por Rafael Saralegui
04 Diciembre de 2019 16:22
Cuando el viernes último el fiscal federal Carlos Stornelli llegó a la sede del juzgado federal a cargo de Alejo Ramos Padilla, situada en la ciudad de Dolores, a pocos kilómetros de la autovía 2, pidió reunirse en privado con su nueva abogada defensora Raquel Pérez Iglesias, antes de someterse a las diez horas que se prolongó su declaración indagatoria, en la cual se lo acusó de formar parte de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, la coacción de testigos, la introducción de pruebas obtenidas en forma ilegal en causas en trámite y al armado de operaciones para sacar del juego a algunos abogados que para el integrante del Ministerio Público eran molestos.
Después de ese breve encuentro, Stornelli escuchó la larga lista de hechos que se le imputan en el el sumario que se inició el último verano, cuando el productor agropecuario Pedro Etchebest denunció que el falso abogado Marcelo D´Alessio -detenido a poco de que se iniciara la causa- le había pedido 300 mil dólares para que Stornelli no ordenara su arresto en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Desde marzo, cuando Ramos Padilla pidió la indagatoria por primera vez de Stornelli, el fiscal repitió el mismo argumento: la denuncia de Etchebest buscaba voltear la causa cuadernos y por eso no se presentaba.
“Trabajo hace casi 40 años en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, pasé por todos los cargos del escalafón administrativo y hace 26 años ocupo el cargo de Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 de C.A.B.A. Nunca he sido sancionado, sumariado, llamado de atención y que esta es la primera vez en mi vida que presto declaración indagatoria, ya sea por actos propios de mi función o por temas particulares”, arrancó Stornelli, cuando se le pidió que dijera sus datos formales.
Los delitos de Stornelli
Y después llegó la larga lectura del acta de 79 fojas en la que se describen todos los hechos ilícitos que se le imputan a Stornelli, fiscal estrella del gobierno saliente durante los últimos cuatro años, y las pruebas que constan en el expediente acerca de las maniobras, que según el juez, llevaron adelante con D´Alessio y el resto de los involucrados en la investigación, entre los que se encuentran ex empleados de la Agencia Federal de Inteligencia a cargo de Gustavo Arribas, el amigo del presidente Mauricio Macri, dedicado a hacer negocios con el fútbol antes de ocupar ese sillón.
Mauro Labozzeta, el secretario letrado del juzgado, le dijo a Stornelli que se le imputa de “haber tomado parte de una organización ilícita dedicada a la realización de distintas actividades y operaciones de inteligencia y espionaje ilegales, que actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior, al menos desde el año 2016 y hasta el 6 de febrero de este año.
“Los integrantes hasta ahora identificados de la organización no poseían facultades legales para la realización de estas actividades de inteligencia ni pertenecían de modo formal a un organismo integrante del Sistema de Inteligencia Nacional, sin perjuicio de tener fuertes vínculos y realizar algunas operaciones de consuno [en conjunto, con complicidad] con agentes formales de la Agencia Federal de Inteligencia y, además, de poseer vínculos con magistrados y funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.
“Dentro de esta categoría que se ha denominado “espionaje”, en el caso, se ha detectado la utilización de procedimientos como los siguientes: a) la realización de tareas de inteligencia e investigación criminal sin que sus miembros posean facultades legales para ello ni ejerzan funciones públicas por nombramiento de autoridad competente; b) la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos de personas por su opinión política, pertenencia partidaria o actividad profesional lícita; c) la realización de actividades de inteligencia con el objetivo de influir en la vida personal, en la situación institucional y política del país, como así también en la opinión pública a través de los medios de comunicación; d) la utilización de registros de migraciones y acceso a información reservada o sensible sin la debida autorización judicial; e) la obtención de información confidencial por medios ilícitos, como la infiltración y la penetración en distintos ámbitos e instituciones; f) la implementación de técnicas basadas en la manipulación de información (verdadera o no) y/o estrategias intimidatorias para lograr que terceros concreten acciones ajenas a su voluntad -tales como la declaración en medios de prensa o en expedientes judiciales en determinado sentido y/o la entrega de grandes sumas de dinero-.
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“Otra fase de las mismas operaciones que llevó adelante la organización consistió en la introducción de la información producida y/u obtenida ilegalmente -y en ocasiones manipulada respecto de la veracidad de su contenido- en el circuito judicial. La utilización de informes falsos o verdaderos de inteligencia y la incorporación a través de declaraciones, presentaciones judiciales, anónimos o la difusión en medios de comunicación habría sido una de las vías utilizadas por esta organización”.
Labozzeta también le dijo que se acusa al imputado “por fuera del marco formal de las causas penales en las que intervenía y en contravención con las previsiones de la ley 25.520, ha reclamado, planificado y coordinado la realización de tareas de espionaje e inteligencia ilegales por parte de los miembros de la organización de la que formó parte, las que canalizaba en particular a través de Marcelo Sebastián D´Alessio, a quien identificaba como un agente de la Drug Enforcement Administration (DEA) o de alguna otra agencia de inteligencia o seguridad incluso vinculado con la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.
