08 Noviembre de 2017 10:30
El Senado comenzó a tratar en comisión el proyecto que reformará el Ministerio Público Fiscal (MPF) y modificará el sistema por el que se elegirá el procurador general que reemplazará a Alejandra Gils Carbó, luego de que se formalice su renuncia a partir del 31 de diciembre. Ya no se requerirá una mayoría especial para la designación, ni la remoción del jefe de los fiscales, que podrá “modificar” fiscalías especializadas. Ya generó rechazo entre los fiscales, que la objetaron por la pérdida de autonomía funcional y financiera.
El proyecto partió de un consenso entre le Ejecutivo y el PJ que comanda Miguel Ángel Pichetto en la Cámara alta. De la reunión en comisión que comenzó pasadas las 13 podría surgir un dictamen favorable y la iniciativa avanzaría al recinto, donde podría ser debatido la semana que viene.
Pichetto sumó su firma en el proyecto que presentó Federico Pinedo.
La reforma tendrá varios ejes. El más importante será el modo en que se elegirá el reemplazo de Gils Carbó. Hasta el momento, para designar un procurador se requería de los dos tercios de los votos de los presentes en el Senado. Con la reforma, bastará la mitad más uno de los votos de los senadores. Para la remoción, el proceso será idéntico.
Los cambios que plantea el Gobierno le permitirán al procurador definir la creación y “modificación” de nuevas Fiscalías Especializadas. Aunque aseguran que “no se prevé la eliminación de las ya existentes”, aseguran que se busca permitir que el Procurador pueda “realizar modificaciones para hacer frente al cambio permanente que tiene el delito”.
Se prevé además una serie de modificaciones en los concursos públicos para acceder a cargos en fiscalías. Además, un dato que llamó la atención de los fiscales y miembros del MPF es que se revisarán los nombramientos “a dedo” a partir de julio de 2013. Según detallaron, los nombramientos jerárquicos que no tuvieron concurso serán removidos. Se apunta a funcionarios y no a los empleados.
Gils Carbó presentó su renuncia, que se hará efectiva a partir del 31 de diciembre.
La reforma también incluye una serie de aspectos vinculados al financiamiento del Ministerio, así como de autonomía del procurador, que fueron objetadas por el fiscal federal Carlos Rívolo.
Otro aspecto clave de la reforma que comenzó a ser tratada este mediodía es respecto al Tribunal de Enjuiciamiento, en casos de pedidos de remoción o denuncias. Las demandas podrán ingresar al Tribunal de Enjuiciamiento, que estará integrado por un representante del Ejecutivo, un senador, un diputado, dos abogados elegidos por sorteo y dos fiscales de mayor antigüedad. La iniciativa reemplaza al representante de las universidades por un diputado nacional.
RECHAZO FISCAL
En un comunicado, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), presidida por Rívolo, cuestionó que el proyecto de reforma “pretende establecer un método endeble de elección y remoción” del Procurador; y advirtió que “se pretende establecer mayor incidencia de naturaleza política en el Tribunal de Enjuiciamiento reemplazando al miembro del Consejo Interuniversitario por un diputado de la Nación”.
