La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los trece acusados en el juicio por supuestas irregularidades con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner. "Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios y sería irresponsable avanzar en una acusación", sostuvo Leandro Ventura, abogado de la UIF, en su alegato.
A través de la plataforma Zoom, seguido por la vicepresidenta, descartó que corresponda encuadrar a los acusados bajo los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita. En el caso de la mandataria, el organismo consideró que su intervención en los hechos investigados se desarrolló "en el marco de facultades que le eran propias, en el marco de la Constitución Nacional y las leyes".
De esta manera, la querella evaluó que queda "frente a una cuestión política, cuyo acierto o desacierto se encuentra excluido de control jurisdiccional". "No es posible atribuir responsabilidad penal por una acción conforme a Derecho", agregó Alejandro Irachet casi al finalizar el alegato, que se extendió por casi tres horas.
La UIF remarcó que "no se cuenta en el debate con el grado de certeza suficiente para afirmar la existencia de sobreprecios en las obras analizadas", y apuntó en particular contra una cuestionada pericia contable realizada sobre las obras públicas de Santa Cruz, a la que reclamó "descartar" por sus "inconsistencias y falta de acuerdo entre peritos".
En el juicio busca determinar si Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante el kirchnerismo y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos. Además de la vicepresidenta, Báez, De Vido, José López y el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti son algunos de los acusados por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta. También son juzgados ex funcionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.
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Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo "Austral Construcciones" de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante. La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas. Los abogados del organismo iniciaron su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 con el planteo de que la UIF debió haber desistido de su rol acusador en esta causa durante la administración anterior, en 2017, porque en ella no se investiga "lavado de activos".
La UIF se amparó en un "estado de duda insuperable" en relación a los presuntos sobreprecios, por lo que reclamó la "absolución de todos los acusados respecto al tipo penal de administración fraudulenta". Al no poder "acreditarse la existencia de un fraude", la querella descartó también el otro delito que se ventila en el juicio, la figura penal de asociación ilícita. "Resulta imposible probar la existencia de una asociación criminal", puntualizó el organismo en referencia a esa acusación. La UIF solicitó descartar como prueba una pericia considerada "clave" sobre las obras cuestionadas, a la que le atribuyó "inconsistencias y falta de claridad"
Sin ir más lejos, la querella sólo pidió una pena de un año de prisión en suspenso para seis exfuncionarios de la delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional y de Vialidad de esa provincia por presunto incumplimiento de deberes al omitir controlar irregularidades en contratos adjudicados a empresas de Lázaro Báez. Sin embargo, recomendó evaluar si el delito se encuentra prescripto por el paso del tiempo al concluir el alegato en cumplimiento a la "instrucción del presidente" de la UIF.
En cuanto a Báez, propietario de Austral Construcciones, el organismo también pidió la absolución por todos los delitos por los que llegó a juicio. El juicio se reanudará el 1º de agosto con el alegato del fiscal de juicio Diego Luciani, que se extenderá por nueve audiencias. La Vicepresidenta se conectó de manera remota al Zoom, al igual que el exministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López.
Desde la sede de Comodoro Py 2002, el juez Jorge Gorini del TOF 2 dio por abierta la primera audiencia de alegatos a las 9.30, tras comprobar que los 13 acusados estaban conectados con cámaras prendidas al juicio, que, a raíz de la pandemia, se realiza de manera virtual desde agosto de 2020.
El fiscal Luciani investiga “una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro de la Administración Pública, en la que una estructura permanente y coordinada de personas - principalmente funcionarios públicos- logró la sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.
El funcionario público sostiene que "la modalidad escogida para la apropiación de los fondos del Tesoro Nacional fue adjudicar prácticamente el 80% de la obra pública vial de la provincia a la que intencionalmente más dinero se direccionó en nuestro país a uno de los miembros de la organización criminal, Lázaro Báez, quien recibió entre los años 2003 y 2015 contratación del Estado por valores cercanos a 8.000 millones de pesos".
Aquel monto, actualizado a agosto de 2016, asciende a la suma de prácticamente "46.000 millones de pesos”. “El amigo personal y socio comercial de la ex familia presidencial al cual se habrían de asignar los fondos públicos, lo cual aconteció alrededor de dos semanas antes de la asunción del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, quien juró el 25 de mayo de 2003", sostiene la acusación.
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Y agrega: "Simulando ese rol como un oferente particular más del Estado le permitiría salir victorioso y recibir un esquema de beneficios exclusivos y permanentes, gracias al papel de los otros miembros que actuarían desde la esfera pública, direccionando la licitación y promoviendo la inobservancia de los controles en cada una de las contrataciones perjudiciales celebradas”.
Para el fiscal, para llevar adelante la maniobra, a través del decreto n° 27/03, "Néstor Kirchner transfirió a esa cartera ministerial un área clave en materia de obra pública: la Secretaría de Obras Públicas, en donde el ex Presidente colocó en su primera gestión y la ex primera mandataria reafirmó a lo largo de 8 años al Ing. José Francisco López, quien en el año 2003 ocupaba el cargo de presidente del Directorio del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de Santa Cruz desde 1994". "Instituyeron a la provincia de Santa Cruz como la más beneficiada en la transferencia de fondos públicos para la realización de obras viales", resaltó.
Esto -aclaró- con un 11% del presupuesto total y le asignaron durante el periodo 2003-2015 un total de $21.880.376.306. “De este modo, bajo la apariencia de una legítima política de gobierno, Néstor Kirchner y Cristina Fernández erigieron a la obra pública vial como el dispositivo de inversión real directa más importante de nuestro país, es decir el modo a través del cual se incorporaron activos no corrientes al patrimonio nacional, sin embargo, dicha política de gobierno fue -al menos en lo que compete a la provincia de Santa Cruz- el mecanismo a través del cual se canalizarían fondos hacia donde su socio, Lázaro BÁEZ, resultaría espuriamente beneficiado”, detallaron.