa Grupo Penta & Cía S.A.
La auditoría abarca los hechos desde 2011 en adelante en la sede de la AFIP en Bahía Blanca.
Por otro lado, también se detectaron fallas y omisión de controles más que variados. Falta de análisis de la operatoria con la firma Austral Construcciones, así como relevamientos de la planta laboral de las compañías, y fiscalización de la capacidad operativa. Tampoco se solicitaron a los clientes de la fiscalizada los contratos que regulan la adjudicación de la obra pública y los modos en que se llevaron a cabo los pagos.
Ahora, las autoridades de la AFIP podrán evaluar si se inician sumarios internos a todos los funcionarios y ex funcionarios que estuvieron involucrados en las irregularidades que denuncia la auditoría. Eso podría alcanzar al jefe de fiscalización, responsables regionales e incluso a colaboradores del ex titular de la agencia, Ricardo Echegaray. El informe, además, fue girado a la Justicia de Bahía Blanca.