02 Diciembre de 2016 19:20
La jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, prohibió hoy la salida del país sin previa autorización del ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, imputado por supuesta administración fraudulenta mediante la utilización de facturas apócrifas durante 2014 y 2015 y le dictó la inhibición de bienes por 15 millones de pesos.
La magistrada hizo lugar al pedido formulado por el fiscal que instruye la causa, Alvaro Garganta, contra Pérez, el ex subsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone; la contadora y ex directora general de administración bonaerense, Sandra Mamberti, y la empleada Mónica Ripamonti.
Para la jueza, el sciolismo busca entorpecer la investigación.
Garmendia sostuvo en su fallo que "discrepa" con los argumentos esgrimidos por el fiscal que sostiene que no hay riesgos procesales para implementar una medida de restricción a la libertad.
Es que según Garganta, pese a que la causa está caratulada como peculado en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta, en perjuicio de la administración pública, y con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, la colaboración prestada por los imputados y sus abogados, no da indicios de una posible fuga o entorpecimiento de la investigación.
Sin embargo, la jueza estimó que la denuncia de una empleada del Tribunal de Cuentas sobre la desaparición de información sensible de su computadora, que sólo puede beneficiar a los imputados, es una prueba de que el entorpecimiento en la investigación resulta posible.
El fiscal Garganta imputó a Pérez pero consideó que no había riesgo de fuga.
"Al momento de merituar los peligros procesales, como Juez de Garantías debo tener en cuenta no solo el quantum o la magnitud de la pena en expectativa de los delitos que se le endilgan a los imputados de autos, sino también las condiciones personales, así como también la situación socio-económico de los causantes, por lo que estimo cuentan con las facilidades necesarias para abandonar el país o permanecer ocultos por el tiempo que dure el proceso", consideró.
"Si bien los imputados son conocidos públicamente debido a los cargos que han ostentado en el pasado, lo cual podría atemperar de alguna manera la probabilidad de profuguez, no es menos cierto que al menos dos de ellos - en particular quien fuera titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y el ex Subsecretario de Administración -, cuentan con los recursos patrimoniales suficientes y necesarios para intentar evadir el accionar de la justicia".
Carrió denunció a Scioli, Pérez y Walter Carbone.
Garganta imputó a Pérez y a Carbone porque considera que "existen elementos suficientes para tener por acreditado que entre 2014 y 2015 sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos que luego rendían con facturas apócrifas".
En su declaración ante el fiscal, Pérez negó su participación en el hecho y aseguró que "no tenía la potestad ni la capacidad" para determinar si esos comprobantes eran falsos "ya que daba por hecho que eso lo observaban los funcionarios competentes".
