En el corazón de un gobierno que pregona boca para afuera la transparencia, el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, enfrenta denuncias que hacen tambalear el discurso oficial. Una investigación periodística encabezada por Hugo Alconada Mon y respaldada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que Vázquez posee, mediante sociedades offshore radicadas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, propiedades en Miami valuadas en al menos 1,69 millones de dólares que no fueron declaradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Según los documentos publicados, Vázquez es titular de las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, las cuales realizaron las siguientes adquisiciones:
- 9 de enero de 2013: Alcorta Corp compró un departamento en el Icon Brickell de Miami por 710.000 dólares.
- 10 de enero de 2013: La misma sociedad adquirió otro inmueble en la avenida Brickell 1060 por 350.000 dólares.
- 20 de julio de 2015: Pompeya Group Corp adquirió una suite en Chateau Beach Residences, Sunny Isles, por 980.000 dólares.
De acuerdo con la investigación originalmente publicada por La Nación, en 2016, tras el escándalo de los Panamá Papers durante el macrismo, Vázquez recurrió a la sociedad Galanthus Capital Limited, radicada en las Islas Vírgenes Británicas, como holding controlante de las dos sociedades panameñas, con el objetivo aparente de alejarse aún más de las propiedades. Sin embargo, los documentos obtenidos muestran que, hasta el día de hoy, sigue vinculado a estos bienes.
La Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a declarar todos sus bienes, tanto en el país como en el exterior. En su última declaración jurada, que por cierto es bastante escueta, presentada en octubre de 2023, Vázquez informó la titularidad de diez inmuebles en Argentina y tres cuentas bancarias en Estados Unidos con un saldo total menor a 3.000 dólares, pero omitió cualquier referencia a las sociedades offshore o a las propiedades que tiene en la bella ciudad de Miami.
Este presunto incumplimiento podría configurarse como el delito de "omisión maliciosa", penado por el Código Penal con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, el flamante titular de la DGI, puesto a dedo por el mismísimo presidente Javier Milei, podría enfrentar cargos por evasión tributaria, enriquecimiento ilícito o lavado de activos, según la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya abrió una investigación preliminar.
La trayectoria de Vázquez en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no está exenta de controversias. Ingresó al organismo en 1990 y lideró operativos polémicos, como el realizado contra el Grupo Clarín en 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Años después, fue desplazado por denuncias de corrupción y hostigamiento político. Su designación en octubre de 2023 como jefe de la DGI, tras la reestructuración de la AFIP en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), levantó críticas desde diversos sectores.
El gobierno de Milei, que hizo de la lucha contra la corrupción un eje central de su gestión, enfrenta ahora un desafío mayúsculo: demostrar si sus principios de transparencia son sólidos o si también sucumben ante los escándalos que ya marcaron a las administraciones anteriores. Mientras tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni se hizo el zonzo y calificó el caso como "un tema del pasado", alegando un supuesto sobreseimiento de Vázquez en 2022. Sin embargo, la documentación reciente y el inicio de la investigación por parte de la PIA indican que las dudas persisten.