31 Agosto de 2016 16:58
Si las paredes hablaran, alcanzaría para escribir la oscura enciclopedia del espionaje argentino. Si los agentes que trabajaron en esos sitios se decidieran a escribir sus memorias, lo terrorífico y lo bizarro se confundirían en una historia estatizada de la corrupción, el crimen y los seguimientos ilegales.
Hace 10 días, a través del decreto 952, el gobierno de Mauricio Macri puso a la venta 17 inmuebles que pertenecen al Estado nacional.
Billinghurst. Donada por la embajada de Estados Unidos para luchar contra el comunismo.
Un comunicado de unas pocas líneas le alcanzó al titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús, para explicar que se trataba de edificios en desuso, con "concesiones vencidas por montos por debajo de su valor de mercado" que les permitirán al Estado reducir gastos de mantenimiento y seguridad.
En ese sencillo acto, el macrismo le puso bandera de remate a dos edificios tenebrosos de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que marcaron a fuego las últimas décadas.
LA BASE BILLINGHURST
Matrícula Catastral: circunscripción 19, sección 15, manzana 54, parcela 21.
La base Billinghurst 2457/2463, en Barrio Norte, a pocos metros de la avenida Las Heras, es un edificio gigantesco que supo refugiar a 200 empleados de la ex SIDE. Fue durante décadas y hasta hace muy poco, la segunda base en importancia de La Casa.
Ahí confluyeron durante una era turbulenta las dos áreas principales de los espías, Inteligencia Interior y Contrainteligencias.
Ahí, nació la banda parapolicial de Aníbal Gordon. Ahí, actuaron represores impiadosos como Eduardo Ruffo. Ahí, el ex coronel Rubén Víctor Visuara -el jefe operativo de la banda- le encargó a Ruffo conseguir un galpón en el que los gritos de los torturados por la dictadura quedaran sepultados por el ruido exterior.
Ruffo lo encontró: pasaría a la historia como “Automotores Orletti”, frente a las vías del ferrocarril Sarmiento. Visuara era subordinado del entonces general y jefe de la SIDE Otto Paladino, que contaba entre sus pergaminos haber sido fundador de la Triple A.
Ex coronel Visuara, de la banda de Aníbal Gordón a la base Billinghurst en dictadura.
Juzgado en 2010 por crímenes de lesa humanidad, el ex coronel Visuara declaró antes de morir en 2011 cómo fue que desembarcó en la base Billinghurst de la SIDE. “Me presento en la Secretaría de Inteligencia de Estado el día 22 de septiembre 1976 donde se me designa por orden del día como Jefe del Departamento A.III.1, que quedaba en proximidades de Billinghurst y Av. Las Heras".
Visuara afirmó que sus subordinados “eran más de 186 cien, que todos prestaban servicios en Av. Las Heras y Billinghurst”, que “el primer subordinado era Salvadores” y que no recordaba el nombre de los restantes, que “en A III I había sólo personal orgánico”.
El vicecomodoro retirado de la Fuerza Aérea Néstor Guillamondegui dijo que “era un departamento de reunión de información que además realizaba tareas de seguridad y apoyo a otras dependencias de la Secretaría” y “dependía de la Dirección Reunión” cuyo director era el coronel Michel, que su vez dependía del subsecretario de Interior, el coronel Terrile.
Y aclaró: “básicamente lo que se interpreta por reunión era reunir información sobre la situación psico-social de la coyuntura en un determinado momento. Por ejemplo, si se estaba en proximidades de un paro, se reunía información gremial; si se estaba en proximidades de un acontecimiento político importante, se reunía información sobre el elemento”.
Continuó explicando que las tareas de seguridad consistían “en dar seguridad a funcionarios, dar seguridad a visitas extranjeras, se hacía explotación de prensa -periódicos, revistas especializadas, etc".
El libro que revela gran parte de lo que sucedió en los edificios que remata el gobierno.
En ese edificio había funcionado la Corporación Argentina de Transportes y, según los rumores de la época, había sido donado por la embajada de Estados Unidos para afrontar la lucha contra el comunismo vernáculo. Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, la SIDE abrió la estación Billinghurst.
“Es la base de Inteligencia interior, encargada de observar los movimientos de los argentinos en la calle, de anticipar marchas piqueteras o gremiales, de espiar en las asambleas vecinales o estudiantiles. Esa base, en teoría, recopila la información de las bases secretaras de las principales capitales provinciales”, escribió el periodista Gerardo Young en su libro “Código Stiuso”.
Desde ahí, salieron los tres llamados al celular del ex comisario Alfredo Fanchiotti el día de la cacería que terminó con los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Según consta en el expediente judicial, Fanchiotti -condenado a perpetua por el asesinato de Santillán- recibió tres llamados desde un teléfono de línea desde las oficinas de inteligencia de la calle Billinghurst: uno a las 17:30, otro a los 19 y otro a las 20, de acuerdo al detalle de las comunicaciones proporcionado a la causa judicial por la empresa Nextel.
Hasta hace poco, se podía ver en la calle la consigna que pintaron los familiares de los piqueteros asesinados: “El gobierno ordena, la Side organiza y la policía dispara”.
El ex comisario Fanchiotti, asesino de Santillán. Recibió tres llamados de Billinghurst.
LA BASE CORONEL DIAZ
Matrícula catastral, circunscripción 19, sección 15, manzana 26, Parcela 7ª.
