09 Agosto de 2018 08:21
Con 38 votos negativos, 31 positivos y dos abstenciones, el Senado rechazó esta madrugada la legalización del aborto. Con este escenario, hay cuatro alternativas para tratar diversos proyectos vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo, ya sea por la vía de la legalización como de la despenalización al tratar las reformas del Código Penal.
Tras el rechazo, el proyecto no puede volver a ser tratado al menos hasta el año que viene, aunque con un escenario electoral hay quienes desconfían de que se pueda instalar nuevamente la legalización dentro del Congreso. Además, la conformación de las cámaras, tanto del Senado como de Diputados, sería la misma, por lo cual sería extraño que cambiara el resultado.
Por eso, se busca avanzar en un proyecto idéntico al que fue tratado por el Congreso en los últimos meses. En ese caso, el mejor escenario para volver a discutirlo, sería después de 2019, tras el recambio parlamentario.
La votación terminó 38 a 31, con dos abstenciones.
Hasta ahora, lo que se vislumbra como más cercano es que el propio gobierno incluya la despenalización dentro del proyecto de ley para reformar el Código Penal, que el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso en las próximas semanas. Una comisión de expertos elaboró un texto que fue elevado al Ministerio de Justicia, que entre otras cosas cambia la pena de prisión por otro tipo de penas contra las mujeres que practiquen un aborto clandestino.
Sin embargo, la idea que manejaba el ministro de Justicia, Germán Garavano, era directamente quitar las penas a las mujeres por interrumpir el embarazo, aunque el aborto seguiría siendo considerado un delito. Para quienes sí tendrá pena es para los médicos que realicen la práctica por fuera de lo que ya establece la ley (casos de violación y riesgo para la mujer o riesgo para la vida extrauterina del feto). Además, buscarían darle fuerza de ley al fallo F.A.L de la Corte Suprema, de 2012, donde se establecen esos argumentos y además se obliga a garantizar un protocolo de asistencia médica.
Otra opción, aunque similar, sería avanzar directamente en un proyecto de despenalización del aborto. Una de las senadoras que se abstuvo, Lucila Crexell, presentó días atrás una iniciativa en ese sentido, que establece cárcel de tres a diez años para quien practique un aborto a una mujer sin su consentimiento y de tres meses a un año si tuviera el consentimiento y si la interrupción es después de la semana 13.
El Senado rechazó la legalización. Ahora, irían por la despenalización.
Si se practica hasta la semana 12 , en cambio, dejaría de ser punible tanto para la mujer como para los médicos. A partir de la semana 13 , el aborto seguiría estando permitido siempre y cuando se tratara de una violación. El proyecto, al que accedió BigBang, estima prisión de tres meses a un año de cárcel para las mujeres que se practiquen su propio aborto o consienta a que otro lo realice a partir de la semana 13 del proceso gestacional.
Como sea, ni incluir la despenalización dentro de la reforma del Código Penal ni tratar directamente un proyecto de despenalización sería equivalente a realizar el aborto de modo legal, seguro y gratuito.
Por último, otra opción que quedaría es tratar un proyecto de legalización aunque con modificaciones. Se trata de la iniciativa preparada por un grupo de legisladores de Córdoba con el objetivo de acercar posiciones con aquellos senadores que expresaban cierto rechazo. Bajaba de 14 a 12 semanas el límite para la interrupción; sumaba la objeción de conciencia para clínicas privadas - el texto original incluía solo a los médicos como objetores -; elimina la pena para los médicos que se rehúsen a practicar abortos; entre otros. Para esa opción, de todos modos, también sería necesario aguardar, por lo menos, hasta 2018.
