Mientras que la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Lourdes Arrieta la semana pasada aseguró desconocer quién era el represor Alfredo Astiz, en las últimas horas salió a la luz un plan para liberar a los genocidas mayores de 70 años que impulsa junto a legisladores, abogados y hasta un sacerdote hijo de un detenido por crímenes de lesa humanidad. La unión entre lo más oscuro de la política y la connivencia de una parte de la religión mayoritaria de la Argentina para perpetuar la impunidad, siguen firmes como en tiempos de la última dictadura cívico militar.
Según investigó Argenzuela (C5N) en la visita que hicieron el 11 de julio al Penal de Ezeiza los seis diputados libertarios Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Arrieta, en la cual se juntaron con Antonio Pernías, Carlos Suárez Mason, Adolfo Donda y Astiz, entre otros asesinos y torturadores, el condenado Raúl Guglielminetti le dio al legislador que encabezó la excursión una carpeta con la inscripción "Ideas para la prisión domiciliaria".
Es que el fin de estos negacionistas de los crímenes aberrantes y expuestos en miles de testimonios es justamente ese: lograr que estos genocidas salgan en libertad y, yendo más allá, que se vuelva a discutir a nivel social lo sucedido durante aquellos años en donde se apropiaron más de 450 bebés y se secuestró, torturó y asesinó a 30 mil personas, una cifra que envuelve una demanda mientras estos ancianos se llevan a la tumba todo lo que hicieron.
Los seis originales
Benedit, el hombre que encabezó esta tarea cómplice con los represores, fue quien en un grupo de WhatsApp en donde cuestionaron la visita, afirmó que los detenidos son "excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista", de los cuales no se cumplen sus derechos humanos porque "quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio".
Montenegro, hijo de un militar, habló de "un cambio de época y una reivindicación hacia las Fuerzas Armadas". Su trayectoria la hizo en el MODIN que encabezaba el golpista Aldo Rico y el Partido Demócrata que encabezó -paradójicamente- la vicepresidenta Victoria Villarruel como secretaria general desde 2022 hasta este año.
Ferreyra llegó de carambola al Congreso Nacional, ya que reemplazó a Diana Mondino cuando ella asumió en la Cancillería y a Sandra Pettovello cuando se hizo cargo del Ministerio de Capital Humano. Tiene varias intervenciones públicas en las que acusa al kirchnerismo de ser "montoneros y del erp" (con la ignorancia de entender que eran la misma cosa). Además, se pronunció en contra de "estafa de los desaparecidos" en sus redes sociales.
La diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) Araujo tiene vínculos con el negacionista Juan José Gomez Centurión y el empresario Eduardo Eurnekian. Se despacha con publicaciones en las que pone en duda el número de desaparecidos y ataca a las extintas organizaciones guerrilleras. Cuando encabezaba la Comisión de Familiares de Caídos en la Guerra de Malvinas, fue denunciada por negarse a exhumar y trasladar cuerpos del cementerio Darwin, para no perder los fondos que recibía su fundación.
Arrieta es la que denunció a sus compañeros por haberla llevada engañada a la reunión con los represores. Esto es plausiblemente falso ante las denuncias por torturas que recibió su padre Tomás Arrieta, cabo primero durante la Guerra de Malvinas. Lejos de verse perturbada, en las foto en la que se la muestra al centro entre legisladores y genocidas, su sonrisa es más grande que de costumbre. De quienes fueron el 11 de julio, la única que sí no sería parte de esta conspiración antidemocrática para devolverle la libertad a los represores, es Bonacci. Aunque resta saber hasta qué punto esto es así.
Los que no fueron a la visita, pero sí están involucrados
Lilia Adela Bolukalo, mejor conocida como Lilia Lemoine, es parte de este grupo que busca la libertad de los genocidas. "Se asustan porque un par de diputados los fueron a ver con el pleno uso de su derecho en funciones, incluso como civiles", afirmó tras que se hiciera la pública la reunión en Ezeiza. Allí dijo que "fueron a visitar a octogenarios en la cárcel que dicen que están siendo sentenciados a una pena de muerte a cuenta gota".
El diputado nacional de LLA Santiago Santurio, quien preside la agrupación política Ciudadanos, tiene vínculos religiosos y políticos con la secta católica Opus Dei. Además organizó la visita de Javier Milei al mitín ultraderechista del partido español Vox. Sus amistades más reconocidas son negacionistas públicos como el ex intendente de San Miguel Joaquín de la Torre, y los diputados bonaerenses Nahuel Sotelo, que responde a Villarruel, y Agustín Romo.
También fue parte de las reuniones la diputada nacional por Salta María Emilia Orozco, una ladera del fascista Alfredo Olmedo, que tiene 35 años y el 24 de Marzo compartió un meme en la que se ve a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto junto a Hugo Chávez y Fidel Castro. "Pero Milei es la dictadura", afirmó en la publicación, en una ironía para defender a quienes secuestraron, torturaron y asesinaron. Otro aliado al hombre de la campera amarilla es el diputado Carlos Zapata, quien figura como invitado a las reuniones, pero a las que aseguró que nunca fue.