En el infierno de Automotores Orletti, base local del Operativo Cóndor, la SIDE descargó su sadismo y encontró además financiamiento para comprar otro edificio de tres plantas en Barrio Norte, la base Coronel Díaz, que ahora el presidente también puso a la venta.
Ahí, estuvieron cautivos por lo menos 30 uruguayos entre junio y julio de 1976. Según cuenta Young -en sintonía con el periodista uruguayo Roger Rodríguez- la SIDE secuestró a uno de los líderes del oriental Partido por la Victoria del Pueblo, llamado León Duarte, y le sacó una fortuna de US$ 500.000.
Con el 70% de esos fondos, el dictador Jorge Rafael Videla autorizó la compra de una nueva sede para los muchachos, la base Coronel Díaz.
Muchos años después, la estación Coronel Díaz sería la encargada de investigar el atentado a la AMIA y ocuparse del terrorismo internacional. Terminaría, en cambio, desplegando un formidable operativo de encubrimiento desde ese edificio.
Base Coronel Díaz. La compraron con el dinero que le robaron a un desaparecido.
En Coronel Díaz, en 1977, comenzó a funcionar la llamada Dirección de Reclutamiento, el lugar por el que pasó una legión de espías que hizo su debut durante la dictadura más sangrienta de la historia.
Ahora frente al shopping Alto Palermo, en el edificio de Coronel Díaz 2079, existió -hasta que Macri llegó a la presidencia- la Dirección de Inteligencia exterior.
Ahí mismo estuvo antes la Dirección de Observaciones Judiciales, la famosa OJOTA que se encargó de las escuchas telefónicas durante la década de los 90 y parte de los 2000, antes de recalar en la Procuraduría General de la Nación en los estertores del kirchnerismo y a la Corte Suprema con el arribo de Cambiemos.
Según cuenta el libro “Código Stiuso”, era la base encargada de recibir la información de las delegaciones que en el extranjero se camuflaban dentro de las embajadas argentinas o en bases secretas como las de Miami o Foz de Iguazú.
La SIDE argentina compró el edificio de 314 metros cuadrados de Coronel Díaz que ahora Macri pone a la venta con plata robada a un uruguayo detenido, torturado y desaparecido.
Desde ahí, desplegó su teatro de operaciones Antonio Jaime Stiuso en los años del alfonsinismo. Desembarcó junto a un grupo de espías que llegaban de la base de Estados Unidos al 3100 para operar con los equipos israelíes que el gobierno había comprado para hacer escuchas telefónicas.
Stiuso. Durante el alfonsinismo hizo escuchas en la base Coronel Díaz.
Durante el menemismo, el jefe de la SIDE que más duró fue Hugo Anzorreguy.
Según una nota del periodista Eduardo Tagliaferro publicada en Página 12 a fines de los noventa, Anzorreguy reclutó a represores de la última dictadura y logró la fidelidad de grupos enfrentados entre sí: la Dirección de Contrainteligencia o área 85 y la Dirección de Operaciones Especiales o área 34, también conocida como Sala Patria y que funciona en el edificio de la calle Coronel Díaz 2079.
Allí, se destacaban dos agentes que marcaron una época; los ex número 1 y número 2 de la Sala Patria, Patricio Finnen y Alejandro Brousson.
El gobierno también puso a la venta las oficinas que la ex SIDE tiene en la calle Sánchez de Bustamante 2496, una superficie de 873 metros cuadrados.
Se trata de un predio que está ubicado en la misma manzana de la base Billinghurst y se supone que es otro de sus ingresos, utilizado hasta hace no tanto como garaje y depósito.
La SIDE llegó a tener decenas de propiedades y a armar sociedades integradas por sus agentes. Osgra y Tiumayo fueron las pioneras en los primeros años. Después, el superpoderoso Stiuso fue diversificando la ingeniería societaria junto a sus amigos.
Gustavo Arribas, el nuevo jefe de la SIDE. Prescinde de dos edificios con historia negra.
Como un acto administrativo más, con apenas una firma Macri y el jefe de Gabinete Marcos Peña quieren desprenderse de un edificio que podría haber sido rematado con grandes discursos en nombre de la transparencia y la democracia. Lo hubiera hecho el kirchnerismo si no hubiera decidido aferrarse al escorpión del espionaje para hacer polítia.
La sobriedad recaudatoria de Cambiemos es atinada porque el nombramiento de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani -sin experiencia y con cuestionamientos frondosos- no habilita la épica refundacional. Más bien, abona la hipótesis de que a la ex SIDE vuelven los mismos de siempre, aunque los edificios se pongan a la venta.
La venta de inmuebles emblemas de las catacumbas de la ex SIDE pasó inadvertida. Apenas recibió cuestionamientos del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que advierte que la venta necesita autorización del Congreso y que el decreto presidencial que autoriza choca con la Constitución Nacional.
“La superficie total de terreno a vender es aproximadamente de 18.480 m2. La Constitución de la Nación establece que la disposición del uso y la enajenación de tierras de propiedad del Estado Nacional es competencia del Congreso (art. 75 inciso 5). Por lo tanto, el Presidente ni la AABE podrían vender tierras sin la autorización del Congreso. El Decreto N° 952/16 se sustenta en la Ley N° 22.423 que es en realidad un Decreto-Ley de la dictadura firmado por Videla y por José A. Martínez de Hoz el 6 de marzo de 1981”.
