19 Octubre de 2016 10:28
Es un inexplicable daño colateral. El macrismo, en su deseo de limitar el poder de la Procuradora General de la Nación, la kirchnerista Alejandra Gils Carbó, consiguió ayer con el aval del massismo el dictamen a su proyecto de ley en la Cámara de Diputados para reestructurar el Ministerio Público Fiscal. Pero en el apuro, se olvidó de incluir algunas unidades fiscales de las más sensibles.
Alejandra Gils Carbó se defenderá ante la Corte Suprema o la Corte Interamericana.
La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI-AMIA), creada en el 2004 para investigar todos los hechos relacionados con el atentado del 18 de julio de 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina, en el que fueron asesinadas 85 personas, dejaría de existir si el proyecto se convierte en ley. Así, al menos, advirtieron desde el Ministerio Público Fiscal.
Desde el Ministerio Público Fiscal acusaron al Gobierno de querer "dejar caer" los juicios de la AMIA.
"Quieren dejar caer los juicios por el atentado y el encubrimiento", denunciaron desde el entorno de la Procuradora General de la Nación a BigBang. Por su parte, desde el ministerio de Justicia de Germán Garavano, afirmaron a este medio que las unidades especiales no fueron incluidas porque fueron creadas por diferentes resoluciones. Sin embargo, sí puntualizaron la Unidad Fiscal Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado creada justamente por la Resolución 435/12.
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres también dejaría de existir.
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), encabezada por Mariela Labozzetta, también dejaría de existir. De hecho, el oficialismo luego se contradijo: el ministro aseguró que "no propone suprimir fiscalías especializadas", pero el diputado Pablo Tonelli, reconoció en FM Blue que "está a tiempo para cambiar el proyecto".
Proyecto de Ley Ministerio Público Fiscal by Agustin Ceruse on Scribd
De todas maneras, la Procuradora General de la Nación denunciará ante la Justicia la supuesta inconstitucionalidad de la iniciativa. En ese marco, amparándose en dos históricos fallos, Gils Carbó no dudará en llegar hasta la Corte Suprema de Justicia o incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resistir en su cargo que hasta ahora es vitalicio.
