"La solución es el camino de El Salvador": el modelo Bukele de Berni para frenar a los narcos

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuestionó los métodos con los que se enfrenta a la escalada de violencia narco en Rosario y pidió un modelo carcelario como el que recientemente expuso a través de imágenes y videos el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

"La solución de la Argentina es el camino que llevó adelante Bukele", aseguró el funcionario ante Cadena 3 Rosario. "No tiene que ver con el tamaño de la cárcel sino con una decisión de acabar con esto. Puedo asegurar que no es difícil", propuso, mientras dio a entender que la problemática situación del enfrentamiento con los grupos narcos que asola a toda la región es un problema de voluntades.

La referencia es por la megacárcel que fundó el mandatario centroamericano, la cual fue presentada como la "más grande de toda América" y la cual está orientada exclusivamente a terminar con las pandillas conocidas como maras, una de las problemáticas criminales y sociales más grandes de la historia del país.

"El Salvador ha logrado pasar de ser el país más inseguro del mundo, al país más seguro de América", detalló Bukele los días previos a la presentación de la prisión en Twitter. "¿Cómo lo logramos? Metiendo a los criminales en la cárcel. ¿Hay espacio? Ahora sí. ¿Podrán dar órdenes desde adentro? No. ¿Podrán escapar? No. Una obra de sentido común", aseguró.

Que se puedan comunicar desde adentro también fue otro de los ejes con los que Berni decidió castigar a las autoridades competentes del Poder Judicial y la lucha contra el narcotráfico en Rosario y Santa Fe, ya que el ministro definió como "inadmisible" que "los narcotraficantes puedan seguir moviéndose desde la cárcel como si estuvieran en libertad" y que tengan libertad para comunicarse -y organizar sus grupos mafiosos- desde su lugar de encierro. 

 

Su critica se orientó hacia el Servicio Penitenciario Federal (SPF), de quienes afirmó que deberían "explicarle a la sociedad por qué desmanteló el Servicio de inteligencia criminal y por qué permite algo tan estúpido como que el narcotráfico siga en comunicación desde la prisión".

"Los límites de la democracia se corren cuando un ciudadano común es víctima de la negligencia del Estado. Yo entiendo que la lucha contra el narcotráfico no es fácil, pero no entiendo que haya un gobierno que permita que los presos se comuniquen desde la cárcel, que tiene una laxitud extrema con los detenidos, que permita liberar presos en plena pandemia porque tiene miedo que sufran o se contagien de la enfermedad igual que cualquier ciudadano argentino. No entiendo a una justicia que libera presos sin importar sus consecuencias", argumentó Berni.

"Esto lo he experimentado permanentemente en cada una de mis investigaciones. Es inconcebible, nadie sale a dar una explicación. Quienes padecemos las consecuencias de estas irresponsabilidades somos los argentinos", insistió el ministro, antes de avisar que todo seguirá igual mientras que haya "una justicia que se caga de risa" y "los presos sigan llevando adelante sus delitos por vía telefónica".

"Puedo decir por experiencia que a todos aquellos garantistas, cuando les pasa a ellos, prácticamente piden la pena de muerte. Lo mismo que cuando desalojamos terrenos en lugares donde muchos de los políticos se promocionan o no advierten que la Constitución habla del derecho privado de cada uno de los ciudadanos. Ahora, cuando a uno de estos garantistas le toman una propiedad privada, son los primeros en pedir desalojos", criticó Berni, metiéndose de lleno en una disputa ideológica.

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La discusión y la propuesta puede parecer a simple vista viable, aunque la institucionalidad argentina demanda otros métodos por fuera de la crítica pública. Fundamentalmente que para cambiar las realidades que denuncia Berni hay que estar dentro del marco de la ley, o en todo caso, proponer una nueva legislación que permita que los detenidos puedan estar en las condiciones en las que están en El Salvador, las cuales dejan mucho que desear de acuerdo a las críticas.

Así marcaron las diferencias desde Amnistía Internacional, desde donde expresaron una "profunda preocupación" por el "claro patrón de violaciones de los derechos humanos bajo el enfoque de la seguridad pública actual en El Salvador" y alertaron a la comunidad internacional que "la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el esclarecimiento de estos abusos".

Por otro lado, la presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en ingles), Carolina Jiménez Sandoval, también apuntó contra la prisión que está lejos de ser modelo. 

"Con esta cárcel el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador muestra que no tiene planes claros para prevenir el delito. Su opción principal es un estado de 'excepción' permanente en el que se cometen violaciones de derechos humanos", acusó la mujer desde su Twitter.

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Esto no pareció importarle a Berni, quien directamente apuntó contra las fallos en los operativos y la decadencia criminal en la que se encuentra la ciudad santafesina. "En Rosario hubo un retiro del Estado que se fue haciendo gradual y terminó por un copamiento de los territorios por parte de la delincuencia. Hay que volver a poner políticas públicas, que baleen una comisaría en bicicleta y se escapen ya es una postal. Cuando pasa esto ya no hay más nada que describir", expresó el funcionario.

"¿Cuánto se tardó en actuar? ¿Tan difícil era? Ayer ingresaron 300 gendarmes y, ¿no fue una bocanada de aire fresco? Si eso se relaja y atrás de Gendarmería no van las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales, es pan para hoy y hambre para mañana", añadió Berni.

A su vez continuó con sus críticas hacia el Poder Judicial y su lentitud para darle sus soluciones al problema social de la criminalidad. "Tengo 700 pedidos de detenciones de trabajos de ventas de drogas al menudeo, la Justicia todavía está dando vueltas para ver cuándo se decide a darnos los allanamientos y las detenciones. Hoy el promedio de una investigación de venta de drogas no lleva menos de 6 u 8 meses, cuando esto se soluciona de manera muy rápida. Cuando esperás 8 meses el barrio se cansa, y pasa lo que pasó en Rosario", definió.

La inseguridad y la ostentación criminal de las bandas de narcotraficantes de Rosario son una de las principales problemáticas que vive el país en este momento. A la hora de dar soluciones, se pretende de funcionarios y legisladores, que lo hagan con la ley en la mano y no con un video viral de las redes sociales.