12 Septiembre de 2019 12:56
La oposición buscará darle media sanción al proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria en la Cámara de diputados. La iniciativa busca extender la emergencia hasta diciembre de 2022 y dispone un aumento del 50 por ciento en las partidas destinadas a la compra de alimentos que realiza el Gobierno nacional. Contaría con el respaldo de sectores del oficialismo.
La iniciativa busca incrementar en un 50 por ciento la cantidad de dinero que el Gobierno destina a la compra de comida para programas nacionales de alimentación y nutrición. El texto del proyecto de ley fue consensuado por todos los bloques opositores, y prorroga la emergencia aplicada por decreto por el presidente Eduardo Duhalde en enero de 2002. Prevé la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional, y apunta a que a partir del 1° de enero de 2020 el jefe de Gabinete estará facultado a actualizar de forma trimestral las partidas correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” del Índice de Precios al Consumidor del INDEC.
Le otorga al Poder Ejecutivo a ampliar y reestructurar el presupuesto de la administración para darle un “abordaje efectivo a la emergencia alimentaria y nutricional”. “La inseguridad alimentaria se relaciona con la falta de recursos económicos para acceder como mínimo a comprar productos de la canasta básica de alimentos”, dice el texto. El proyecto recuerda que en el segundo semestre de 2018 la pobreza ascendía al 32 por ciento, y estiman que para el fin de 2019 alcanzará a un 38 por ciento de la población.Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo fiscal de la emergencia alimentaria ascendería a $10.489 millones si se calcula sobre los montos asignados a políticas alimentarias hasta el 31 de agosto. Si en cambio se calcula sobre los montos que aún no fueron hasta el 31 de agosto, el costo sería de unos $4.061 millones, de acuerdo al informe, al que tuvo acceso BigBang. Los datos apuntan que hasta el 31 de agosto se destinaron más de $20.000 millones, entre el Plan Nacional de Protección Social ($372 millones), políticas alimentarias ($18.210 millones) y Pro Bienestar ($2.395 millones).
VOTOS Y PROTESTAS EN LA CALLE
Como el proyecto no tuvo trámite parlamentario (no pasó por comisiones) requiere de una mayoría especial: dos tercios de los votos de los presentes. La oposición confía en que sectores del oficialismo votarán a favor del proyecto, con el objetivo de colaborar para calmar la situación de protestas en las calles, en medio del acampe de organizaciones sociales sobre la 9 de Julio.El interbloque de Cambiemos aceptaría votar a favor del proyecto, con el objetivo de dar una señal de diálogo y bajarle el tono a la ola de críticas. En la previa, el presidente Mauricio Macri aseguró esta semana que estaba dispuesto a debatir y discutir algunos aspectos de la emergencia alimentaria. En el oficialismo insistirán en que la emergencia alimentaria ya está declarada en el marco de la emergencia social aprobada en 2016. Pasadas las 12 del mediodía, con presencia de todos los bloques, se consiguió el quórum y comenzó la sesión. No se descarta, incluso, que el proyecto sea aprobado por unanimidad.
Mientras tanto, continuaban los acampes y las protestas frente al Ministerio de Desarrollo Social, sobre la avenida 9 de Julio. Las organizaciones sociales y partidos de izquierda pasaron la noche allí y prometieron que se mantendrán en el lugar hasta culminar la protesta, que será de 48 horas.
