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Las 6 claves del acuerdo con Brasil por la causa Odebrecht que preocupa al kirchnerismo

Los fiscales de ambas naciones compartirán el uso de pruebas relacionadas con el caso de corrupción destapado en el país vecino.

03 Agosto de 2018 14:56
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La Procuración General de la Nación anunció a través de un comunicado que se firmó un acuerdo con el Ministerio Público Federal de Brasil para compartir el uso de pruebas relacionadas con el escándalo de Odebrecht, el cual desembocó en la detención del ex presidente Lula da Silva y en la imputación del ex ministro de Planificación argentino Julio de Vido, entre otras.

Argentina y Brasil firmaron un acuerdo para acceder a información sobre las coimas emitidas por la empresa Odebrecht.

"El acuerdo logrado permitió consensuar los términos de un modelo de compromiso que despeja el camino de los fiscales y sirve como una herramienta puesta a su disposición para que en sus investigaciones tengan posibilidad de acceder a las informaciones y pruebas reveladas en Brasil por las personas que decidieron colaborar con la justicia de ese país a través de acuerdos de lenidad o de delación premiada", explicaron en el texto, lo que significa que a partir de ahora los investigadores tendrán acceso a las pruebas reveladas en el país vecino.

El documento también aclara que la información que conocerán los fiscales fue antes contada por las personas que decidieron colaborar con la pesquisas de ese país a través de acuerdos de lenidad o de delación premiada, por lo que las pruebas halladas no podrán utilizarse en contra de quienes colaboraron con la causa.

La procuración está a cargo interinamente de Eduardo Casal.

Las reuniones para conseguir el acuerdo judicial estuvieron a cargo de los representantes de la Cancillería Argentina y de la Oficina Anticorrupción y de las autoridades de Brasil.

Debido a esto, se buscó que el pacto respetara los estándares internacionales, principios y normas jurídicas internas de cada país, por lo que en el comunicado queda claro que "el texto aprobado "se ajusta a los términos de los acuerdos de colaboración que las empresas y personas involucradas han celebrado en Brasil. Ello, además de no impedir o entorpecer las acciones que puedan ejercerse en el país".

La Justicia investiga en la causa Odebrecht, la cual se desprende de una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos iniciada luego de la operación "Lava Jato", irregularidades en la contratación de la obra pública ejecutada por esa misma compañía constructora.

Julio de Vido está procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Por el caso, el ex ministro de Planificación Julio De Vido comenzó a ser investigado hace un tiempo, y ya está procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por la construcción y ampliación de un gasoducto entre 2006 y 2008.

El escándalo estalló de manera definitiva cuando la empresa admitió en los Estados Unidos que pagó coimas en diferentes países para obtener las concesiones de las obras públicas y mencionó entre ellos a la Argentina.

Siete claves para entender la causa

La operación "Lava Jato" recibió ese nombre en Brasil debido a que los criminales usaban una red de lavanderos de autos y gasolineras para lavar el dinero procedente de actividades delictivas. La primera denuncia ocurrió en el 2008, cuando el empresario Hermes Magnus acusó a los cambistas de querer lavar dinero en su empresa Dunel Indústria y Comércio. A partir de entonces comenzaron una serie de investigaciones que culminaron finalmente con la identificación grandes grupos delictivos.

Años después, precisamente en el 2014, el juez federal de la ciudad de Curitiba, Sergio Moro, se puso al frente de una operación menor de lavado de dinero, en la que se investigaba a una organización que operaba en distintos estados del país, sin saber que se trataba de la misma banda que se había comenzado a investigar en el 2008. Sin embargo, con la detención de el cambista Alberto Youssef, se descubrió que había muchas otras personas importantes involucradas en la maniobra fraudulenta y, que todo conducía la empresa más gran de Brasil: Petrobras.

A medida que la investigación avanzaba, Moro y la Policía Federal de Brasil descubrieron que desde la gerencia de la petrolera se manejaba un millonario esquema de corrupción que se mantuvo en funcionamiento durante más de 10 años. Por esto, uno de los primeros que quedó apresado fue el director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa.

Las dudas sobre la firma Odebrecht comenzaron gracias a la operación brasileña "Lava Jato".

Según descubrieron los investigadores, lo que ocurría era que importantes empresas brasileñas de construcción pagaban sobornos a políticos a cambio de que se les adjudiquen grandes contratos de obra pública que luego eran licitados por Petrobras. En ese contexto, aparece en primer plano la firma Odebrecht, que en diciembre de 2016 gracias a una investigación del del Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzó a estar en el centro del escándalo cuando se descubrió que había pagado coimas y sobornos a funcionarios de 12 países, entre ellos Argentina, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

Las detenciones más importantes se desencadenaron con el arresto del empresario Marcelo Odebrecht, quien fue apresado el 19 de junio de 2015. Luego siguieron el mismo curso José Dirceu, ex hombre fuerte del gobierno de Lula; Delcidio do Amaral, senador del Partido de los Trabajadores y el banquero André Estevesl.

Lula de Silva fue detenido el 8 de abril de este año.

En marzo de 2016, por orden del juez Moro, la policía llevó a Lula da Silva a declarar por la fuerza en calidad de informante. Luego lo condenó a 9 años de prisión. Después, un tribunal de Porto Alegre lo sentenció a 12 años prisión luego de que se concluyera que el ex mandatario recibió un departamento de parte de la constructora OAS, involucrada en la causa Lava Jato, como parte de un soborno.

En abril de este año, la defensa del ex presidente presentó un recurso para buscar su libertad y evitar una condena, aunque el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó el pedido y el 5 de abril el juez Moro ordenó finalmente la detención de Lula da Silva ordenándole que se entregue en Curitiba.

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