Las cinco medidas que pidió Báez en el escrito que presentó ante el juez

“No he participado o tomado parte, en modo alguno, en ninguna asociación y mucho menos ilícita conformada por funcionarios de distintas reparticiones del Estado”, dice el escrito presentado hoy por el empresario Lázaro Báez ante el juez federal Julián Ercolini.

El empresario es investigado por las obras públicas que le fueron asignadas durante el kirchnerismo, y en su escrito volvió a pedir la nulidad de su indagatoria, se negó a contestar las preguntas del magistrado y rechazó la acusación de los fiscales Pollicita y Mahíques, al considerar que no se funda con precisión los hechos por los cuales se lo acusa.

En dos escritos, los fiscales dijeron que el fallecido presidente Néstor Kirchner y su esposa habían organizado una asociación ilícita para sacar provecho del Estado, mediante una organización de diversos funcionarios, para otorgarles obras en la provincia de Santa Cruz a Lázaro Báez.

Cristina Kirchner encabezó la lista de indagatorias.

“Tan patentes resulta ser la falta de precisión de los hechos en el requerimiento de los Fiscales -patrón común en ambas presentaciones realizadas por éstos- que se habla en el dictamen de referencia de maniobras delictivas en la obra pública sin interrelacionar elementos probatorios con conductas circunstanciadas, elemento que V.S. indicó con fecha 24 de agosto y que nunca fue subsanado, acusando por hechos inciertos, desconectados entre sí, a personas disímiles, en una suerte de preselección arbitraria que resulta aún más escandalosa”, dice el escrito.

Cuando se presentó ante el juez, acompañado por su abogado Maximiliano Rusconi, Báez dijo que no iba a contestar preguntas, pero pidió que se le presentaran las pruebas de las acusación en su contra, basadas en un informe de la Dirección Nacional de Vialidad del actual gobierno.

En ese momento, Rusconi pidió hablar en lugar de su cliente, al sostener que a Báez se lo acusaba de los mismos supuestos delitos que a Cristina Kirchner, quien el lunes inició las indagatorias ordenadas por Ercolini. “Acabamos de asistir a la definición de un hecho atribuible a un sujeto que no ha sido funcionario público y que es una copia textual, inclusive en la puntuación, de la imputación que días atrás se le hizo supuestamente por el mismo hecho, a la ex presidenta de la república. Ya el hecho de que a dos personas, funcionarias o no, se les atribuya el mismo hecho, exactamente es imposible en términos lógicos”, sostuvo el abogado.

Ercolini fue el juez que ordenó la indagatorias.

“Mucho más, si ambos sujetos, de modo público y notorio, han desarrollado actividades absolutamente autónomas y tan distintas, como ser el presidente de un país y un empresario constructor. Si se repasa el hecho imputado, insistimos, a un sujetos que no ha sido funcionario público, se advierte con asombro, que casi la totalidad del hecho descripto remite a actos funcionales”, agregó el abogado.

Las pruebas pedidas por Báez

En el escrito, Báez pidió a Ercolini una serie de medidas, que considera deben ser llevadas adelante para desbaratar la acusación de los fiscales.

Báez pidió al juez:

Se realice una pericia amplia e integral -con activa participación de las partes- de la obra pública tanto a nivel provincial como Nacional, entre los períodos que se imputan en el presente expediente, es decir, 2003-2016, a los efectos de contar con un estudio comparativo de la misma a la hora de generar conclusiones sobre supuestas características -tal como lo hace el informe presentado por el denunciante- y cuya necesidad se desprende de las declaraciones realizadas por los profesionales de la DNV.

Se cite a prestar declaración testimonial a las autoridades de la Dirección de Vialidad Nacional actuales, con el fin de que se expliciten los objetivos y criterios del informe  definitivo 3/2016 de la Unidad de Auditoría Interna realizado, como así también para aclarar alguno extremos del mismo.

Se realice un análisis comparativo entre los procesos de licitación en la provincia de Santa Cruz y los desarrollados en otras provincias y municipios en el mismo período 2003-2016, con el fin de aclarar si efectivamente los procedimientos desarrollados en el Distrito 23 eran particulares o correspondían con la asignación de obra a nivel nacional.

Se realice un informe respecto de los costos de producción de obra vial y características de desarrollo en distintos espacios del territorio Argentino, incluyendo la provincia de Santa Cruz, con el fin de vislumbrar si el Distrito 23 respondía a características particulares de construcción, climáticas, de terreno y costos en comparación con realización de obras de similar envergadura en otras zonas del país, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires.

Realizar un análisis comparativo del estado de la obra pública previo al 2003 y alcanzado el 2016.