“Marcelo Sebastián D´Alessio y los otros miembros de la organización que participaron de los hechos ilícitas no tenían facultades legales ni autorización de autoridad competente para la realización de las actividades de inteligencia. Algunas de las investigaciones que llevaba adelante la organización paraestatal estaban vinculadas con las investigaciones en las que el imputado intervenía en su rol de fiscal federal. Estas acciones también constituyeron un modo de introducir en el circuito judicial prueba producida y/u obtenida a través de actividades de inteligencia en contravención con la ley nacional de inteligencia.
“Otros de los planes consistían en la realización de tareas de inteligencia criminal y/o de espionaje e investigación sobre personas y asuntos que no guardaban relación directa con ninguna causa judicial a su cargo ya iniciada y eran planificadas y coordinadas en conjunto y/o reclamadas y/o puestas a disposición del imputado -tales como el caso de Victoria Munín y Alejandro Talevi- y las restantes de estas investigaciones de espionaje ilegal respondían a intereses particulares del imputado -tales como aquella maniobra en perjuicio del Dr. José Manuel Ubeira o de Jorge Christian Castañón Distefano, ex pareja de su actual concubina-.”
Los hechos que imputaron a Stornelli
Y luego se le detalló en forma pormenorizada los hechos por los cuales debía hacer su descargo.
El apriete al ex directivo de PDVSA Gonzalo Bruza Dovat, a quien D´Alessio llevó por la fuerza a dar entrevistas ante el columnista de Clarín Daniel Santoro y en TN, para luego llevarlo a declarar en la fiscalía de Stornelli, cuando regresó de sus vacaciones en Pinamar. D´Alessio filmó y fotografió parte de la audiencia en la fiscalía, cuando no tenía ningún motivo para estar en ese lugar. El ablande de Brusa Dovat incluyó la presencia de hombres armados a los que también se los presentó como agentes de la DEA.
La planificación de una cámara oculta al abogado José Ubeira, defensor de un imputado en la causa de los cuadernos. El objetivo era hacer creer que Ubeira estaba planeando algo para entorpecer la investigación de Stornelli. El fiscal quiso que D´Alessio involucrara a un socio en esa maniobra.
El juez también lo acusó de haber espiado en forma ilegal a Jorge Castañón, un piloto de aviación que había estado casado con la actual pareja de Stornelli. D´Alessio llegó a sugerirle de plantarle algo en un valija -se entiende droga- para que se le armara una causa en la justicia federal y quedara detenido.
Se le imputó además junto con D´Alessio haber coaccionado y espiado en forma ilegal a Victoria Muñin, para que diera información sobre su ex pareja Alejandro Talevi, un financista que fue acusado de estafa en una causa que se tramita ante un juzgado de instrucción penal ordinario.
En la misma línea que Ubeira, también se lo acusó de haber ideado una filmación oculta del abogado Javier Landaburu, quien supuestamente tenía en su poder escritos ante escribanos de Paolo Rocca y Carlos Wagner en los que habían dicho que Stornelli los había amenazada con la cárcel en la causa de los cuadernos.
También fue imputado de haber aceptado “la realización por parte de la organización delictiva de maniobras de inteligencia y espionaje ilegales y se puso a su disposición el producido de esas maniobras, realizadas en la República Oriental del Uruguay respecto de diversas personas de nacionalidad uruguaya, argentina, colombiana e iraní”, que supuestamente tendrían algún vínculo con el terrorismo, algo que nunca se comprobó.
Stornelli también fue imputado de haber presionado y coaccionado a Pablo Erasmo Barreiro, ex secretario de Cristina Kirchner, para que diera información que permitiera involucrar a la ex presidenta en la causa de los cuadernos. “Si vos me traés una agenda, yo te invito a mi cumpleaños", le habría dicho Stornelli. Cuando Barreiro finalmente declaró ante el fiscal le dijo que había sido apretado por D´Alessio, pero eso no quedó consignado en la declaración y tampoco se hizo una denuncia.
Otra de las imputaciones fue por haber introducido en forma ilegal en la llamada causa del gas licuado información que había suministrado D´Alessio, quien declaró como testigo por haber trabajado en Enarsa. Esa fue causa escandalosa en la que un perito escribió un dictamen trucho y terminó procesado por falso testimonio. D´Alessio y Santoro luego escribieron un libro juntos.
La última imputación que escuchó Stornelli fue la que dio origen a la denuncia de Etchebest. El secretario recitó: “Se le imputa haber planificado, coordinado y prestado su consentimiento para que el nombrado D´Alessio de manera informal y paralela a las investigaciones judiciales, efectuara una operación de inteligencia mediante mecanismos ilegales para investigar la posible participación de Pedro Etchebest en maniobras ilícitas que pudieran hallarse vinculadas con el imputado colaborador Juan Manuel Campillo o a los fines de encontrar información acerca de la denominada “ruta inversa del dinero k”. Ese pacto entre ambos se produjo antes del día 28 de diciembre de 2018, fecha en la que D ´Alessio le informó que de “Lo de Pedro me ocupo yo personalmente de avanzar con ese sujeto”.
Luego le leyeron las 50 fojas evidencias y pruebas que hay en el expediente. Y Stornelli comenzó a declarar. Durante diez horas.
