Después de que la asesora presidencial Cecilia Nicolini confirmara que el Gobierno retomó las negociaciones con el laboratorio Pfizer para conseguir más vacunas contra el Covid-19, diferentes referentes de la oposición cuestionaron la decisión inicial de no aceptar las abusivas exigencias del laboratorio estadounidense e incluso Patricia Bullrich reconoció que, en caso de haber tenido en sus manos la misión, estaba dispuesta incluso a la entrega de las islas Malvinas.
Seis meses después y con un nuevo escenario geopolítico, el Gobierno retomó el diálogo con el laboratorio para alcanzar un balance "justo y soberano", lejos de las primeras exigencias impuestas por el laboratorio, al que diferentes organismos internacionales acusan de haber castigado a América Latina con "condiciones más abusivas" que las que estableció con otros países del mundo.
De acuerdo al reporte realizado por The Bureau of Investigative Journalism de Londres, en conjunto con Ojo Público de Perú, el laboratorio "exigió indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos después de ser vacunados. En el caso de la Argentina y Brasil, Pfizer pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros", sostiene el informe.
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En la región, Pfizer firmó acuerdos con Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Ninguno de los términos se hicieron públicos, pero sí una de las exigencias más duras: la indemnidad (exención de responsabilidad legal) de los fabricantes. ¿Esto qué quiere decir? Si un ciudadano sufre un efecto adverso tras recibir las dosis y presenta un reclamo contra el fabricante, de ganar el litigio judicial, quien deberá afrontar la indemnización es el Gobierno y no el laboratorio.
"Los funcionarios del Gobierno de Argentina y del país que solicitó no ser mencionado en este reporte señalaron al equipo de esta investigación que sintieron que las demandas de Pfizer iban más allá que las otras fabricantes de vacunas, y más allá de las condiciones de Covax, quien también exige a sus miembros que otorguen inmunidad a los fabricantes. Esto representa una carga adicional para algunos países, porque significa tener que contratar abogados especialistas y, a veces, aprobar una nueva legislación compleja, para poder eximir a los fabricantes de las responsabilidades", explica el informe.
Pfizer solicitó, además, una indemnidad de los procesos civiles, lo que suma que el laboratorio "no se hará responsable en caso de actos propios de negligencia, fraude o malicia". En el caso de las negociaciones con el Gobierno argentino, se le ofreció al laboratorio "enmendar la ley existente para dejar en claro que 'negligencia' significaba problemas en la distribución y entrega de las vacunas", pero la empresa no accedió. "Argentina podría ofrecer compensación por los efectos adversos de la vacuna, pero no si Pfizer cometía un error", sostuvo un funcionario argentino que colaboró con la realización del informe, al tiempo que explicó: "¿Qué pasaría si Pfizer interrumpe involuntariamente la cadena de frío de la vacuna y un ciudadano quiere demandarlos? No sería justo que Argentina pagara por un error de Pfizer".
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Mientras avanzaban a paso lento las negociaciones, el laboratorio pidió además "cambios en la nueva ley, que el país contratara un seguro internacional para pagar posibles casos futuros contra la empresa" y en diciembre sumó la exigencia que terminó por dinamitar el diálogo: que el Gobierno pusiera como garantía sus activos soberanos: las reservas de los bancos federales, las del Central, edificios de embajadas o bases militares.
"Nos ofrecimos a pagar millones de dosis por adelantado, aceptamos este seguro internacional, pero la última petición fue extraordinaria: Pfizer exigió que los activos soberanos de Argentina también formaran parte del respaldo legal. Era una exigencia extrema que sólo había escuchando cuando había que negociar la deuda externa; pero en este caso la rechazamos inmediatamente", reforzó el funcionario de identidad reservada.