15 Junio de 2016 06:09
José Francisco López es investigado por la Justicia desde el año 2008. En ese entonces, el juez Daniel Rafecas comenzó a investigarlo por enriquecimiento ilícito, en una causa que reunió 23 cuerpos de documentación pero no ha avanzado. De hecho, no fue llamado a indagatoria. En números, los datos son más que llamativos: el patrimonio declarado por el ex secretarios de Obras Públicas en 2015 era de $1.984.692, ocho veces más que ni bien llegó al gobierno en mayo de 2003, cuando presentó su primera declaración jurada.
En ese entonces, sus bienes declarados apenas sumaban $158.908, todo en pesos. En la última declaración jurada que presentó, tampoco dijo tener ningún dólar. Ayer, cuando fue detenido en General Rodríguez tenía cuatro bolsos que sumaban al menos U$S 8,9 millones. De esa investigación, las medidas de prueba impulsadas por el fiscal Federico Delgado no se efectuaron.
Ayer, en el operativo donde fue detenido López. La Policía encontró millones de dólares
En la causa, según recogió La Nación, estuvieron involucradas su esposa, María Amalia Díaz, y su suegra, Lucila Amalia Corvalán de Díaz.
Por otra parte, otra de las sensibles causas en las que quedó involucrado el valijero López fue la polémica por Sueños Compartidos, donde se investigaban las transferencias de partidas presupuestarias hacia la fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales por $1.200 millones. El juez Marcelo Martínez de Giorgi preparaba desde hacía dos años su indagatoria y la de otros ex funcionarios involucrados.
José López también está involucrado en la causa Sueños Compartidos.
En la causa se investiga si López aprobaba los convenios que firmaba el Gobierno de Cristina Kirchner con los municipios que debían hacer las obras junto con la fundación que preside Hebe de Bonafini. Era el ex secretario de Obras Públicas detenido ayer quien autorizaba el adelanto de fondos y el envío de dinero sobre los certificados de avance de las obras. En esa causa también es investigado su ex jefe, el ex ministro Julio De Vido. Y también Sergio Schoklender, el apoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo.
La tercera de las causas donde es investigado López está vinculada a los sobreprecios en la obra pública. De hecho, en esta causa hubo novedades la semana pasada, cuando funcionarios de la actual gestión de Vialidad Nacional revelaron que hubo sobreprecios de hasta el 30 por ciento en varias de las licitaciones, incluso en aquellas que habían sido adjudicadas al empresario K Lázaro Báez, quien se encuentra detenido en Ezeiza e investigado por lavado de dinero.
López además tiene vinculaciones con el empresairo K Lázaro Báez.
En esa causa, López es uno de los involucrados, implicado por autorizar contratos bajo análisis de la Justicia. La causa es investigada por el juez federal Julián Ercolini, sobre quien recayó la denuncia realizada por Vialidad Nacional.
LA VINCULACIÓN CON LÁZARO BÁEZ
El juez Martínez de Giorgi interviene además en otra causa donde es investigado López. Se trata de un expediente donde se investiga al ex secretario de Obras Públicas por interesarse en licitaciones que beneficiaban a la empresa Rovella & Carranza, en una causa relacionada con la de enriquecimiento ilícito.
El dinero fue hallado en bolsos y valijas que estaban en poder de López.
Se trata de una constructora adquirida por Gotti Hermanos, una firma de Lázaro Báez. Tanto Martínez de Giorgi como el fiscal Gerardo Pollicita analizan si esa firma en realidad era parte de los negocios de Báez que eran beneficiados por López.
EL CASO SKANSKA
La recordada causa Skanska fue la primera que debió enfrentar la administración kirchnerista. Y José López estuvo imputado en el comienzo del expediente en el que se investigaba el pago de sobornos para la adjudicación de la ampliación de un gasoducto en La Pampa y en el sur. De hecho, por esa causa renunció un subsecretario de Obras Públicas, Raúl Rodríguez.
La causa fue abierta nuevamente en abril pasado, y volvía a poner sobre el foco de la discusión al ex ministro De Vido y otros ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y Obras Públicas. Junto con López, hubo otros acusados, entre ellos el ex presidente de Enargas, Mario Madaro, así como los responsables de las firmas Infinity Group y de Skanska.
En una grabación que forma parte de la causa, un ex gerente de Skanska le reconoce a un síndico que hizo una autoría, y que además de pagos indebidos para lograr las obras de ampliación de los gasoductos se pagaron sobornos en otras obras del país. Incluso, se menciona un “negocio” por 200 millones de dólares. Esa grabación había sido declarada nula, pero la Cámara de Casación la reactivó en abril.
