22 Noviembre de 2016 20:00
El empresario K Lázaro Báez negó haber cometido en un delito en la causa donde es investigado por no pagar los aportes previsionales. Se estima que evadió unos 33 millones de pesos. Responsabilizó al Estado por no haber realizado a tiempo los pagos, debido a las demoras en el cobro de las obras públicas, que dependían del Ministerio de Planificación Federal.
Además, Báez aseguró que tanto él como su familia son víctimas de una “descarnada persecución mediática, política y judicial”. Por eso pidió una pericia completa de los números de sus empresas y hasta señaló que fue falso el testimonio del denunciante. Su compañía Austral Construcciones S.A solicitó el concurso de acreedores semanas atrás.
El empresario se encuentra detenido desde abril pasado en el penal de Ezeiza.
Según Clarín, Báez justificó ante el juez Ezequiel Barón de Estrada las demoras en los pagos de los aportes previsionales por el “exiguo presupuesto a cuentagotas que otorgaba el Estado”. El empresario detenido en el penal de Ezeiza desde abril pasado apuntó hacia el ministerio que dependía de Julio De Vido por las demoras.
El dato llamativo es que esa misma cartera le otorgó contratos de obra pública vial por U$S 2.200 millones, según la denuncia por sobreprecios que presentó la nueva administración de Vialidad Nacional.
Para Báez, los inconvenientes financieros de su empresa se debieron a “factores externos”, como las demoras en los pagos y la emisión de los certificados de obra desde 2010. “Se tuvo que salir a buscar financiamiento externo”, señaló el empresario.
Báez apuntó contra Julio De Vido por las demoras en los pagos por la obra pública.
“En muchas oportunidades se tuvo que decidir priorizar las quincenas de los sueldos de los empleados a otras obligaciones, entre ellas, las cargas sociales, lo que motivó que no estuvieran en orden las cuentas en este sentido”, apuntó Báez. Y aclaró que eso ocurrió “dado el exiguo presupuesto que a cuentagotas otorgaba el Estado”.
“La virtual cesación de pagos fue provocada por la falta de ingresos que adrede se fueron frustrando”, aclaró Báez. De este modo, apuntó directamente hacia la gestión de Cristina Kirchner por las demoras en los pagos de las cargas sociales, que se investigan en unos 33 millones. Según aduce el empresario K, los problemas financieros fueron por “causas ajenas a la voluntad de las firmas, pues las denuncias masivas, los cortes en las contrataciones y los consecuentes embargos impidieron continuar correctamente con las regularizaciones”.
La semana pasada Báez presentó un escrito donde pedía volver a ser contratista del Estado.
“PERSECUCIÓN JUDICIAL”
Por otra parte, Lázaro volvió a hablar de una persecución judicial, tanto contra él como contra sus hijos y su ex esposa, Norma Calismonte. El empresario detenido en el penal de Ezeiza desde hace siete meses se encuentra procesado en dos causas por lavado y evasión.
En este sentido, ante el juez Barón de Estrada habló de una “descarnada persecución mediática, política y judicial”. Ese fue uno de los argumentos de Báez para justificar el desorden financiero y fiscal de su grupo empresarial: “Esta situación acrecentó más estas imposibilidades, tornándose caótica la situación en el último tiempo”. Incluso, criticó la “presencia mediática” de su nombre “como si fuera el responsable de todos los males que aquejaron a la Argentina en los últimos 12 años”.
