El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy con prisión preventiva y un multimillonario embargo de bienes a Carolina Pochetti, viuda del ex secretario presidencial Daniel Muñoz, además del ex funcionario kirchnerista Juan Manuel Campillo, por lavado de unos 70 millones de dólares, derivado de la causa de los cuadernos de la corrupción, informaron fuentes judiciales.
En el mismo sumario y también con prisión preventiva -aunque algunos están excarcelados- y embargos que van de los 1.000 a los 3.000 millones de pesos, fueron procesados el ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, Isidro Bounine y el contador del matrimonio Kirchner, Víctor Manzanares, quien pidió que ser "imputado colaborador".
El juez consideró que tuvieron "participación necesaria" en maniobras de lavado de dinero con movimientos bancarios y operaciones inmobiliarias en el exterior que habrían permitido a Muñoz sacar del país unos 70.000.000 de dólares.
Entre los procesados figuran inversores, abogados, los empresarios inmobiliarios Sergio Todisco y Elizabeth Municoy, e intermediarios como Carlos Cortéz y el primo de Pochetti, Carlos Gellert.
Las investigaciones determinaron que habían adquirido inmuebles en Miami y Nueva York y que luego, para evitar que las maniobras de lavado pudieran ser descubiertas, fueron vendidos y los fondos obtenidos enviados a destinos en otros países, lo que pudo ser determinado por declaraciones de "arrepentidos".
Denuncian que un abogado habría pedido una coima millonaria en nombre del fiscal Stornelli
Los procesamientos, que también alcanzaron a Marcelo Danza, Sergio Dorf, el ex abogado de Pochetti, Miguel Plo, su hija María, y su cuñado, Federico Zupicich, y otros fueron dictados a instancia de los fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.
En su dictamen de hace un par de meses, los fiscales analizaron que tras las revelaciones periodísticas sobre los denominados "Panamá Papers", se disolvieron sociedades y vendieron los inmuebles en Miami y Nueva York, para enviar el dinero a cuentas radicadas radicadas en México, Hong Kong e islas bajo soberanía británica.
Muñoz "habría sido uno de los actores preponderantes en el sistema de recaudación ilícita de fondos por parte de la organización criminal investigada", expuso Bonadio, para quien el ex secretario presidencial sería "el nexo último de receptación de dinero ilícito en el domicilio de la calle Uruguay 1306 y en la residencia presidencial de Olivos, entre otros lugares".
Agregó que Muñoz, Pochetti, Todisco, Municoy, Perla Aydee Puentes Resendes, Gellert y Cortéz "habrían conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero con el fin canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita", desde al menos el año 2010.
La causa de los cuadernos fue iniciada en el fuero penal federal en los primeros meses de 2018 a partir de las fotocopias de anotaciones de Oscar Centeno (chofer del también detenido ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta), vinculadas al pago de presuntos sobornos.
El miércoles, Bonadío ordenó nuevas declaraciones de la senadora Fernández de Kirchner, y los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio, Angelo Calcaterra y Juan Chediak, entre otras decenas de imputados, para indagarlos por presuntos irregularidades en la contratación de obra pública por montos multimillonarios.
La ex presidenta fue procesada en esta causa como jefa de una asociación ilícita, una medida ya ratificada por la Cámara Federal.