14 Diciembre de 2017 06:45
Mientras el Gobierno apura el tratamiento de la reforma previsional en Diputados y busca convertirla en ley hoy mismo, el proyecto que podría perjudicar el poder adquisitivo de los jubilados está más caliente que nunca. La iniciativa, fuertemente cuestionada por sectores opositores y hasta catalogada como "inconstitucional", podría contemplar una baja de hasta $5000 anuales.
El Gobierno quiere aprobar hoy la reforma previsional.
Un repaso por su letra fina, indica que los jubilados, pensionados y quienes reciban asignaciones sociales obtengan entre un 3 y 3 por ciento menos que si se mantuviera la fórmula actual. BigBang resume las claves del cuestionado proyecto.
Menos dinero
La fórmula de movilidad impulsada por el Gobierno haría que las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales reciban una suba nominal en 2018 de entre el 20 y el 22%. En cambio, si se mantuviera el sistema actual, el incremento sería de 24 o 25%.
En rigor, si se toma en cuenta alguien con un haber de $ 10.000, tendría en diciembre de 2018 unos $ 200 menos en su ingreso mensual respecto de lo que obtendría si no se aprobara el nuevo proyecto. Sin embargo, si se analiza todo el año (incluido aguinaldo), para los últimos días del próximo año, esa persona habrá perdido $ 5000.
Los jubilados, preocupados por los cambios en la fórmula previsional.
Este efecto se produce en buena medida por la frecuencia con que se darían los ajustes: el esquema actual contempla otorgar una suba en marzo en compensación por lo ocurrido en el segundo semestre de este año, en tanto que con la reforma, esa recomposición quedaría desdoblada. Se daría en marzo lo que arroje la fórmula por el tercer trimestre, y en junio se pagaría el porcentaje que resulte de hacer la cuenta con las variables del cuarto trimestre.
Así las cosas, se modificará la fórmula de movilidad que alcanza a más de 17 millones de personas y en lugar del ajuste semestral -en base 50% a la evolución de los salarios y 50% de la recaudación- se usará el 70% de inflación y 30% de suba de los salarios formales (Ripte). En lugar del aumento semestral, se aplicará por trimestre. En lo inmediato, esto significa que en marzo de 2018 en lugar de otorgarse el aumento semestral de julio-diciembre, que ronda un 12%, se otorgará el aumento de la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, que arroja un 5,7%, según La Nación.
Esto lleva a que en el inicio del cambio de fórmula, hay una merma en los haberes y un retraso de hasta 6 meses en el ajuste de los beneficios. Para 2018 se calcula un “ahorro” para el Estado de casi $ 100.000 millones.
Críticas al primer aumento
Con la fórmula hoy vigente, a un haber medio de $ 10.000 le correspondería un aumento aproximadamente de $ 1.200 en marzo de 2018. En cambio, con el proyecto oficial, el aumento sería de 570. La quita de $ 630 sobre $ 1.200 es del 52,5%. Es por ello que abogados constitucionalistas consideran que los cambios son "inconstitucionales". En definitiva se modifica tanto el período como los índices de ajuste en forma retroactiva y se agrega un retraso de 5 meses.
La reforma se tratará en medio de un fuerte clima de tensión.
Garantía del 82%
Se aplicará sobre el salario mínimo, vital y móvil de quienes al momento de jubilarse hayan reunido 30 años de aportes efectivos. Actualmente esa relación es del 81,8%, por cuanto el haber mínimo es de $ 7.246 y el salario mínimo de $ 8.860. Así, cada vez que aumente el salario mínimo, si la jubilación mínima es inferior al 82%, ANSeS ajustará los haberes de los alcanzados por esta garantía. Quedan excluidos los que se jubilaron por moratoria y a quienes no les correspondió el beneficio de la PBU (Prestación Básica Universal). De esta forma, quedan fuera de esta garantía las jubilaciones por invalidez de trabajadores que estaban activos y las pensiones por fallecimiento del trabajadores que estaban en actividad que no se calculan en base a la PBU. También los que se jubilaron con más de 65 años, compensando años de aportes.
Jubilación voluntaria a los 70
Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado podrán optar por jubilarse a los 70 años, y recién entonces los empleadores podrán intimarlos a que inicien el trámite del retiro jubilatorio. Los estatales quedan excluidos. Las mujeres hoy tienen la opción de jubilarse a partir de los 60, con 30 años de aportes, y pasa a ser obligatorio a los 65. Si se aprueba el proyecto, podrán jubilarse entre los 60 y 70. Y los varones la opción rige entre los 65 y los 70 años. Actualmente, la intimación del empleador sólo puede concretarse si el trabajador reúne dos requisitos: tener como mínimo 65 años y al menos 30 años de aportes.
