Luego del fracaso en términos de precios, oferta y demanda de propiedades que significó la sanción de la Ley de Alquileres durante el primer año de gestión de Alberto Fernández, el Gobierno quiere acelerar los plazos en el Congreso para buscar modificarla.
Dos años después de que la ley entró en vigencia, el precio de los alquileres se dispararon por encima de la inflación con aumentos en contratos por el doble de precio que pagaban antes los inquilinos. Pero el aumento incluso se trasladó a los contratos que están fuera de convenio.
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"Ya sea dentro o fuera de la ley los precios se dispararon. Se volvió muy restrictivo alquilar", remarcó una de las espadas legislativas del Gobierno que adelantó que dentro del Frente de Todos hay posturas contrapuestas.
Es que mientras que en el Congreso empezaban a sondear la postura de los bloques de Juntos por el Cambio, al lavagnismo y a los diputados que responden a los gobernadores para ver la posibilidad de avanzar en marzo, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, culpó de la situación al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a las cámaras inmobiliarias.
"Si este es un país que va a estar gobernado por la renta agropecuaria, la renta inmobiliaria, la renta financiera, así no hay país que aguante", manifestó Feletti en declaraciones a Radio 10. "Larreta fomenta el negocio inmobiliario y después tenés una ciudad vacía y gente durmiendo en la calle", agregó al ser consultado sobre la situación de alquileres en territorio porteño.
En ese marco programó para esta semana un encuentro entre las Cámaras, que piden cambios en la ley y baja de impuestos, junto con Inquilinos Agrupados, la ONG que impulsó la ley. Paradójicamente estos últimos sostienen que la situación de la suba de precios se da por falta de control aun cuando los cálculos se hacen con un índice que publica el Banco Central.
La ley actual considera un incremento anual que se ajusta al Índice de Precios del Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), mediante un índice elaborado por el Banco Central. Si una persona arrancó un alquiler en febrero del 2021 con un valor de $36.000 mensuales la suba a este mes es del 52,14% por lo que pasa a pagar $54.769.
¿Y los números en el Congreso cómo están? Por estas horas si bien hay acuerdo para que el tema se trate, lo cierto es que las posturas difieren en la forma. Juntos por el Cambio ya adelantó que su posición es la de derogar la ley pero no la de introducir cambios como quieren en el Frente de Todos.
Esta fue incluso una de las promesas de campaña de la diputada nacional por la Ciudad, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. “La ley fue un error que no ayudó ni al inquilino ni al propietario. Todo lo que pretendía mejorar, con buenas intenciones, volvió para atrás”, manifestó en declaraciones a la prensa. “Antes les representaba un tercio de su salario, hoy les representa más del 40%. Y sabemos que el salario corre atrás de la inflación. Los jóvenes perdieron por todos lados”, agregó para concluir que “la ley debe ser derogada”.
El presidente de la Cámara, Sergio Massa, fue más allá y consideró directamente que la ley “fracasó”. Sin embargo son pocas las voces dentro del Frente de Todos que consideran que se pueda llegar derogar la ley por un simple hecho: no todos piensan lo mismo. “Derogar la ley es aceptar que se estuvo mal en todo el tratamiento y que no se entendía del tema. Juntos por el Cambio sale casi indemne aun cuando (Daniel) Lipovetzky fue uno de sus impulsores en Diputados”, explican en el Congreso.