Lázaro Báez pedirá ser querellante en la causa por espionaje ilegal: "Hablará de las escuchas y de las presiones que recibió"

Si nada altera sus planes, este jueves o a más tardar el viernes, el empresario Lázaro Báez podría salir la cárcel federal de Ezeiza para declarar como testigo ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en el marco de la causa que investiga una red de espionaje que operaba desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri. Ayer Villena dio a conocer que al extenso listado de personas espiadas se sumaba Báez, el hombre fuerte de la obra pública en la Patagonia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, así como Cristóbal López, Victoria Donda y Verónica Magario, entre otros.

Báez tenía previsto presentarse ante el juez Villena desde hace varios días. A través de su defensa, el empresario detenido con prisión preventiva desde hace más de cuatro años hizo saber al juzgado de Lomas de Zamora que solicitaría ser querellante en el expediente. El magistrado por ahora lo convocó a declarar en calidad de testigo, a partir de una derivación que investiga posibles tareas de inteligencia ilegal desplegadas en el penal de Ezeiza, con micrófonos en las celdas y pabellones donde se captaban conversaciones entre los presos y hasta con sus abogados y visitas.

Por ahora no trascendieron las pruebas que tiene Villena sobre las presuntas maniobras de inteligencia contra el empresario acusado de corrupción en la obra pública que está siendo juzgado por el supuesto lavado de activos. Sin embargo, en el entorno de Báez mencionaron ante BigBang algunos elementos: por un lado, las conversaciones telefónicas del empresario con su novia difundidas en televisión el año pasado.

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Esos audios formaban parte de escuchas ordenadas por el propio juez Villena, que había intervenido el teléfono público del penal de Ezeiza en una investigación vinculada a un narcotraficante. Si bien debió haber sido destruida, porque no estaba vinculada a aquella causa, terminaron en manos del fallecido juez Claudio Bonadio.

Una fuente consultada por este medio agregó que no fue el único elemento por el que se presume que fue víctima de espionaje por parte de la AFI, y recordó el testimonio del propio Báez ante el Tribunal Oral Federal N° 4 el año pasado, cuando aseguró que había recibido presiones para declarar contra Cristina Kirchner. “Si colaboraba, recuperaba mis empresas”, dijo en aquel entonces. “Tenía que decir que yo era testaferro de Kirchner”. En este sentido, relató que una mujer de apellido Balbín se le acercó durante un control oftalmológico y se presentó como integrante de la AFI y le habló en representación del entonces presidente Macri.

En este contexto, el martes el viceministro de Justicia, Juan Mena, y la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós de Rébori, presentaron ante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González información hallada en el interior de oficinas del Ministerio de Justicia sobre algunas de las causas de Báez. Ramos y González investigan la existencia de la denominada "mesa judicial" que presuntamente operaba durante el gobierno anterior. Según detallaron, los papeles se encontraban en un despacho que pertenecía a Juan Bautista Mahíques, exsubsecretario de Relación con el Poder Judicial y actual fiscal general de la Ciudad.

EL TEMOR DE BÁEZ Y QUÉ DIRÁ

Báez pasa la pandemia de coronavirus con temor a contagiarse en la cárcel en la que se encuentra detenido desde 2016. De hecho, uno de los miedos es infectarse durante el traslado, teniendo en cuenta el incremento en la cantidad de contagios de personal de las fuerzas de seguridad y penitenciarios. El empresario integra los grupos de riesgo: tiene 64 años, padece diabetes tipo dos, problemas respiratorios y cardiológicos. Por eso, una alternativa es pedir que sea trasladado en una camioneta grande, para evitar entrar en contacto estrecho.

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Además, según contó a BigBang un allegado al empresario, está preocupado por el futuro de su hijo mayor, Martín Báez, procesado pero sin prisión preventiva.

La semana pasada, a través de su defensa, el empresario pidió que les informaran todos los elementos de prueba que había sobre Báez en la causa. “Va a hablar de las escuchas, de cómo lo presionaron, del Área 50 (la agencia de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal), porque lo presionaban dos veces por semana”, señaló una fuente cercana a Báez, que incluso analizó que fue “torturado” y que solían llevarlo a una habitación especial y le repetían que “pensara bien en su familia”. “Se vulneró su derecho a defensa”, insistieron.

Aunque no mira con recelo la prisión domiciliaria que benefició al ex vicepresidente Amado Boudou, sí considera que a él le debería caber el mismo trato, luego de casi cuatro años en la cárcel, acusado, investigado y ya elevado a juicio por hechos de corrupción. El juicio más avanzado, ya en etapa de alegados, es el que investiga el lavado de activos, aunque también está acusado en la causa por irregularidades en la obra pública, donde la principal imputada es Cristina Kirchner.