El diputado tucumano Gerardo Huesen, que es parte de Fuerza Republicana, el partido de Ricardo Bussi -hijo del genocida condenado Antonio Domingo-, también fue parte del plan. Es uno de los que pide "memoria completa", una política con la que buscan minimizar los crímenes de lesa humanidad que define como "excesos del gobierno de la dictadura". "Nosotros no tenemos que recabar mucho sobre lo que pasó, Villarruel hizo un reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Estado. La gente sabe, quiere que se les cuente a nuestros jóvenes lo que realmente pasó", declaró en algún momento.
La cordobesa María Celeste Ponce, que tiene su propia agrupación política "pumas libertarias" directamente se refiere a que la represión ilegal fue una guerra civil a la que se llegó por el accionar de la guerrilla. "En el colegio nos enseñaban una parte de la dictadura militar y no nos decían nada de los montoneros", sostuvo en su búsqueda de "justicia para las víctimas del terrorismo".
Los otros dos diputados que aparecen en los listados son el santafecino Nicolás Mayoraz, quien alguna vez afirmó que la cifra de desaparecidos es "sensiblemente menor" a la de 30 mil, y el puntano Alberto Arancibia que pertenece al partido Demócrata Liberal de Villarruel.
La Justicia al servicio de la injusticia
Los seis abogados que participaron y son parte de este grupo que busca garantizar la impunidad de los asesinos y torturadores, son Enrique Munilla Lacasa, Edgardo Frola, Eduardo Rafael Riggi, Ricardo Saint Jean, María Laura Olea y Agustina Díaz Cordero. Los vínculos con los genocidas son directos, porque muchos de ellos fueron funcionarios durante el último gobierno de facto que dominó el país hace más de 40 años.
Munilla Lacasa se recibió de abogado en la Universidad de El Salvador y familiar del ex subsecretario de Justicia de la dictadura Héctor Munilla y del fiscal Hernán Munilla Lacasa. Durante aquellos años asesoró al Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires del represor Jaime Lamont Smart. En 1985 defendió a Leopoldo Fortunato Galtieri.
Frola fue subsecretario de Asuntos Institucionales bonaerense mientras gobernaba de facto Ibérico Saint Jean, entre 1976 y 1982. El genocida Ramón Camps le agradeció en su libro "Caso Timerman. Punto Final" en el que se defiende por el asesinato de Jacobo Timerman. Tras la condena a Miguel Etchecolatz afirmó que "la Justicia federal está destruida". También defendió en 2014 al represor Samuel Miara y su mujer Beatriz Castillo, por la apropiación de sus hijos Matias y Javier Reggiardo Tolosa.
En 1978, Riggi fue nombrado juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico por el dictador Jorge Rafael Videla. En 2007 recibió 61 denuncias de víctimas del terrorismo de Estado en el Consejo de la Magistratura por haberse demorado de forma deliberada y en 2012 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo acusó de recibir sobornos en relación a la investigación del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.
Olea es la hija del ex jefe del Batallón de Ingenieros de Neuquén, Enrique Braulio Olea. Allí funcionó el centro clandestino de detención que se conoció como "La Escuelita". Es por eso que pertenece a la agrupación de hijos de ex represores Asociación de Abogados Justicia y Concordia. Además de haber defendido en la Justicia a su padre condenado -algo que está prohibido para los empleados judiciales como ella- también representó a los represores Walter Grosse, Héctor Alberto González Cremer, Roberto Jorge Casares, Oscar José Bardelli, Francisco Oscar Sarmiento y Martín Sanchez Zinny.
Sain Jean es abogado recibido de la Universidad de Buenos Aires e hijo del ex gobernador de la dictadura que lleva el mismo apellido. También pertenece a la misma agrupación que Olea. Al mismo tiempo, alguna vez reclamó que en la actualidad "hay suboficiales jóvenes con cadena perpetua y las cúpulas de organizaciones guerrilleras en el gobierno".
Díaz Cordero es en la actualidad jueza del Juzgado Nacional de 1era Instancia en lo Civil e integrante del Consejo de la Magistratura desde 2022. Allí llegó por la promoción que le dio en 2018 el entonces presidente Mauricio Macri, justo después de que su madre la ex camarista María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero que movió los hilos para facilitar el concurso de acreedores de la causa Correo en favor del ex mandatario.
La pata eclesiástica
Las reuniones de estos negacionistas eran en la sede de la Fundación San Elías de la calle Montevideo 871, que encabeza el sacerdote Javier Olivera Ravassi, hijo del condenado Jorge Olivera, quien es conocido por muchos como el genocida más importante de San Juan, donde en los "años de plomo" lo reconocían como "El Carnicero".
Con este antecedente es lógico que haya prestado su espacio y participación para que se discuta cómo devolverle la libertad a todos los asesinos y torturadores. En el espacio que encabeza, desde el 14 de marzo, se realizaron estas reuniones. Hay un plan en marcha para devolverle la impunidad a "los milicos del Proceso". La respuesta pública y política debe ser contundente.